El presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región de Antofagasta, Justo Zuleta, manifestó una «molestia generalizada» entre los alcaldes de la zona ante la disminución de recursos que perciben por concepto de patentes mineras. Según expuso el jefe comunal de San Pedro de Atacama, la situación se originó tras la modificación legal del 2022 que fijó un «techo» de recaudación de 80 millones de dólares para financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU). Este escenario impide que las comunas de la zona productora de la riqueza capturen el alza real de los ingresos derivados del incremento en el precio del cobre.
Zuleta explicó que los alcaldes de Antofagasta se reunieron el viernes pasado y la discusión se centró en esta materia. “Estamos muy preocupados por esta menor recaudación de recursos por patente minera que afecta a los presupuestos municipales y solicitamos una reunión la próxima semana en Santiago con la Tesorería General de la República, el Sernageomín y el Ministerio de Minería. La idea es revisar junto con los parlamentarios y el gobernador regional estos criterios de distribución, dado el escenario que tuvimos de menor ingreso durante el 2025 y un proyectado de menores ingresos también para el 2026”, detalló el alcalde.
El presidente de la asociación regional manifestó que solicitaron una reunión por ley del lobby para este jueves con la Tesorería y la Contraloría.
- ¿Cuál es la explicación por la rebaja de los ingresos por concepto de patentes mineras?
La explicación que nos dieron fue por la modificación la ley que financió la PGU en el 2022. Esa modificación fue para la ley que asignaba los recursos de patentes mineras para los municipios y colocó un techo de 80 millones de dólares, los que eran repartidos un 50% para los municipios y el otro 50% para los gobiernos regionales. En definitiva, esa fórmula para financiar el proyecto social generó una condición una vez que la Tesorería comienza a determinar la fórmula de pago hacia las comunas. Ahí aparece una situación, porque como año a año aumentó la recaudación, pero quedó con techo, hoy las municipalidades se ven con la dificultad de esta fórmula. No quedó un reglamento establecido de cómo sería la distribución en las comunas. Así, sobre todo el 2023 cuando se triplicaron los ingresos por esta recaudación, quedamos con el techo de distribución frente a un pago que sería mayor para las municipalidades.
Hay municipalidades que recibieron considerablemente un menor monto el 2025 y también recibirán un menor monto en el 2026. Esto es lo que tenemos que discutir con la Tesorería, que es la institución que calcula lo que tributa cada empresa y, a partir de ahí, los montos que debería recibir cada comuna.
- ¿Cuál es la postura de los alcaldes de los municipios respecto de una situación que los perjudica en términos de ingresos?
La postura es de una molestia generalizada, de hecho, de la recaudación a nivel nacional por concepto de patentes mineras, el 44% nace de la región de Antofagasta. La contribución es extremadamente alta comparada con el resto de las comunas a nivel nacional, las que no tienen el mismo nivel de afectación presupuestario al ser una cantidad de municipios considerable.
En el caso nuestro, hay comunas, como Ollagüe y Taltal que dependen principalmente del Fondo Común Municipal y de los aportes de las patentes mineras. El impacto en la proyección y disponibilidad presupuestaria para ellos es bastante alto.
- ¿Manifestaron este problema a los parlamentarios de la zona?
En la reunión (del viernes en la tarde) tuvimos solamente la presencia del diputado Jaime Araya y del senador Esteban Velásquez, quienes se comprometieron a sumarse en la reunión en Santiago para buscar una solución. También supimos que el diputado Araya hizo un requerimiento a la Contraloría para que revise la distribución hacia nuestras comunas. Así que haremos un requerimiento tanto del modelo de distribución y los montos que llegan a cada municipio.
- ¿Qué posibilidades ven de revertir la actual distribución?
Son dos situaciones distintas. Una tiene que ver con llegar a acuerdo para determinar una fórmula de distribución que sea equitativa para cada una de las comunas y que no perjudique a los municipios más pequeñas, como los de Ollagüe, María Elena y Taltal, que dependen muchísimo de este fondo. Paralelamente, que se trabaje tal vez con un efecto de mediano y largo plazo para recuperar lo que era el espíritu de la ley, con una mayor retribución a las comunas mineras a través de las recaudaciones de las patentes. Eso es una tarea más de largo plazo, porque hay una ley de por medio, la que primero tiene que pasar por una modificación que necesita un patrocinio desde el Ejecutivo. A su vez, el Ejecutivo no tomará una decisión tan rápida porque está el compromiso del financiamiento de un programa social.
No es algo que objetivamente podamos esperar en el corto plazo. Lo que sí es urgente es resolver la fórmula de distribución de estos recursos para que lleguen en proporción a todas las comunas y no se vean afectados por este techo de 80 millones de dólares, con un 50% para las municipalidades, donde la comuna que se apura para solicitar estos dineros los recibe y el municipio donde la empresa demore en el pago de su patente se ve perjudicado por la fórmula de distribución actual.
- ¿Hay alguna una cifra de cuánto dejan de percibir por estos menores ingresos?
Poco a poco hemos empezado a recibir los ajustes por la aplicación de la ley. Esto se debe, inicialmente, a que el 2022 esta fórmula se hizo pensando en que las recaudaciones se mantenían en alrededor de 80 millones de dólares. Pero, con el tiempo, a raíz también del alza del precio del cobre, las recaudaciones hasta el 2024 o 2025 prácticamente se triplican. Esto lleva a que se genere una diferencia bastante importante y quedamos amarrados con la modificación de la ley a un monto total, no a un porcentaje de las recaudaciones. Ahí ocurre esta dificultad de tipo administrativa para determinar los montos exactos que debió recibir cada municipio.
Por eso es muy importante la reunión del jueves, porque podremos aclarar definitivamente por qué se generó este desfase en la distribución comuna por comuna, pero hay que ver cuál municipio fue el más afectado y el que tuvo menos impacto por la distribución. Y a partir de ahí, acordar entre todos cuáles serán los criterios para que estos ajustes no perjudiquen sobre todo a las municipalidades más pequeñas.
- ¿Qué reflexión deja que las comunas mineras de Antofagasta que soportan todos los impactos negativos de la actividad extractiva queden expuestas a episodios como estos?
Las comunas se ven más impactadas desde el punto de vista medioambiental y del retorno de la contribución al erario nacional. La ley tenía un espíritu y con las actuales condiciones nos enteramos de que recibimos menos recursos, lo que perjudica. Aspiramos a que, si estamos contribuyendo a un financiamiento a nivel nacional de políticas sociales, nosotros también como región tengamos ese retorno para una mejor calidad de vida. Sentimos que una vez más, así como fue como con el royalty, que para que prosperara a nivel parlamentario en lugar de repartirse en las comunas con minería, se contribuyó prácticamente a todas las comunas del país, hoy vemos que con las patentes mineras sucede algo similar. Los municipios más afectados por la producción minera terminamos beneficiando a todo el país y nuestra población se ve impactada por recibir menos recursos.
