El senador Pedro Araya (PPD) criticó la reforma de seguridad presentada por el Ejecutivo y aseguró que la iniciativa “técnicamente es muy mala” y que en esas condiciones lo mejor sería retirarla para levantar una nueva.
Araya preside la Comisión de Constitución del Senado, mesa que revisará por completo la propuesta del gobierno y sostuvo que desearía saber quién redactó el proyecto. Esta crítica, dijo el parlamentario, la expresa porque calificó el documento como un “pegoteo” de legislaciones extranjeras hecho con inteligencia artificial y que no responden a las particularidades del fenómeno criminal en el país.
En ese contexto, el senador dijo que el presidente está mal asesorado en materias de seguridad pública. Entre los principales problemas que identifica en la propuesta figuran las listas de crimen organizado que serían confeccionadas por el Ejecutivo y confirmadas por el Senado, sin la intervención del Ministerio Público o el Poder Judicial.
La otra norma de su preocupación es el nuevo estado de excepción, ya que sería decretado por la presidencia sin control del Congreso hasta por ocho meses y permitiría interceptar las comunicaciones de personas que nada tienen que ver con el crimen organizado.
¿Cuál será el trabajo de la Comisión de Constitución?
Revisaremos el proyecto de forma completa, dado que, al ser un tema de carácter constitucional, le corresponde a la comisión. Además, en el Senado la iniciativa también será discutida en las comisiones de Seguridad y Defensa, las que también integro.
El trabajo consistirá en que, primero, habrá una exposición por parte del gobierno para fundamentar el porqué de la reforma. Después abriremos una ronda de audiencias públicas para que opinen expertos y académicos antes de votar el proyecto.
¿En qué momento contemplan que ingrese la reforma a la comisión?
No está contemplado todavía, porque necesitamos una conversación con el Ejecutivo por una razón. La Comisión de Constitución del Senado es la que más trabajo tiene, la agenda está extremadamente recargada y, a partir de eso, definimos con el Ejecutivo ciertas prioridades. Hasta donde sé, ellos me pidieron priorizar otro proyecto en materia de seguridad, que es la ley de responsabilidad penal de los adolescentes, para hacerse cargo de aquellos jóvenes infractores de ley que cometen reiteradamente los delitos más violentos. Y, hasta el momento, lo que tenemos en agenda en la comisión es primero ese proyecto, que requiere seis o siete sesiones antes de despacharlo.
Por eso tengo que conversar con el ministro Alvarado para que el Ejecutivo priorice sobre cuál proyecto primero quiere que trabaje la comisión.
De lo informado por presidencia, ¿cuáles son los aspectos de la reforma que le preocupan?
Primero tengo que decir que creo que el presidente José Antonio Kast está siendo muy mal asesorado en los temas de seguridad pública. Queremos saber quién redactó el proyecto, porque pareciera que los asesores del presidente están utilizando la versión gratuita de chat de inteligencia artificial. El proyecto es una mala copia de distintas leyes que no tienen nada que ver con la institucionalidad chilena ni con los problemas que tenemos en materia de criminalidad. Mezcla el acta patriótica de Estados Unidos, dictada después del atentado de las Torres Gemelas; mezcla normas del código penal italiano sobre sistemas carcelarios y normas dictadas en El Salvador para temas penitenciarios. Y a partir de todo esto pasaron el texto por inteligencia artificial y sacaron un proyecto que tiene más problemas que ayudas para resolver las dificultades en seguridad pública.
¿Qué problemas específicos observa?
El primero es que plantea que el presidente de la República y el Senado tendrán una facultad que, a mi juicio, no tiene ningún asidero constitucional, como lo es armar listas de crimen organizado. El presidente podrá decidir qué organizaciones están en esta lista, el Senado tendría que rechazar o ratificarla y, a partir de eso, se aplicarían una serie de sanciones. Pero ni al presidente ni al Senado les corresponde el rol de jueces ni de investigadores en asuntos penales.
Lo segundo es que todo lo que el presidente plantea en esta reforma constitucional hoy se encuentra en la propia Constitución. No es necesario dictar ninguna norma nueva. Probablemente, lo más complejo sea que el concepto de seguridad pública no existía el año 80 cuando se dictó la Constitución ni tampoco el 2005 cuando tuvo el gran paquete de reformas que experimentó nuestra Carta Fundamental. A partir de eso no se ve razón de por qué debiera modificarse de la que forma que se está proponiendo.
Lo tercero es que se plantea un nuevo estado de excepción constitucional, lo que, a mi juicio, es muy peligroso y no tiene ningún borde. Por una parte, permite que el presidente por sí y ante sí pueda decretar ese estado de excepción que no tiene control político durante ocho meses. Además, permite que puedan interceptarse cualquier tipo de comunicación en un área determinada. Entonces, el gobierno podría escuchar las conversaciones de personas que no tienen nada que ver con el crimen organizado, podrán saber qué compra una persona, qué es lo que habla con su familia o qué hace en sus ratos libres. Esto no tiene ningún respaldo legal. Tampoco establece con claridad quién comandará ese estado de excepción, porque se habla de los oficiales generales, y en Chile son oficiales generales miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, lo que incluye a Carabineros y Gendarmería.
Por resumir, estos son los problemas que tiene la reforma y ha quedado más que claro que es un muy mal proyecto, porque no hemos escuchado a ningún académico serio hablar a favor de esta iniciativa. Y los propios partidarios del presidente quieren rechazar la iniciativa.
Los partidos oficialistas criticaron la idea de este nuevo estado de excepción sin la consulta del Congreso. ¿Cree que el gobierno presentó estas ideas de forma apresurada o con poco análisis?
Insisto en que el presidente Kast está siendo muy mal asesorado en los temas de seguridad pública, porque este proyecto, tengo toda la impresión, lo hicieron con una versión gratuita de inteligencia artificial. Tomaron distintas legislaciones e hicieron un pegoteo que no se entiende.
Usted estuvo entre los senadores de oposición que negociaron la reforma económica del gobierno. Pero, tras alcanzar un acuerdo, a último momento el ministro Quiroz bajó la tasa impositiva a 22%, lo que desató la molestia de los parlamentarios que tenían el acuerdo con el Ejecutivo. ¿Espera que en este nuevo proceso eviten caer en ese tipo de sorpresas?
Le hemos planteado al ministro Alvarado y personalmente le dije que entiendo la crisis de seguridad del país, en ese sentido no me voy a perder y transformaré esto en un punto político. Lo que queremos es apoyar y discutir aquellos temas técnicos que efectivamente ayuden a resolver los problemas de seguridad pública, pero no estamos disponibles para apoyar cualquier tontera.
¿Le preocupa la falta de una mirada local de la reforma, al indicar que tomó normas de otras legislaciones con realidades delictivas diferentes?
Exactamente, por eso creo que el presidente está siendo muy mal asesorado. El presidente tiene que cambiar su equipo de asesor en materia de seguridad pública, porque no hemos visto todavía los efectos de las medidas concretas para avanzar en la protección de los ciudadanos y devolver la tranquilidad al país. Solo hemos visto medidas mediáticas, pero aun no tenemos resultados concretos. Los resultados que estamos viendo son producto de determinadas decisiones de Estado que se tomaron en conjunto, para un trabajo multiagencial entre las policías y la fiscalía para desbaratar bandas de crimen organizado. Por ejemplo, la creación de la unidad de ECOH que permitió abocarse al fenómeno de los homicidios, entre otras cosas.
¿Qué cambios o incorporaciones a la propuesta lo dejarían conforme para apoyar lo que presentó el gobierno?
La propuesta técnicamente es muy mala, la retiraría y presentaría algo nuevo. Así de radical, no hay ningún académico serio que dijera que la reforma es buena y que hay que avanzar en ella.
¿Los errores que observa pueden ser por la urgencia del gobierno de salir de la reforma económica para entrar a la de seguridad rápidamente?
El presidente Kast prometió a los chilenos devolverles la seguridad, esa fue su principal promesa de campaña y buena parte de quienes votaron por él lo hicieron en esa lógica. Y hoy se da cuenta de que el fenómeno delictual y el crimen organizado siguen avanzando. Al presidente se evaluará por los temas de seguridad, por eso aparecen estas medidas, porque muchas son más bien comunicacionales y no apuntan al problema de fondo. Por ejemplo, el copamiento de barrios que muestran una vez a la semana. La pregunta es si realizaron un copamiento en aquellos barrios conflictivos o los hacen donde no tendrán grandes problemas.
