Bajo la alerta de que Antofagasta será la principal región afectada por el aumento de delitos fronterizos, los parlamentarios locales solicitan que la Cancillería active gestiones para manifestar el rechazo del país al proyecto que regularizaría los “autos chutos” en Bolivia. Los legisladores apuntaron a que la iniciativa no solo fomentaría el contrabando, sino que también sería una decisión que favorecería a la operación de bandas de crimen organizado que sacan vehículos por pasos no habilitados en la región.
Medios bolivianos informaron que el diputado Reinaldo Seas ingresó un proyecto para nacionalizar los vehículos indocumentados que se encuentren en dicho territorio. Los denominados “autos chutos” corresponden a unidades que ingresaron sin control aduanero, entre los que figuran móviles robados en Chile y que se venden en mercados informales que funcionan los fines de semana. Años atrás incluso se detectó en venta una camioneta con logo de la municipalidad de Antofagasta.
La medida sería extraordinaria y única, sin embargo, el país vecino ya desarrolló el mismo proceso en el 2011. En esa época, el gobierno de Evo Morales regularizó 70 mil vehículos, con la misma promesa de que se trataba de una decisión única y excepcional. Ahora, el parlamentario Seas levantó el proyecto para generar ingresos a las arcas municipales y contempla siete requisitos, entre ellos, presentar una declaración jurada sobre el origen del vehículo. Los que serían excluidos de la iniciativa serían los autos con denuncias por robo en Bolivia y en otros países y que estén vinculados a actividades ilícitas.
El diputado Sebastián Videla (IND-PL) sostuvo que “es inaceptable lo que está pasando en Bolivia, ya que fomentaría el robo de vehículos en Chile. Esperemos que la Cancillería accione rápido para dar nuestro descontento como país y ver el alcance de este proyecto que puede afectar a Chile”.
FAVORECE EL CRIMEN FRONTERIZO
El diputado Fabián Ossandón (PDG) manifestó que legalizar los llamados “autos chutos” en Bolivia es una medida gravísima que solo incentiva el robo de vehículos en Chile y en la región de Antofagasta. “Además, fortalece el crimen organizado que opera en nuestra frontera norte. Es urgente que el gobierno del presidente Kast, a través de la Cancillería, realice gestiones con Bolivia y manifieste con firmeza el rechazo de Chile a una medida que pone en riesgo nuestra seguridad y termina favoreciendo el delito transfronterizo”, emplazó Ossandón.
NO GENERAR INCENTIVOS A LA ILEGALIDAD
La iniciativa es preocupante, dijo el diputado republicano Carlo Arqueros. El legislador subrayó que regularizar vehículos que ingresaron ilegalmente envía una señal equivocada y constituye un incentivo perverso al contrabando y al crimen organizado. “El Gobierno debe evaluar las gestiones diplomáticas que correspondan, porque regiones como Antofagasta son las primeras afectadas por este tipo de fenómenos. La cooperación entre ambos países debe orientarse a combatir la delincuencia, no a generar incentivos para la ilegalidad”, declaró Arqueros.
GESTIÓN A TRAVÉS DEL CONGRESO
Jaime Araya (IND-PPD) señaló que Chile debe dar una respuesta contundente para impedir que se legalice un robo que está íntimamente relacionado con el narcotráfico. “Estoy enviando un oficio al presidente Kast y al ministro de RREE para que protesten formalmente por esto y, también, remití una solicitud al presidente de la Cámara para que tome contacto con su par boliviano para lograr el compromiso de impedir que esto se materialice”, adelantó.
LEGALIZAR UNA ACTIVIDAD DELICTIVA
Para la diputada radical Marcela Hernando, la idea de nacionalizar autos que entraron ilegalmente a Bolivia, los “autos chutos”, es “sencilla y llanamente una barbaridad”. La parlamentaria indicó que una “ley para hacer legal una actividad delictiva es estar en el peor de los mundos. Y si Bolivia se da el espacio para discutir siquiera este tipo de legislación, habla muy mal del país vecino”. En ese contexto, Hernando espera racionalidad y que, independiente de que el proyecto pudiera ser presentado por un parlamentario, no llegue a constituirse en ley.
