El diputado y presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), es uno de los autores del proyecto de ley que pretende ampliar las facultades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República. La moción parlamentaria que ya ingresó para su primer trámite constitucional, entre otras modificaciones, propone que el organismo de control tenga acceso a la información financiera y bancaria completa de las instituciones indagadas, junto a la posibilidad de imponer sanciones administrativas como multas o suspensiones sin goce de remuneraciones en casos de incumplimientos graves ante requerimientos de información. También plantea que la renuncia de un funcionario no extinga su responsabilidad administrativa.
Castro manifestó que el proyecto primero fue conversado, en términos temáticos, con la contralora general Dorothy Pérez. “Me junté con ella y pudimos sacar muchas ideas que ahora se presentan en esta iniciativa. Es un proyecto que con justa medida entrega más atribuciones a la Contraloría para lo que todos los chilenos queremos, un Estado más transparente”, declaró el legislador.
El documento establece que la Contraloría General de la República podrá solicitar directamente a cualquiera de los bancos el registro de todos los movimientos realizados, los cheques pagados o protestados, las cartolas y saldos de las cuentas de cualquier naturaleza que las entidades sujetas a su fiscalización mantengan o hayan mantenido con cualquiera de estas instituciones.
La iniciativa también añade un inciso que indica que “la renuncia del respectivo funcionario no extinguirá la responsabilidad administrativa”.
El diputado destacó que la propuesta presentada en la Cámara es determinante porque proporciona a la Contraloría herramientas concretas que el propio órgano fiscalizador ha requerido para fortalecer la lucha contra la corrupción y el mal uso de recursos públicos. Entre ellas puntualizó la facultad del contralor para imponer directamente sanciones administrativas, como multas o suspensiones sin goce de remuneraciones, en caso de incumplimientos graves ante requerimientos de información.
Incluso, mencionó el diputado, se habilita a la Contraloría para solicitar al Tribunal Electoral Regional la declaración de responsabilidades administrativas de alcaldes y gobernadores regionales, agilizando la sanción en casos críticos que hoy pueden verse obstaculizados por mayorías políticas circunstanciales, que podrían bloquear algún pronunciamiento. En la misma línea, complementó, moderniza los sumarios administrativos mediante procedimientos digitales y electrónicos, asegurando transparencia, celeridad y eficacia en cada investigación.
“Ante los reiterados casos de mal uso de recursos públicos y las graves irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República, especialmente en el uso indebido de licencias médicas, es sumamente necesario fortalecer sus facultades fiscalizadoras”, manifestó el parlamentario.
