En tiempos de estrechez fiscal, el debate sobre el gasto público suele tensionarse entre dos posiciones: quienes advierten recortes y quienes hablan de eficiencia. Sin embargo, en materia social, la discusión exige mayor rigor. No todo ajuste implica pérdida de derechos, y no todo aumento presupuestario garantiza mejores resultados.
El reciente ajuste al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia debe leerse desde esa perspectiva. No estamos frente a una reducción de la política social, sino ante un intento por ordenarla. La magnitud del ajuste 2,24% no solo es acotada, sino que deliberadamente menor al estándar exigido, precisamente para resguardar prestaciones críticas. Aquí no hay una lógica de retiro del Estado, sino de corrección.
El punto de fondo es más estructural: durante años se han acumulado programas sobredimensionados, con baja ejecución o escasa evidencia de impacto. Recursos que, en la práctica, no llegan oportunamente a las personas o quedan atrapados en burocracia. En ese contexto, sostener el statu quo no es defender derechos sociales; es perpetuar ineficiencias.
Casos como el ajuste en programas con sobreasignación presupuestaria, fondos con subejecución persistente o instituciones con altos niveles de gasto administrativo revelan una realidad incómoda: parte importante del presupuesto social no siempre se traduce en beneficio directo. Cuando el 75% de los recursos de una institución se destina a estructura y no a programas, el problema no es de financiamiento, es de diseño.
Por eso, ordenar el gasto no es una decisión meramente técnica, es una definición política. Significa priorizar, focalizar y exigir resultados. Significa también asumir que cada peso mal asignado es un peso que no llega a quien lo necesita. Y en un país con brechas sociales relevantes, esa diferencia importa.
Ahora bien, este proceso no está exento de riesgos. Requiere seguimiento, transparencia y una capacidad real de reorientar recursos hacia programas efectivos. De lo contrario, el ajuste puede quedar solo en una señal contable. La clave estará en demostrar que la reasignación mejora cobertura, oportunidad y calidad de las prestaciones.
Defender los derechos sociales no es inmovilizar el gasto, es hacerlo funcionar. No es proteger estructuras, es proteger a las personas. Y en ese equilibrio, ordenar el presupuesto puede ser no solo necesario, sino urgente.
