Desde el año 2001, según precisó el Servicio Médico Legal (SML), que 89 cajas con osamentas de posibles personas asesinadas durante la dictadura de Augusto Pinochet se mantenían en custodia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Ante esto, integrantes de la Agrupación de Familiares y Amigos de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Antofagasta (AFAEDA), quienes se enteraron de la situación en una reunión en Calama, reaccionaron con sorpresa, dolor, molestia y acusando una evidente negligencia del Estado.
Al respecto, Paola Plaza, ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, indicó que “mi impresión es que hubo una cadena de equivocaciones, apenas yo me enteré de la existencia tomé de inmediato todas las medidas que correspondía con el ministerio de Justicia y con las personas que están a cargo de los DDHH en el Servicio Médico Legal”, precisando que “a fines del año pasado” dio con el mencionado hallazgo.
En este contexto, es importante mencionar que, de las 89 cajas, se halló una con un rótulo denominado “Calama”. Frente a esto, se ofició de inmediato a la Corte de Apelaciones, llegando a la ministra Plaza para que ordenara las pericias pertinentes.
“Al momento de abrir la caja (la de Calama) se encontraron 5 muestras óseas, el 25 de enero del presente año, se enviaron a un laboratorio especializado de identificación genética en Austria”, señaló la subdirectora médica del SML, Marisol Prado, quien además añadió que entre 3 a 6 meses se podrían obtener los primeros informes de esas pruebas.
Asimismo, la profesional agregó que “hoy día no tenemos una explicación completa con respecto a qué transcurrió, cuál es el tiempo, por qué se fueron hacia la custodia de la facultad de medicina (U. de Chile), y cómo volvieron, pero estamos haciendo todas las investigaciones para hacer la construcción de la historia, y hacer la construcción del por qué estas cajas llegan hoy día y nosotros nos enteramos”.
De esta forma, Prado asumió su responsabilidad como institución, pero también anunció acciones. “Buscaremos a todos los responsables históricos también del porque llegamos a esta situación, entiendo que es impresentable lo que está sucediendo”, enfatizó.
Antecedentes
En 2001, el juez Juan Guzmán Tapia, en vista de que el Servicio Médico Legal no reunía las condiciones necesarias para custodiar las osamentas de las evidencias que él había recolectado, habría solicitado a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile que cumpliera con la labor de resguardar estas 89 cajas. Posteriormente, en 2016, contando ya con instalaciones adecuadas, el SML pide que se regresen a sus dependencias los restos óseos, elementos que retornan recién en enero del 2019.
Reacciones de familiares
Rodolfo Villarroel, hijo de Agustín Villarroel Carmona, ejecutado político en La Veleidosa de Tocopilla, sostuvo que “no diría es que una aparición, la información siempre la manejó el SML, es inaceptable, necesitamos respuestas urgentes, respecto a las responsabilidades o irresponsabilidades de porque esas cajas se han mantenido en secreto, hasta ahora, que tuvo que venir la ministra Plaza para poder dar conocer esta noticia a los familiares, vamos a solicitar creo las diligencias necesarias para dar con esas responsabilidades, creemos que un sumario al SML no es suficiente, aquí hay una responsabilidad política también de los gobiernos anteriores respecto a esta situación”.
En tanto, Doris Navarro, presidenta de AFAEDA Antofagasta, señaló que “para nosotros fue sorpresivo, que a esta altura de los 50 años, se venga a saber que existían estas 89 cajas, y el mea culpa de los que vienen entrando se aceptan, pero es también una responsabilidad del estado, de no haber agilizado esto, se nos han muerto familiares de detenidos desaparecidos sin saber su paradero, el estado está en deuda con todos estos familiares que aún esperan”.
Fabiola Mutarelo, hija de Vitalio Mutarelo Soca, detenidos desaparecido en septiembre de 1973, en oficina salitrera pedro de Valdivia, dijo que “esta noticia nos llega como un balde de agua fría, porque hemos buscado durante estos 50 años, algún antecedente, algún resto de nuestros familiares y ahora que nos digan que estas cajas que estuvieron a cargo de un ministro que no las gestionó es una revictimización nuevamente y recordando a los familiares que han fallecido”.
Recordemos que según la agrupación AFAEDA, a la fecha, en la región, se registran 6 personas desaparecidas de la dictadura y 94 ejecutados, provenientes de localidades como María Elena, Pedro de Valdivia, Calama y Antofagasta.
