La alcaldesa de Sierra Gorda, Adriana Rivera, solicitó a la ministra de Educación postergar el traspaso de sus establecimientos al Servicio Local de la Educación Pública (SLEP) Antofagasta, lo cual se concretaría el 1 de enero de 2027.
Rivera cuestionó que la normativa desconoce la realidad de comunas rurales y aisladas que cuentan con una baja matrícula, lo que en la práctica permite una buena administración del establecimiento de Sierra Gorda y Baquedano. La alcaldesa expuso que al entregar la educación al que será el SLEP más grande de Chile, no hay garantías de que el sistema asegure la continuidad de proyectos municipales como la educación bilingüe, salas STEM o capacitaciones en Finlandia.
“La ministra nos señaló que ella está impulsando una ley corta para postergar el SLEP en comunas con ciertas singularidades, donde calzaría Sierra Gorda. Nuestro rol por ahora sería buscar el apoyo con los senadores para que esta ley corta avance y permita abordar la situación de comunas como Sierra Gorda”, adelantó Adriana Rivera.
¿Qué información presentó en su reunión con la ministra María Paz Arzola?
Me reuní con la ministra de Educación para plantearle la realidad de Sierra Gorda respecto al traspaso al SLEP frente a todo lo que hoy tenemos. Le comenté nuestra realidad, somos una comuna pequeña, aislada, con necesidades muy distintas y particulares. Estamos insertos en un SLEP de gran tamaño, el más grande de Chile y nos preocupa que los establecimientos educacionales que son de baja matrícula y más pequeños queden postergados. Hoy tenemos la capacidad de estar cerca, porque sigo siendo sostenedora como alcaldesa, conocemos las necesidades de la comunidad educativa y damos respuesta rápida.
También le contamos a la ministra que estamos construyendo un proyecto de educación de excelencia, avanzando en un convenio con la Pontificia Universidad Católica de Chile para mejorar la calidad académica capacitando profesores. Mandamos nuestros directores a Finlandia, trabajamos en el bilingüismo y tenemos salas STEM.
No podemos poner en riesgo estos avances o aceptar un traspaso sin que estén las garantías claras de continuidad de todo lo que hemos logrado. Necesitamos resguardar lo que estamos construyendo y que se reconozca la realidad de comunas pequeñas y aisladas, que somos cerca del 30% de las comunas de Chile. Como alcaldesa mi responsabilidad es defender las oportunidades de nuestros niños, merecen una educación de excelencia y que vivir lejos de las grandes ciudades nunca más signifique que compitan desde atrás.
La ministra nos señaló que ella está impulsando una ley corta para postergar el SLEP en comunas con ciertas singularidades, donde calzaría la comuna de Sierra Gorda. Nuestro rol por ahora sería buscar el apoyo con los senadores para que esta ley corta avance y permita abordar la situación de comunas como Sierra Gorda.
¿Esa ley corta podría tramitarse antes del 1 de enero del 2027, fecha en la que se concretaría el traspaso al SLEP Antofagasta?
Eso fue lo que se acordó con el gobierno anterior, se retrasó el SLEP Antofagasta solo por este año y en enero tendríamos que traspasar. Pero si esta ley corta se logra promulgar y publicar antes, se postergaría el traspaso para las comunas beneficiadas dentro de esta ley.
Los senadores de todas las regiones tienen comunas pequeñas, aisladas, de baja matrícula. Pero no solo se reduce a las comunas aisladas y pequeñas, sino también a cada comuna donde el alcalde quiera mantener la administración de la educación. Esta ley corta permitiría que las comunas manifiesten si no quieren pasar al SLEP porque lo están haciendo mejor, demostrándolo con una gestión comprobada. No se trata de estar en contra de un modelo, se trata de buscar la mejor educación pública para los niños. Aquí lo que tenemos que poner en el centro es a los niños y quién mejor pueda responder a eso debe administrar la educación.
EXPERIENCIA REGIONAL
¿Qué dificultades observa con los SLEP? Los alcaldes de Calama y Ollagüe explican que siguen financiando a las escuelas, lo cual es una tarea compleja, porque ya no tienen recursos destinados para educación y tienen que buscar las formas administrativas para ayudar a los alumnos y establecimientos.
El SLEP vigente en la región es Licancabur y la verdad es que ha presentado un sin número de problemas y por eso estuvimos de acuerdo en que se aplazara el de Antofagasta, para que primero se resolvieran los problemas del Licancabur que comprende Calama y Alto Loa. Lo que ha ocurrido ahí es de público conocimiento porque lo han denunciado tanto las comunidades educativas como los alcaldes. Hay denuncias por los atrasos en sueldos, por bonos, cotizaciones, la infraestructura y los servicios básicos deficientes.
Esta fue una de las promesas que no se cumplió, traspasar al SLEP porque habría un avance más rápido en la mejora de la infraestructura. Tienen fallas en el agua, en la electricidad y el propio plan estratégico reconoce daños estructurales que no se han superado con el SLEP. También hay dificultades para atender a los establecimientos aislados del Licancabur, donde está Ollagüe y Alto Loa. El mismo diagnóstico señala que la dispersión geográfica dificulta la supervisión y las reparaciones no llegaron.
Especialmente en los sectores más rurales quienes se han hecho cargo de eso han sido los alcaldes. Incluso, quienes han realizado estas mejoras en cañerías que se rompen por las bajas temperaturas, después han sido denunciados a Contraloría por concejales opositores, porque dicen que tienen prohibido intervenir en esto, ya que la educación no forma parte de las competencias del municipio. Entonces, además, llegamos a estos absurdos. También aparece el problema de la inestabilidad de los docentes que se ha acrecentado en el Licancabur, con baja asistencia de los docentes, brechas en las coberturas y el servicio reconoce la rotación laboral como un problema que se acentuó más con el SLEP. Eso trae problemas de gestión, costo que finalmente pagan los niños. No perdamos de vista que el bien superior es la educación para ellos.
¿Los SLEP cuentan con recursos para asumir problemas de infraestructura? En Calama, la Escuela Valentín Letelier sufrió daños graves por un terremoto en mayo y en su reparación está involucrado la municipalidad que solicitaría recursos al Gobierno Regional.
En teoría, tiene que resolverlo SLEP, porque hacemos entrega de la administración del inmueble y cuando eso ocurre ya no es del municipio. La municipalidad no puede reparar un bien que no sea propio. Desconozco cómo lo está haciendo Calama, pero lo que sí me queda claro es que nadie está libre de que uno de sus establecimientos tenga daños por sismos.
Nos puede pasar y vemos lo que ocurre en Calama, donde no están las garantías claras para que una comuna pequeña, aislada como Sierra Gorda, pueda generar la reparación rápida de su infraestructura. Si Calama no puedo hacerlo, que es una de las comunas capitales en la Segunda Región, cuánto más nos costará a nosotros. Y esa es la reflexión, que la ley corta reconozca la diversidad territorial, porque las comunas pequeñas son el 30% de Chile.
¿Cuál es su principal preocupación por el traspaso?
El SLEP no nos da las garantías de la continuidad de los avances que hemos realizado en Sierra Gorda. No tengo garantías de que pueda financiar, porque hoy coloco mil quinientos millones de pesos, la mitad de lo que pone el gobierno. ¿Están esas garantías de financiamiento, y también de gestión? No están y eso es lo que no quiero poner en riesgo, porque hablamos del futuro, del recambio de los profesionales para la comuna, el recambio de la minería para la región y para Chile.
Si no tengo esas garantías cómo voy a traspasar si no se resguarda lo que estamos construyendo. Todas las comunas pequeñas que comparten ruralidad y aislamiento son altamente dependientes del municipio, lo hay que tener a la vista, porque también somos Chile y más aún, somos la comuna que más aporta productivamente al país y nos tienen que devolver la mano.
¿Qué espera de los senadores de la región frente a este tema?
Espero de los senadores que conocen nuestra realidad que impulsen y aceleren la aprobación de esta ley corta para no permitir que decisiones que se toman en el centralismo desconozcan las realidades territoriales y terminen perjudicando a nuestros niños.
