Una controversia política se instaló este lunes luego de que el diputado Sebastián Videla confirmara que está financiando con recursos propios la construcción de una zanja en la frontera norte, específicamente en la comuna de Ollagüe, Región de Antofagasta, con el objetivo de impedir el ingreso irregular al territorio nacional.
La iniciativa del parlamentario fue mostrada durante una entrevista televisiva, donde explicó que incluso la retroexcavadora que realiza los trabajos está siendo pagada de su propio bolsillo, lo que generó diversas reacciones tanto de apoyo como de cuestionamientos respecto de la legalidad de la medida.
Cuestionamientos desde el Gobierno
La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, se refirió a la situación y criticó el actuar del legislador, señalando que este tipo de acciones no corresponde que sean realizadas por autoridades de manera individual.
“No puede ser que cualquiera haga lo que le parezca”, afirmó la secretaria de Estado, agregando que una excavación de ese tipo debe responder a decisiones institucionales y contar con todos los antecedentes técnicos y legales.
Delpiano explicó que, si bien no maneja todos los detalles sobre si la obra se realiza en terreno público o privado, insistió en que “no le corresponde a un diputado excavar” ni impulsar este tipo de intervenciones sin los procedimientos correspondientes.
Debate por seguridad en la frontera
El caso reabrió el debate sobre las medidas para enfrentar el ingreso irregular por pasos no habilitados en la frontera norte. Mientras algunos sectores valoraron la iniciativa como una señal de preocupación por la seguridad y el control migratorio, otros cuestionaron que acciones de este tipo puedan ejecutarse sin coordinación con el Estado.
La ministra también apuntó que actualmente el control fronterizo se apoya cada vez más en tecnología de vigilancia y en estrategias coordinadas entre distintas instituciones, lo que —según indicó— permite detectar con mayor eficacia el ingreso de personas por zonas no habilitadas.
La polémica continúa abierta, especialmente en la Región de Antofagasta, donde el tema migratorio y la seguridad en la frontera con Bolivia han sido parte central del debate político y social en los últimos años.
