A un año de Democracia Viva: los hitos del caso que destapó irregularidades en fundaciones de todo el país

Prisiones preventivas, arrestos domiciliarios, fundaciones disueltas, litigios para recuperar millonarios fondos públicos y la renuncia de personeros de gobierno e impacto en el gobierno son parte de las consecuencias que tuvo el caso de la ONG Democracia Viva. La revisión de los convenios que ésta suscribió con el Estado abrió investigaciones que detectaron un sinnúmero de irregularidades en organizaciones sin fines de lucro en todo el país.

A un año de que este Medio publicara las primeras informaciones sobre la fundación que estaba ligada a Revolución Democrática (RD), las indagaciones penales avanzan e incluso, el Ministerio Público tuvo que designar fiscales regionales para reagrupar pesquisas que se desarrollaban de manera simultánea en varias zonas. Tras la aparición de más ONG que recibieron dineros fiscales y que están involucradas en situaciones irregulares, lo que al parecer era una dinámica de funcionamiento con elementos en común, como advirtió la fiscalía, todos estos hechos fueron conocidos como el Caso Convenios. Algunos de los hitos más relevantes de Democracia Viva se desarrollaron bajo la siguiente cronología.

CONVENIOS POR $426 MILLONES

El 16 de junio del 2023, TL publicó una investigación sobre la denuncia que la asociación de funcionarios del Serviu elevó a la Subsecretaría de Vivienda. En un correo electrónico advirtieron que la fundación Democracia Viva había firmado convenios por 426 millones de pesos con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, para realizar trabajos de habitabilidad primaria en campamentos (obras civiles), aunque la ONG no registraba experiencia en esas actividades. Los funcionarios también cuestionaron los vínculos políticos y personales que rodearon los convenios. Esto, porque representante legal de la fundación era Daniel Andrade, militante RD, quien en ese momento era asesor de Defensa y pareja de la diputada RD Catalina Pérez. La contraparte en el convenio fue el seremi de Vivienda Carlos Contreras, militante de RD, quien antes de asumir como secretario regional había trabajado como jefe de gabinete de la parlamentaria.

RENUNCIA CARLOS CONTRERAS

Horas después de la publicación, el seremi de Vivienda emitió un comunicado de prensa en el que acusó una utilización política de esos convenios e indicando que no había ningún conflicto de interés. Sin embargo, en menos de 24 horas, el secretario regional renunció al cargo y en sus redes sociales lamentó “mucho no haber dimensionado la maliciosa malinterpretación y manipulación que se haría de un convenio con una org (sic) sin fines de lucro, con que no tengo conflicto de interés alguno. Presenté mi renuncia para que esto no se siga utilizando políticamente contra el Gobierno”, escribió en la red social X. El domingo 18, el Ministerio de Vivienda confirmó que aceptaba la renuncia de Contreras “debido a las interpretaciones que la opinión pública pudiera hacer de dicho convenio como un posible conflicto de interés”.

ERROR DE CRITERIO POLÍTICO

El lunes 19 de junio, ya con el hecho siendo objeto de críticas en la capital del país, la diputada Pérez hizo una declaración en la que sostuvo que las responsabilidades tienen que asumirlas quienes corresponden, los firmantes del acuerdo. “Son hombres, adultos, exfuncionarios de la administración del Estado (…) Aquí hubo un error de criterio político grave y los responsables políticos que son los firmantes, don Carlos Contreras y Daniel Andrade tendrán que responder políticamente como corresponde”, dijo la parlamentaria, quien enfrentó cuestionamientos incluso de su propio partido y ante la amenaza de una moción de censura, suspendió su participación en la mesa de la Cámara.

Por su parte, el Ministerio Público informó que en Antofagasta abría una investigación de oficio, la cual quedó en manos del fiscal jefe, Cristian Aguilar. Se trata de una persecutor especializado en delitos de corrupción, ya que condenó a los exjefes comunales Daniel Adaro y Karen Rojo por fraude al fisco.

RESTITUCIÓN DE RECURSOS

Cinco días después de la publicación que destapó el caso Democracia Viva, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, envió un equipo investigador a la región para conocer en detalle lo sucedido e instruyó que los dineros que no se habían alcanzado a ejecutar en los convenios tenían que ser restituidos.

“INCLUSO SER MÁS FIRMES”

El presidente Gabriel Boric se refirió a lo sucedido en Antofagasta. “Si en el pasado, desde nuestro sector político fuimos muy duros en condenar todo tipo de acto reñido con la fe pública y en donde hubiese delitos o presunciones de delitos, hoy cuando quienes están involucrados son cercanos al gobierno debemos tener el mismo estándar e incluso ser más firmes. Este tipo de situaciones no las vamos a permitir”, aseguró el Jefe de Estado.

En paralelo, la UDI presentó una querella por fraude al fisco, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos contra quienes resulten responsables en el marco de los convenios.

RD SUSPENDE MILITANCIA

El 23 de junio, Revolución Democrática desarrolló un consejo político que determinó la suspensión de la diputada Pérez y anunció la presentación de una querella contra quienes resulten responsables por los hechos que ya eran investigados por el Ministerio Público. Esa misma jornada, por solicitud del fiscal Aguilar se allanaron las oficinas de la Seremi de Vivienda de Antofagasta y simultáneamente se desarrolló la misma diligencia en dependencias ministeriales.

RENUNCIA TATIANA ROJAS

La subsecretaria de Vivienda y militante RD, Tatiana Rojas, dejó su cargo el 24 de junio tras la solicitud del Mandatario, ya que a ella había sido enviado el correo en el que los funcionarios del Serviu advirtieron lo que estaba pasando con Democracia Viva y la Seremi de Vivienda.

HABLA CARLOS CONTRERAS

En entrevista con T13, el 24 de junio el exseremi Carlos Contreras declaró que “jamás conversamos de estos temas con Catalina Pérez”. La parlamentaria era objeto de cuestionamientos de la oposición por su vinculación con ambos involucrados, ya que fue pareja de Andrade en el momento en que se firmaron los convenios y antes había sido la jefa directa de Contreras.

EXPULSADOS DE RD

Al día siguiente de esa entrevista, el exseremi de Vivienda fue expulsado de RD junto a Daniel Andrade. La decisión la tomó el Tribunal Supremo del partido que en ese momento vivía una fractura interna entre quienes cuestionaban si la diputada Pérez estuvo en conocimiento de lo que pasaba en Antofagasta.

NUEVAS REGULACIONES

En el contexto de la crisis que enfrentaba su gobierno, el 4 de julio el presidente Boric anunció la creación de una Comisión Ministerial para regular la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado, a través de un grupo técnico transversal. El objetivo era proponer mecanismos de fortalecimiento para asegurar una mayor eficacia y transparencia en la vinculación de las partes para facilitar el conocimiento sobre el uso de los fondos entregados.

PÉREZ, TAMBIÉN SUSPENDIDA

Dos días después de que el Jefe de Estado diera inicio al trabajo de probidad para regular a las fundaciones, la diputada Pérez quedaba suspendida de su militancia en RD. La medida había sido solicitada por el Consejo Político Nacional del partido.

DEMOCRACIA VIVA COMO SÍMBOLO

Es el “símbolo de las irregularidades”, dijo el ministro de Justicia, Luis Cordero, el 28 de julio. Advirtiendo que había responsabilidad penal en juego, en paralelo la justicia civil ordenó retener los fondos de la cuenta bancaria de la fundación a solicitud del Consejo de Defensa del Estado. “El no haber accedido a hacer una devolución administrativa de modo voluntario obligó al Estado a ejercer las acciones (…) Hoy tienen que responder ante tribunales y de no hacerlo arriesgan no solo responsabilidad civil, sino que también responsabilidad penal. O sea, con los fondos públicos no se juega”, afirmó el ministro.

COMISIÓN INVESTIGADORA

El 7 de agosto, la Cámara definió a quienes integrarían la comisión investigadora para indagar lo ocurrido con el Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda. La diputada Yovana Ahumada y el diputado RN José Miguel Castro estuvieron en el grupo, éste último, actuó como presidente de la comisión.

CONCEJALA RD VINCULADA AL CASO

En los tres convenios firmados entre Democracia Viva y Vivienda, enviados por mail a distintas reparticiones públicas, el nombre de Paz Fuica aparece en todos ellos como remitente, quedando registrada como “Gabinete SEREMI” con el correo institucional [email protected]. Con la difusión de estos datos el 8 de agosto, la concejala RD, parte del círculo de hierro de la diputada Pérez, quedaba vinculada al caso.

JACKSON ABANDONA EL GOBIERNO

Como líder de RD, el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, fue cuestionado por Democracia Viva. Ante una inminente acusación constitucional y luego de semanas de presiones políticas, renunció al cargo. “Particularmente doy un paso al costado al constatar también que mi presencia en el gabinete ha sido ocupada por la oposición política como una excusa para no avanzar en los acuerdos que hoy Chile demanda”, manifestó el exsecretario de Estado el 11 de agosto.

HECHOS DE CORRUPCIÓN

El primero de septiembre, la Contraloría publicó el resultado de su investigación especial en la Seremi de Vivienda de Antofagasta. En el documento, el organismo fiscalizador confirmó la existencia de hechos de corrupción en los convenios suscritos con Democracia Viva. La investigación identificó 12 personas contratadas por ONG (entre ellas Democracia Viva y ProCultura) quienes desempeñaban funciones directivas y operativas en la Seremi de Vivienda de Antofagasta, sin ser funcionarios públicos, utilizando escritorios, teléfonos, computadores, correos institucionales y teniendo claves de acceso a diversas plataformas contables y de control para revisar la rendición de gastos. El documento advierte la asignación discrecional de recursos, incumplimiento del deber de abstención, fraccionamiento de fondos para eludir la toma de razón por parte del órgano fiscalizador, debilidades en la definición de proyectos que debían desarrollar las fundaciones, ausencia de planes de trabajo y debilidad en la rendición de cuentas. Toda la información fue remitida al Ministerio Público.

EL PRESIDENTE SE ENTERÓ POR LA PRENSA

Durante su exposición en la comisión investigadora de la Cámara, el jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi (RD), señaló el 7 de noviembre que nueve días antes de que los convenios entre Democracia Viva y Vivienda fueran publicados por Timeline, a través de un rumor se enteró de la existencia de los contratos que habían sido firmados entre dos militantes de su mismo partido. Sin embargo, el exdiputado recalcó que, recién el 16 de junio, cuando este Medio publicó lo que ocurría en la secretaría regional, el Presidente Gabriel Boric tuvo conocimiento de lo que sucedía en didcha cartera. El dato dejó en evidencia que la subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas (RD) no ejecutó ninguna medida frente a las denuncias, porque el 7 de junio Crispi traspasó la información a Rojas, quien el 2 de mayo ya había sido advertida por una asociación de funcionarios sobre lo que pasaba con ésta y otras situaciones en dicha repartición pública. De esta forma, el 16 de junio cuando el Mandatario se informa del problema, la subsecretaria no había tomado ninguna medida correctiva al respecto.

EXSEREMI DESMIENTE A CRISPI

A fines de noviembre, Carlos Contreras envió un comunicado de prensa en el que desmintió que el jefe de asesores de La Moneda se enterara de lo sucedido a través de un rumor.  “El día 7 de junio del presente año, Presidencia recibió un informe que confirma un convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Fundación Democracia Viva; en él se menciona que no existían irregularidades en lo legal y reglamentario (…) Digo esto, para evidenciar que siempre se actuó con transparencia y seriedad; el informe contaba con información recopilada y analizada durante semanas, por lo que el tema nunca se ha tratado de un ‘rumor’, como dijo en su minuto el Jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi”, aclaró Contreras.

DETENCIÓN DE ANDRADE Y CONTRERAS

El 13 de diciembre, el representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, fue detenido por la Policía de Investigaciones y el misma medida sufrió Carlos Contreras. Ambos fueron aprehendidos en la Región Metropolitana en el marco de las pesquisas por delitos de fraude al fisco, cohecho, tráfico de influencia, negociación incompatible y malversación de caudales públicos. Los exmilitantes de RD fueron trasladados hasta Antofagasta para su formalización.

PRISIÓN PREVENTIVA

En una audiencia que se desarrolló en dos jornadas, el viernes 15 de diciembre, el Tribunal de Garantía de Antofagasta decretó la prisión preventiva de Contreras y Andrade. Los imputados arriesgan hasta 15 años de prisión efectiva por tres delitos de fraude al fisco. La cautelar fue concedida por los seis meses que se asignó como plazo de investigación.

“TE TENGO UN PROYECTO”

El 18 de diciembre, La Tercera reveló una serie de mensajes contenidos en la carpeta investigativa. Entre ellos, los que involucran al representante de Democracia Viva con la concejala Paz Fuica. La edil ya había sido mencionada por el fiscal en la formalización de Andrade y Contreras, quien sostuvo que “Paz Fuica no tiene nada que ver con la Seremi Minvu Antofagasta y resulta que ella tomaba las decisiones con el señor Contreras”.

Según publicó el medio nacional, el 19 de julio de 2022 (tres meses antes que Democracia Viva se adjudicara los convenios con la Seremi Minvu) Andrade le envió un mensaje a Fuica. “Holii Paz, ¿Cómo estás? Oye puedes hablar hoy un ratito? Te tengo un proyecto que involucra lucas que te podría interesar allá en Antofagasta”. “Hola Dani. Me interesa. Te llamo”, afirmó la edil, quien también fue jefa territorial de la diputada Catalina Pérez. Ese mismo día Andrade envió a Fuica un borrador del “Protocolo para Suscripción Convenios con Instituciones privadas sin Fines de Lucro”. “El otro día me junté con Carlos (Contreras) a almorzar y estuvimos hablando de esto porque justamente es una alternativa para poder ingresar a trabajar al Minvu, justamente en la supervisión de los programas de las fundaciones en estos convenios de colaboración, ¡eh eh eh!, pero no cacho, como no sé si podemos hablar”, escribió Fuica.

“ACTUÉ DE BUENA FE”

Cuatro días después de la difusión de esos mensajes, Fuica manifestó que “jamás intercedí en favor de ninguna persona o fundación”. La declaración, explicó tuvo relación con “la necesidad de esclarecer la información insidiosa, errónea y malintencionada difundida en medios de comunicación regionales y nacionales”. De esa forma, negó haber ejercido como jefa de gabinete de Contreras. “Actué siempre de buena fe, convencida en que lo realizado por el Minvu se ajustaba a la normativa vigente”, dijo la edil.

FISCALÍA AGRUPA CAUSAS

El 20 de diciembre, el Ministerio Público indicó que por orden del fiscal nacional Ángel Valencia, se reagrupan todas las investigaciones por convenios de fundaciones y el Estado que se realizaban en diferentes partes del país a fin de optimizar recursos. Así, La Fiscalía Regional de Antofagasta, liderada por Juan Castro Bekios, quedó a cargo de las pesquisas relacionadas a la Fundación Urbanismo Social en las regiones de Biobío, Araucanía y Los Lagos. En la misma línea, las indagatorias vinculadas a ProCultura presentes en las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Ñuble, Biobío y Magallanes quedaron radicadas en la Fiscalía Regional de Aysén, a cargo del fiscal regional Carlos Palma. Asimismo, las investigaciones relacionadas a Enlace Urbano y Fundación Enred Social contenidas en Arica, Atacama, Valparaíso, O’Higgins, Ñuble, Araucanía, Los Rios y la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, quedaron agrupadas en la Fiscalía de Tarapacá, encabezada por fiscal regional Raúl Arancibia.

CONFIRMAN PRISIÓN PREVENTIVA

El 22 de diciembre, la Corte de Apelaciones de Antofagasta desestimó el primero intento de las defensas y confirmó la prisión preventiva de Andrade y Contreras.

DOMICILIO DE LA FUNDACIÓN

La militante de RD que facilitó su departamento en la comuna de Ñuñoa como dirección de Democracia Viva, indicó que “nunca fue utilizado por la fundación”. Esto lo dijo a la PDI, junto con detallar cómo se gestó el contrato con Daniel Andrade. Estos datos fueron difundidos por La Tercera, y dieron cuenta de que Cecilia Millán en el 2022 recibió una llamada de un amigo, también militante de RD, quien le contó que Andrade estaba en búsqueda de propietarios de viviendas en Ñuñoa para inscribir su fundación.

“Seguidamente, no recuerdo la fecha exacta, me contacta telefónicamente Daniel Andrade, comentándome que quería crear una fundación de nombre Democracia Viva, para trabajar temas de participación social ciudadana, no recuerdo con exactitud la conversación en sí, pero le comenté que no podían utilizar mi domicilio para trabajar como fundación porque es el lugar donde resido, respondiéndome que solo necesitaban la dirección para recibir correspondencia. Dentro de esta conversación, acepté que entregara mi dirección”, señaló a la policía.  Además, agregó que en ningún momento hablaron de pagos para el uso de su dirección, sino que “lo hice de buena fe, como ayuda social y política”.

Luego de que este Medio destapara el caso, el 19 de junio, Andrade volvió a contactar a Millán. “Recuerdo que me comentó que había un problema con la fundación en Antofagasta, que al parecer había salido algo en el diario, que lo estaban cuestionando y estaba en problemas. La verdad no le tomé mayor atención”, agregó. Posteriormente solicitó a Andrade que sacara del registro de Democracia Viva la dirección de su departamento.

FALLIDA ACUSACIÓN

El 4 de enero, tras intentos de un sector de la oposición, la Cámara rechazó la acusación constitucional contra el ministro Montes, luego de acoger la cuestión previa, la cual fue aprobada por 79 votos a favor, 61 en contra y 1 abstención. La oposición pretendía acusar a Montes de responsabilidad política en el Caso Convenios, en especial en lo que respecta a los traspasos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a Democracia Viva.

SUSPENDEN MILITANCIA DE CONCEJALA RD

Como anteriormente pasó con Andrade, Contreras y Pérez, el Tribunal Supremo de Revolución Democrática acogió la denuncia presentada en diciembre por el presidente del partido, Diego Vela, en contra de Paz Fuica. Esto fue comunicado el 6 de enero, cuando la edil era objeto de una investigación desformalizada por parte del Ministerio Público. Esta decisión afectó las pretensiones electorales la concejala, ya que RD en Antofagasta impulsaba su nombre como una opción para competir por la alcaldía de Antofagasta.

PDI DETIENE A PAZ FUICA

La tarde del miércoles 10 de enero, la concejala fue detenida por funcionarios de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI, quienes tenían una orden de detención en su contra por el Caso Democracia Viva. La edil fue formalizada por tres delitos de fraude al fisco y quedó en prisión preventiva. “Tendría participación en igual calidad” que Andrade y Contreras, aseguró el fiscal Aguilar.

MENSAJES ENTRE CONTRERAS Y ROJAS

Un reportaje de Canal 13 expuso mensajes de WhatsApp entre la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD) y el entonces seremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras. El 28 de enero, el medio detalló que el lunes 5 de junio de 2023, pasadas las 21.00 horas, Contreras se comunicó con Rojas. “Subsecretaria, hay un posible flanco comunicacional. Coménteme, si podemos conversar hoy en la noche o mañana a primera hora, si lo estima necesario”.

Dos días después, el exseremi insistió. “Buen día subse, quisiera poder conversar respecto de la estrategia conjunta que estamos elaborando con la diputación, sobre todo tener su opinión o aprensiones respecto a un eventual involucramiento de Contraloría”, escribió. La exsubsecretaria respondió: “¿Carlos, esto por lo de la fundación?”. Según publicó La Tercera, la conversación entre los dos continúa debido a que Rojas le estaba pidiendo a Contreras que elaborara un informe en el que explicara de qué se trataba la polémica que, en ese momento, estaba generando Democracia Viva. Esto, debido a que Rojas fue avisada de eventuales irregularidades a inicios de mayo de ese año cuando recibió una denuncia, vía correo electrónico, de parte de la asociación de funcionarios del Serviu. La exsubsecretaria reenvió dicha denuncia al exseremi y le solicitó antecedentes.

En el mismo reportaje, aparece un nuevo antecedente que involucra directamente al gobierno. “Esperemos a ver qué nos dicen de La Moneda”, escribió Rojas. Este dato volvió a plantear dudas sobre cuándo La Moneda se enteró del caso.

ANDRADE Y CONTRERAS CON ARRESTO DOMICILIARIO TOTAL

El 28 de febrero, la Corte de Apelaciones de Antofagasta revocó la prisión preventiva y decretó arresto domiciliario total para Carlos Contreras y Daniel Andrade. Las defensas de ambos imputados recurrieron ante el tribunal de alzada luego que el Juzgado de Garantía resolviera -el 20 de febrero- mantener las medidas cautelares decretadas en diciembre del 2023. De manera unánime, la Corte estimó que la medida aparece como “desproporcionada a la luz de las nuevas diligencias realizadas en la investigación con posterior a la formalización de cargos, entre estas la declaración que prestó el imputado Carlos Contreras ante el Ministerio Público; el informe de Gendarmería sobre su baja peligrosidad delictual, la pericia contable privada agregada a la causa, el informe de la Bicrim que se encontraba en los tomos secretos para la defensa, la disposición de entregar equipos de comunicación y sus respectivas claves por parte del imputado Daniel Andrade”.

CONCEJALA TAMBIÉN QUEDA CON ARRESTO DOMICILIARIO

El 4 de marzo, la defensa de Paz Fuica solicitó revisar la presión preventiva, la cual fue considerada como desproporcionada y en su lugar se dispuso un arresto domiciliario total. Inicialmente, el defensor solicitó arresto domiciliario nocturno, sin embargo, la Corte resolvió que la edil quedara bajo la cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional, “dada la gravedad de los hechos”.

CONTRERAS VUELVA A LA CÁRCEL

El 2 de abril, el Ministerio Público volvió a requerir la presencia de Contreras en el Tribunal de Garantía, esta vez, por una causa distinta: TomArte. La fiscalía comunicó al exseremi que ahora lo investiga por otros cuatro delitos de fraude al fisco debido a convenios suscritos con esta fundación. El arquitecto quedó en prisión y regresó a la Cárcel Concesionada de Antofagasta.

Dos días más tarde, directora de TomArte, Kelly Betancourt, también quedó en prisión preventiva por cuatro delitos de fraude al fisco y uno de lavado de activos. Esa investigación apunta a cuatro convenios por $456 millones firmados por la Seremi de Vivienda de Antofagasta con la fundación, entre el 20 de septiembre y 25 de octubre de 2022, cuando esta última contaba con menos de un año de funcionamiento, es decir, no tenía la experiencia necesaria para convertirse en receptora de los fondos ni menos tenía la experiencia para las tareas encomendadas.

PROPUESTA CON TENDENCIA POLÍTICA

En la misma jornada que Betancourt quedó en prisión preventiva, el abogado de la directora de TomArte aseguró que hubo una propuesta para que una fundación “con tendencia política (RD)” llevara las finanzas de la ONG. “Los verdaderos involucrados” intentaron utilizar a la organización como un medio, sin embargo, aquello no resultó porque Betancourt Acosta no lo permitió. Según el defensor, la dirigente no aceptó la propuesta para que una fundación “con tendencia política” se encargara del área contable de TomArte durante la ejecución de cuatro convenios con Vivienda.

El abogado subrayó en la audiencia que a Betancourt Acosta le propusieron la fundación Marchantes, compuesta por militantes de Revolución Democrática, para que viese el área contable de la fundación, a lo cual, su defendida se negó. “Esa es una situación que se hace presente, que está en la carpeta investigativa, dentro de la cual le habrían propuesto a Kelly que una fundación de una tendencia política se hiciera cargo de las finanzas, lo cual ella derechamente rechazo”, señaló el defensor tras la formalización.

DISOLUCIÓN DE DEMOCRACIA VIVA

El 17° Juzgado Civil de Santiago dictó la disolución de la fundación Democracia Viva, luego de una demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado en la que advierte que incurrió en una infracción grave a los estatutos. Esto se concretó el 10 de mayo y el tribunal dio por acreditados los elementos expuestos por el Ministerio de Justicia, que inició un proceso de revisión luego de que el caso estallara tras la publicación de este medio. Ahí detectaron que la fundación incumplía sus propios estatutos y también infringía el objeto social y patrimonial relacionado con el Código Civil.

“Respecto del primer punto, se hizo presente que Democracia Viva no aplicó el procedimiento de reemplazo de miembros del directorio, que sesiones del directorio se realizaban con menos de los integrantes que se requerían, que las actas de las mismas sesiones no contaban con todas las firmas, y que a veces simplemente no sesionaba”, detalló el medio antes mencionado.

El fallo agregó que el aporte social, de $300.000, fue gastado casi en su totalidad en actividades propias de la constitución de la fundación y no en la consecución de su objetivo social.

Y señaló que los convenios con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, “en nada dicen relación con su objeto social y por los cuales la demandada percibió una gran cantidad de dinero, concluyéndose -en definitiva- que no se ha destinado su patrimonio para el cumplimiento de su objeto social, cuestión de carácter esencial en este tipo de personas jurídicas”.

Sobre el segundo punto, la resolución complementa que se pudo constatar que el objeto social de la fundación es “ambiguo y carente de definiciones concretas” y que, en cuanto al patrimonio, “este no fue acreditado adecuadamente, que no se verifica estatutariamente la determinación de los beneficiarios y que su aporte social es exageradamente exiguo para el abultado objeto de la entidad”.

REFORMALIZACIÓN DE ANDRADE, CONTRERAS Y FUICA

El 3 de junio, el Ministerio Público anunció que reformalizará a Daniel Andrade, Carlos Contreras y Paz Fuica por el Caso Democracia Viva, lo cual se concreterá el 18 de julio. Según publicó La Tercera, no habrá comunicación de nuevos delitos, sino más bien especificará los alcances de las imputaciones realizadas.

CONFIRMAN PRISIÓN PREVENTIVA DE CONTRERAS

El 5 de junio, la Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó prisión preventiva que Carlos Contreras cursa por el caso TomArte. Se trató de la segunda vez que el tribunal de alzada rechazó establecer medidas cautelares menos gravosas para la exautoridad formalizada por fraude al fisco, al considerar que su libertad resulta peligrosa para la sociedad.