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viernes, 12 julio, 2024
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Caso Fachadas

Apoyar o no las modificaciones al contrato con Fundación ProCultura: la encrucijada que enfrentará el gobernador Ricardo Díaz

Para los próximos días la fundación debiera concretar una solicitud para pedir mayor plazo para la ejecución del programa de recuperación de fachadas como también la modificación de los inmuebles a intervenir, decisión que estaría en manos exclusivamente del jefe regional en medio de las críticas de los consejeros regionales, quienes prefieren terminar el contrato de manera anticipada argumentando que la iniciativa es diferente a la que aprobaron el año pasado. El departamento jurídico del Gobierno Regional aseguró que es imposible finalizar el convenio porque no existe ninguna causal que fundamente la medida, lo que dejaría expuesta a la entidad a consecuencias legales. El proyecto involucra $629 millones para la recuperación de 2.400 metros cuadrados de fachadas gracias a la generación de 38 puestos de trabajo local.

En manos del gobernador regional Ricardo Díaz queda la decisión de otorgar más plazo a la Fundación ProCultura para que desarrolle el programa “Recuperación de fachadas zona de conservación histórica”, contrato que fue aprobado en el 2022 y que involucra $629 millones para realizar trabajos en inmuebles ubicados en el corazón de Antofagasta.

La iniciativa ha sido cuestionada por consejeros regionales, quienes principalmente manifestaron que las dudas sobre la ejecución del proyecto no fueron aclaradas en la reunión con la ONG y que, frente a este escenario, lo mejor sería terminar de manera anticipada el contrato con ProCultura. Sin embargo, desde el Gobierno Regional (Gore) manifestaron que aquella medida no es posible porque no existe ninguna causal que fundamente una acción en ese sentido.

Pese a que sería inminente la solicitud de nuevos plazos por parte de ProCultura, debido a que algunas de las tres fachadas seleccionadas inicialmente estarían en duda de continuar el proceso, obligando a buscar otros inmuebles, en el Gobierno Regional aseguran que que hasta el momento formalmente no ha ingresado ninguna solicitud de modificación de inmuebles, ni tampoco se ha indicado que alguna de las estructuras seleccionadas declinara participar en el programa. Situación que podría cambiar en los próximos días, según fuentes consultadas por este medio.

Recordemos que los cuestionamientos comenzaron luego que el Gore informara que en total son tres las fachadas a intervenir, cumpliendo así con los 2.400 metros cuadrados descritos en el proyecto. Tras ello, se apuntó a que el espíritu de la iniciativa es la generación de empleo local a través de la transferencia de capacidades. Pero al analizar el programa desde esa perspectiva, los datos indican que el programa contempla trabajo para 38 personas, durante cuatro meses, a un costo que supera el medio millón de dólares.

Algunos consejeros explicaron que cuando dieron su aprobación al proyecto, según lo exhibido en la sesión del Consejo Regional, la idea era recuperar los primeros pisos de inmuebles del casco histórico que estaban vandalizados. Pero más tarde, en el detalle aparecieron estructuras que no presentan daños importantes por acción de terceros, además, se pintarían de manera completa, incluyendo todos los pisos del Edificio Colón, abarcando solo con este inmueble el 80% de la meta de 2.400 metros cuadrados. Al difundirse esta polémica, representantes de los edificios a intervenir habrían comunicado que se restaban de la iniciativa.

La posición de los cores

La consejera regional Katherine San Martin (IND) declaró que tuvieron una reunión con integrantes de ProCultura para analizar las respuestas a las dudas que plantearon como Core. “En lo personal, creo que se abrieron más aristas a consultar, hay más preguntas sin responder, porque el proyecto que se está presentando hoy no es el mismo que aprobamos. Lo que está en discusión es distinto a lo que aprobamos por unanimidad el año pasado”, aseguró.

Incluso, San Martín criticó que la coordinadora de ProCultura propuso una nueva idea, diciendo textualmente que van a “echar una manito de gato” a unos 14 inmuebles del centro para continuar con la iniciativa. “Pregunté si encontraba acorde referirse como una ‘manito de gato’ a 629 millones de pesos. Creo que esto no puede seguir, estoy en la postura de terminar el convenio. Ya hay sueldos gastados y rendiciones en las que la misma ProCultura declara haber sacado utilidades. Nosotros volvimos a preguntar y dijeron que eso era un error. Entonces, entre tantas situaciones que no están claras, tengo la convicción de que esto no puede seguir adelante con todos los cuestionamientos que tiene”, afirmó.

El también consejero regional Fabián Ossandón (IND-PR) señaló que sigue firme con lo que ha manifestado anteriormente, en cuanto a que la ejecución del programa “dista de lo que se nos presentó en el Consejo Regional. Hubiese preferido que se diera término al convenio, se restituyeran los recursos y se nos hubiera presentado una nueva iniciativa que atienda las necesidades actuales y reales de la comunidad, por ejemplo, el transitar por un centro de Antofagasta más seguro, limpio y ordenado”. Ossandón puntualizó que, si el objetivo es contribuir a la generación de empleos, para ello deben ejecutar programas que impacten y ayuden a disminuir la cesantía.

El diputado José Miguel Castro (RN) calificó como impresentable lo que quiere hacer el gobernador. “Es meter el dedo en la boca a todos los antofagastinos. Esto, por una razón bien simple, se pretendería dar un respiro o permitir una reformulación del proyecto, eso quiere decir, quizás pintar más edificios, más personas contratadas y de esa forma cumplir con lo que realmente se pensó en un principio o aumentar los plazos de rendiciones”, apuntó.

El parlamentario de oposición indicó que espera que el jefe regional se retracte de la decisión y que, en caso contrario, colocará estos antecedentes en la justicia para que determine si lo que se está haciendo es intentar salvar a esta fundación. “Por otro lado, creo que se deberían pedir las boletas de garantía si es que las tenían, porque después de lo ocurrido con Democracia Viva, nos damos cuenta de que el amiguismo es impresionante y es lo que ha permitido dar vida a estas fundaciones con más o menos años de existencia. Podría pensar perfectamente que se está haciendo un lavado de imagen, entregando de alguna forma una segunda posibilidad a un proyecto que al parecer de muchos no tenía pies ni cabeza”, criticó.

Fundamento del GORE

Sobre la idea planteada por los consejeros, el jefe jurídico del Gore, Bryan Romo, sostuvo que el término anticipado del convenio con ProCultura no es una decisión que pueda tomarla el gobernador de manera autónoma, ya que ésta debe apegarse a los términos de la ley y en particular del convenio.

“El convenio establece una serie de causales que son bastante específicas respecto de cuándo y cómo se puede terminar este convenio en forma anticipada. Hasta el momento ninguna de esas causales se ha configurado. El convenio se está ejecutando más allá de que pueda tener algunos retrasos y eso en sí mismo no es una causal de término. Si nosotros fuésemos a terminar de manera anticipada el contrato cuando no estamos en presencia de una de estas causales, el Gobierno Regional primero estaría incurriendo en una ilegalidad y eventualmente estaría expuesto a responsabilidades patrimoniales, tanto el gobierno como el gobernador. Entonces, no es una decisión que se pueda tomar de manera infundada o de manera discrecional. Luego de evaluar la materia, creemos que no es lo mejor para el interés del Gobierno Regional terminar anticipadamente el convenio, sino que continuar su ejecución y es lo que hemos planteado los consejeros, haciendo algunas modificaciones para hacernos cargo de sus inquietudes”, dijo el abogado.

Pablo Rojas, jefe de División de Planificación Regional del Gore, precisó que la solicitud de ampliación de plazos en proyectos públicos es una práctica habitual. Y en este caso particular, afirmó que la fundación lo había solicitado desde el inicio principalmente por dilaciones en algunos procesos de solicitud de permisos sectoriales para intervenir fachadas y que se alargaron más de lo adecuado. “Es importante mencionar que a propósito de proposiciones que hizo el mismo Consejo Regional en sesiones anteriores, la fundación nos ha comunicado en reuniones que ha evaluado en función de inmuebles que se definieron o se predefinieron al inicio del proyecto, en las etapas donde se hizo una preselección, de poder incorporar y eventualmente modificar algunos inmuebles en la etapa de ejecución de obras. Sin embargo, es importante clarificar que hasta el momento y de manera formal al Gobierno Regional por parte de la fundación ha ingresado solamente la solicitud a través de oficio de ampliación de plazo y esperamos que eventualmente la fundación ingrese una solicitud de modificación de inmuebles en caso de que eso sea así”, aclaró Rojas.

El jefe de división enfatizó que, hasta el momento, al Gobierno Regional formalmente no ha ingresado ninguna solicitud de modificación de inmuebles, ni tampoco formalmente la fundación ha indicado que alguno de los seleccionados preliminarmente declinara su participación en el programa.

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