La Fiscalía Regional de Antofagasta comunicó el cierre de la investigación del caso Democracia Viva y presentó acusación tras realizar las diligencias por las cuales se había reabierto la causa.
Recordemos que en esta arista figuran como imputados el exseremi de Vivienda, Carlos Conteras y el representante legal de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, además de la desaforada diputada Catalina Pérez y la exconcejala Paz Fuica.
“En el caso de Democracia Viva, luego de una audiencia de reapertura ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, se encuentra en un estado de acusación. ¿Qué significa eso? Que el fiscal, cumpliendo la resolución que ordenó la reapertura para la realización de determinadas diligencias, solicitó a los entes que se pidió en dicha audiencia los antecedentes necesarios y una vez cumplidas las diligencias, procedió a comunicar el cierre de la investigación e inmediatamente presentó la acusación”, detalló el fiscal regional Juan Castro Bekios en un punto de prensa.
El persecutor indicó que están a la espera de que el tribunal de garantía fije la fecha para la preparación del juicio oral y puntualizó que se los imputados serán acusados por los mismos delitos que antes; es decir, fraude al fisco reiterado y también lavado de activos.
“Lo única diferencia que hay, entre lo de hoy y lo que ocurrió previo a la audiencia de apertura, es que se incorporaron a la carpeta de investigación, a solicitud de una de las defensas, los antecedentes que esta estimó que faltaban como diligencias”, aclaró.
Respecto a la extensión del juicio, Castro Bekios indicó que será de larga duración, por el número de imputados, delitos y aristas, por lo que estima que puede tardar entre 3 y 6 meses.
ProCultura
Consultado por el caso ProCultura y la “intervención del poder político”, señaló que “respecto a los casos, donde hay intervención de personas vinculadas al ámbito de la político, hemos tenido una sola postura: El Ministerio Público actúa con total prescindencia de la política y de los tiempos propios de la política y sus tiempos contingentes”.
“Nos abocamos, en el caso ProCultura, al principio de objetividad. Recordemos que el caso se inicia en la comuna de Antofagasta y posteriormente fue trasladado por decisión del fiscal nacional, al fiscal regional de Aysén y posteriormente al de Coquimbo y posteriormente, a propósito de un recurso de amparo, esa investigación es trasladada a Antofagasta. A día de hoy está a nuestro cargo, eso significa hacerse cargo de todas las diligencias que se hicieron antes y de realizar aquellas pendientes respecto de una fundación que está siendo investigada por la celebración de distintos convenios en siete regiones con Gobiernos Regionales y servicios públicos, lo que implica, que no estamos hablando de una sola arista”, añadió.
Tras el fallo del tribunal de garantía antofagastino, que determinó que la causa que involucra al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, debe tramitarse en Santiago, el fiscal regional indicó que “en base a argumentos estrictamente jurídicos, se interpuso el denominado recurso de hecho en la Corte de Apelaciones de Antofagasta y estamos a la espera de la resolución”.
