La crisis de planificación territorial de la comuna de Antofagasta, ha puesto en jaque el otorgamiento de patentes municipales y la visión política de desarrollo de las autoridades, toda vez que en los últimos años, dicha expresión ha visto afectada la calidad de vida de amplios sectores de la comuna, generando un descontento generalizado y la movilización de distintas organizaciones sociales en los últimos años.
En este sentido, se ha instalado un fuerte debate que nos invita a reflexionar sobre los puntos críticos de interés público que imposibilitan el desarrollo social integrado en la ciudad, y que por lo demás, obstaculizan la participación ciudadana como escenario de apertura democrática para destrabar los conflictos territoriales.
La desafección o crisis de legitimidad de las instituciones públicas, va acompañada de una pérdida de sintonía de las autoridades en relación con las principales problemáticas que afectan a la población, y sus mecanismos de solución de conflictos.
Adentrarse oportunamente en ello, requiere de rigurosidad administrativa, transparencia y probidad, cuyas características son indisolubles para una eficiente gestión pública; elementos que en el último tiempo, han estado ausentes en un sin número de actuaciones a nivel nacional, cuyas repercusiones deben ser atendidas en orden prioritario por el beneficio de las comunidades.
Hoy, las grandes mayorías aspiran a una atención transversal en cuanto al impacto de las políticas públicas y de los programas de desarrollo local, en un sentido de complementariedad respecto de las aspiraciones de cambio, progreso y desarrollo, cuyo eje de movilidad social sean los intereses generales por sobre los particulares.
Siendo este elemento del debate, el mas agudizado en los últimos meses, donde organizaciones sociales de distintos sectores de la comuna, han instalado una demanda legitima, vinculada principalmente a las problemáticas de vecinas y vecinos quienes han visto alterada su calidad de vida frente a la desatención del aparato público y municipal -a lo menos- en las siguientes materias: seguridad pública, seguridad vial, contaminación, ruidos molestos, y espacios públicos.
Conflictos que han acentuado la agenda local, frente a la necesidad de contar con una planificación territorial integrada que dialogue con las necesidades y derechos fundamentales de los habitantes de la comuna, pero también, con los polos de desarrollo económico, social y cultural.
Bajo este panorama, las movilizaciones desarrolladas en Avenida Brasil desde octubre del año 2018, no solo han estado centradas por la instalación de un local nocturno en pleno barrio residencial de la comuna, sino que también, en la necesidad de otorgar estructura orgánica a la comunidad para atender otras problemáticas o necesidades del sector, de cuya síntesis hemos iniciado un plan de trabajo que involucra la activación de redes, y la gestión multisectorial para la atención de nuestros intereses colectivos. Lo que se complementa, con la incorporación de modelos de gestión social que permiten a la comunidad ser un instrumento de cambio en su entorno inmediato, en sintonía con la historia y las particularidades del barrio.
En este sentido, hemos sido claros al manifestar que nuestro conflicto no surge de la mera actividad comercial en el sector, sino del dialogo permanente que debe existir conforme las características del entorno: de tipo residencial. Cuestión que es altamente valorado y cuidado por sus habitantes, y de cuya característica deviene un sin fin de actividades, en que la participación social y el ejercicio de derechos son fundamentales para este propósito.
Hoy todos los habitantes de la comuna somos llamados a trabajar por nuestros barrios, y conforme a ello, debemos educar activamente a la población para construir alternativas de cambio; es ahí el pilar solidario de la sociedad, que permitirá atender conjuntamente aquellas problemáticas que nos afectan transversalmente. El aislamiento es nuestro peor adversario.
En consecuencia, una mirada estratégica de desarrollo, requiere destrabar los conflictos que acentúan las repercusiones o externalidades negativas de la población; Antofagasta requiere que sus habitantes sean escuchados e incorporados en la toma de decisiones. El ejercicio de la función pública, y en especial, de los cargos de representatividad, exige en las actuales condiciones, intervenciones dinámicas para revertir los factores de riesgo que alteran la calidad de vida de los barrios, donde las personas son el foco principal.
