El general en retiro y excomandante en jefe de la Primera División de Ejército de Antofagasta, Claudio Hernández Muñoz, manifestó su total rechazo a la propuesta de que las Fuerzas Armadas (FFAA) colaboren con tareas policiales sin antes ejecutar cambios en la formación y el equipamiento militar.
El oficial (R) explicó que sería fácil utilizar el aforismo de “quien puede más, puede menos” para decir que, si el Ejército está preparado para la guerra, también podría asumir funciones de orden público. Hernández no descarta la idea, sin embargo, señaló que primero habría que modificar los planes de estudio, la instrucción, los entrenamientos, junto con equipar al Ejército de forma distinta.
Hace dos semanas, el gobierno presentó la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, que cuenta con un proyecto que será tramitado en el Congreso. Uno de los puntos de la iniciativa legal corresponde a la creación de nuevo estado de excepción para “enfrentar graves alteraciones de seguridad pública causadas por organizaciones criminales o terroristas”.
Esta herramienta se aplicaría en barrios, polígonos o territorios “capturados por organizaciones criminales”, con una duración acotada. En ella, las FFAA podrán “apoyar a las policías en tareas de vigilancia, logística, control perimetral o apoyo técnico. Este estado de excepción permitirá establecer controles de desplazamiento y reunión, así como requisar bienes y acceder a telecomunicaciones, entre otros aspectos”, informó el Ejecutivo.
El general detalló que si el Ejército está preparado para la guerra con un enemigo externo de todas maneras está preparado para la para el terrorismo y la criminalidad. Pero puntualizó que “el problema es que esto no se dará en un campo abierto desértico donde estarán los criminales al frente. Esto se dará en la ciudad, en zonas urbanas, donde estará afectada la población, la infraestructura, las viviendas”. Y complementó que el problema es el contexto, ya que no se trata solo de responder y disparar de acuerdo con el calibre de los criminales.
El gobierno propone modificaciones legales para que, en estados de excepción acotados y para enfrentar la criminalidad organizada, las Fuerzas Armadas desarrollen tareas policiales, como controles de identidad y detenciones en flagrancia. ¿Está de acuerdo con que las FFAA asuman ese rol?
Definitiva y taxativamente no, porque hay varias razones y fundamentos para ello. El papel aguanta todo, se puede disponer, modificar leyes, pero un tema mucho más profundo es la diferencia que existe en la formación, instrucción, entrenamiento, equipamiento y armamento que utilizan por una parte las policías y por otra parte las Fuerzas Armadas, específicamente el Ejército. Las instituciones están formadas, equipadas e instruidas para distintas funciones. Parecería lógico utilizar el aforismo que dice que “quien puede más, puede menos”. Es decir, que quien está preparado para la guerra perfectamente podría, en teoría, asumir labores de control de orden público. Podría hacerse siempre y cuando se modificara todos, la formación, los planes de estudio y luego las instrucciones, los entrenamientos, junto con equipar al Ejército de forma distinta. El armamento es muy mandatorio en esto. Así que hoy las FFAA no están preparadas ni equipadas para cumplir ese tipo de funciones.
Primero habría que cambiar completamente la formación militar.
Obviamente. Sin ir más lejos tenemos la experiencia de octubre del 2019, cuando se dio cuenta de que no existe ni el marco legal, ni reglamentario para respaldar en caso de uso del armamento que las Fuerzas Armadas tienen. Por eso hoy día todavía permanecen militares con temas judiciales, algunos presos. Tendría que modificarse, no es igual la formación que tiene un militar a la que tiene un carabinero o un integrante de la PDI.
¿Hay experiencia internacional que permita una comparación?
En este momento no tengo ejemplos concretos. Debe haber, principalmente en Europa hay Fuerzas Armadas que tienen funciones polivalentes. Sin embargo, ellos tienen una larga data en esto, con preparación, equipamiento y armamento adecuado para cumplir este tipo de funciones, lo cual nosotros no tenemos.
Para ejemplificar un poco, el armamento que usa el Ejército cuando sale a las calles a cumplir este tipo de funciones, por lo general, son fusiles de calibres, alcances y efectos muy dañinos, porque están hechos para otra cosa. Por lo tanto, cuando un soldado dispara en la calle, ese proyectil tiene un poder tremendo que puede atravesar una persona, puede atravesar una casa y causar mucho más daño de lo que uno cree. Desde ese punto de vista técnico, lo que significan los proyectiles y el armamento que se utiliza también es tremendamente problemático.
Las Fuerzas Armadas utilizan armamento de guerra. ¿Cree que las consecuencias de esta herramienta están bien estudiadas en esta propuesta o precisamente eso es lo que se desea, contar con esa clase de equipamiento en ciertos territorios?
El armamento que tiene el Ejército, de acuerdo con su misión constitucional, es para la guerra, para la defensa externa de la patria. Por lo tanto, en caso de hacer efectivo lo que está impulsando el gobierno, habría que modificar el armamento pensando un poco en lo que hacen los policías, como Carabineros. El tipo de armamento “más poderoso” que tiene Carabineros cuando cumple su función son pistolas o revólveres. En el Ejército, las pistolas y los revólveres son lo mínimo, lo más bajo.
¿Cree que precisamente eso es lo que se buscaría, que la presencia de armamento de gran poder de fuego en las calles para combatir la criminalidad organizada?
Puede ser, pero el tema es que tiene que haber un respaldo necesario para que los integrantes de las Fuerzas Armadas y del Ejército cumplan este tipo de funciones, porque será tremendamente dañino. Y para que no vuelva a pasar lo que ocurrió con gente que todavía está presa y judicialmente cuestionada por haber hecho uso de su armamento en circunstancias que lo más probable es que en este momento lo ameritaban. Cuando se vieron enfrentados a muchedumbres grandes, incluso con armamento contrario, no hubo respaldo. Aparte de las modificaciones que se quieren hacer constitucionales, legales, reglamentarias, de ordenanza, también tiene que haber esta otra parte que significa la formación, entrenamiento y todo lo que ya he mencionado.
MILITARES EN LA FRONTERA
En este momento en las fronteras hay personal del Ejército cumpliendo ciertas labores. ¿Qué diferencia tienen esas tareas con la presencia en zonas urbanas?
Hay diferencias importantes e interesantes y es bueno aclarar algo. Dentro de las Fuerzas Armadas existen diferencias, la Armada tiene potestad sobre el territorio marítimo e incluso cumplen labores policiales dentro de eso. La Fuerza Aérea tiene la potestad total sobre el espacio aéreo. Pero con el Ejército hay un tema con Carabineros que tienen distintas responsabilidades, distintos respaldos y distintas misiones constitucionales y legales. La gente del Ejército que cumple labores de resguardo fronterizo necesita un carabinero. El Ejército no tiene la autoridad para detener, ni trasladar personas, eso lo realiza Carabineros. Por eso en algún momento hubo una idea de que cuando las patrullas del Ejército cumplieran su función en la frontera requieren que un carabinero que vaya en el vehículo. El Ejército lo protegerá, realizará las actividades de fuerza, pero el que debe cumplir las funciones legales es el carabinero. Por eso tampoco tienen las mismas atribuciones en la frontera el personal del Ejército y los carabineros.
¿Estas propuestas que nacen desde el sector político primero deberían analizarse con oficiales activos y en retiro de las FFAA por todos los alcances que involucra?
Creo que eso se hace. No creo que el gobierno, que está impulsando la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, lo haga así a buenas y primeras, tiene que haber un trabajo. Y efectivamente es posible realizarlo, pero insisto, con todos los aspectos que mencione para considerar. Los cambios también necesitan un tiempo, un espacio e inversión de recursos para lograrlo. No es lo mismo decirle al Ejército que esté preparado para la guerra y que, además, tiene que prepararse para cumplir funciones de orden público. En teoría uno debiera tener un almacén de material preparado para la guerra y otro con equipo y armamento destinado a las labores de combate contra la criminalidad.
Teniendo todo esto se puede realizar, pero requiere de voluntad política, modificaciones legales para que exista el respaldo y para que la gente actúe con tranquilidad, sabiendo que lo hace dentro de un marco legal que no traerá consecuencia. Y todos los cambios de formación, armamento, entrenamiento y aumentos de dotación, porque con la dotación de Ejército, tanto la activa como las reservas, alcanza a cumplir las tareas constitucionales.
El espíritu de la agenda del gobierno es contra el crimen organizado. ¿Este aspecto podría ser complejo para los efectivos militares, la posibilidad de enfrentar a grupos que en determinado momento se atrevieran a combatir en “igualdad de armas”?
Si el Ejército está preparado para la guerra con un enemigo externo, de todas maneras, está preparado para la para el terrorismo y la criminalidad. El problema es que esto no se dará en un campo abierto desértico donde estarán los criminales al frente. Esto se dará en la ciudad, en zonas urbanas, donde estará afectada la población, la infraestructura, las viviendas. Ese es el problema, un contexto mucho mayor, no se trata solo de responder y disparar de acuerdo con el calibre que tengan los criminales.
¿Espera que esta discusión se perfeccione en el Congreso?
De todas maneras. Es una muy buena iniciativa la del gobierno, porque es un problema que está presente y que puede aumentar sino se toman las medidas ahora. Pero primero tenemos que mirar lo que tenemos ahora, ver qué es lo que falta a Carabineros y la PDI, y tras considerar eso que en ciertos casos acotados y en lugares específicos no podremos, así que ahí emplearemos a las FFAA. Es complejo, pero factible de llevar adelante.
Había una discusión sobre si en los estados de excepción actuales o si se modifican, las policías estarían al mando. Cuando se decreta un estado de excepción constitucional es por algo, porque la normalidad se ve afectada y dentro de la normalidad quienes tienen la potestad son Carabineros y la Policía de Investigaciones. Por lo tanto, no se trata de decretar un estado de excepción y que las policías sigan ejerciendo como hasta ese momento y que el Ejército poco menos que las apoye. No estoy de acuerdo con eso, porque si se decreta el estado es porque las policías se vieron sobrepasadas y el que debe asumir el mando es el Ejército o alguien de las Fuerzas Armadas para que lidere tanto de las FFAA como de las policías.
