Ante el Juzgado de Garantía de Tocopilla, la Fiscalía logró la prisión preventiva de un imputado de iniciales J.D.S.C por el delito de abuso sexual realizado contra de una menor de edad en la ciudad de Tocopilla, atribuyéndole la calidad de presunto autor del delito.
El Fiscal Jorge Veloso señaló que los menores son las víctimas más vulnerables de la sociedad, por lo cual, la Fiscalía cuenta con una atención especial a niños, niñas y adolescentes (NNA). En este caso, la Fiscalía logró realizar una entrevista investigativa video grabada (EIVG) a la menor, la cual es un medio probatorio de calidad para acreditar el delito ante el Tribunal.
La Región de Antofagasta fue piloto a nivel nacional en la implementación de la EIVG, la cual, permite realizar tan solo una entrevista investigativa a los NNA, la que queda registrada audiovisualmente y el entrevistador es un profesional altamente calificado y entrenado. La nueva EIVG es una método que busca evitar la victimización secundaria de los menores originada por la reiteración de las declaraciones en diversas etapas del proceso investigativo (policías, peritos, fiscalía, etc) y revivir el acontecimiento delictivo. El Fiscal preciso que –en este caso- se dispuso como primera diligencia una EIVG, cuyo video pudo ser presentado ante el Juez para acreditar el hecho y solicitar la cautelar.
El delito ocurrió el día 23 de noviembre de 2021, en el sector del borde costero de la playa panteón, ubicado en calle Barros Arana con calle Tercera Poniente de la comuna de Tocopilla, aproximadamente a las 11.30 horas, cuando el imputado de iniciales J.D.S.C., abordó a la víctima de 7 años de edad, tomándola de su cintura y levantando su falda y tocando sus nalgas, actos con significación sexual y relevancia. La menor, logró escapar del imputado y dar cuenta a su familia que se encontraba en el lugar, siendo detenido a los pocos minutos por personal policial en las inmediaciones del lugar.
Ante el Juzgado de Garantía de Tocopilla, la Fiscalía solicito la prisión preventiva del imputado por la gravedad del delito y en especial por cuanto el sujeto fue condenado en el año 2017 por un delito de la misma naturaleza, siendo reincidente. El Tribunal, dispuso la prisión preventiva del imputado por estimar que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad y fijo un plazo de 60 días para agotar la investigación.