El presidente José Antonio Kast anunció el envío de un proyecto para reformar el Sistema de Admisión Escolar (SAE). El mandatario detalló que la idea del gobierno es que los establecimientos que queden sin vacantes por exceso de postulaciones puedan considerar criterios “objetivos y no discriminatorios” en su proceso de admisión. La iniciativa tuvo una recepción llena de matices entre diputados de Antofagasta, quienes expresaron posturas que van desde el apoyo total a la propuesta, el respaldo bajo ciertas condiciones estructurales y hasta la desconfianza en el texto que finalmente llegue al Congreso.
Presidencia anunció ayer el proyecto para modificar el SAE que funciona con la asignación aleatoria de matrículas. La idea del Ejecutivo es implementar la Elección Mutua y la Asignación Aleatoria, que funcionará a través de una plataforma única administrada por el Ministerio de Educación.
Según lo informado por el gobierno, si algún establecimiento no desea adherir a este sistema podrá continuar utilizando el método actual. La reforma pretende que “los establecimientos con sobredemanda puedan considerar criterios objetivos y no discriminatorios, tales como la adhesión al proyecto educativo, la participación en actividades informativas, el rendimiento académico desde 7° básico, la proximidad territorial y aptitudes vinculadas a programas de especialización”.
En ese contexto mantendrá resguardos para la inclusión, contemplando cupos para estudiantes prioritarios y alumnos con discapacidad o necesidades educativas especiales permanentes. “Asimismo, busca responder a las principales críticas que ha recibido el actual SAE, donde una alta proporción de las vacantes en establecimientos de alta demanda se asigna mediante sorteo. La iniciativa apunta a fortalecer la confianza de las familias en el proceso de admisión, promover el reconocimiento del esfuerzo de los estudiantes y otorgar mayor autonomía a las comunidades educativas”, comunicó Presidencia.
“VALORAMOS CRITERIOS OBJETIVOS”
El diputado Carlo Arqueros (Republicano) manifestó su apoyo al texto del Ejecutivo, argumentando que cuando el acceso a establecimientos con alta demanda depende principalmente de un mecanismo de asignación centralizado, el mérito académico, el compromiso de las familias y la adhesión a un proyecto educativo quedan en un segundo plano.
“Por eso valoramos que esta iniciativa incorpore criterios objetivos dentro de un sistema mixto de postulación, permitiendo considerar aspectos como el rendimiento académico y la afinidad con el proyecto educativo. Igualdad de oportunidades y mérito no son conceptos opuestos; son principios que deben convivir en un buen sistema educativo”, aseguró el parlamentario oficialista.
“DÉFICIT CRÍTICO DE INFRAESTRUCTURA”
La diputada radical Marcela Hernando manifestó que estudiará el proyecto porque introduce un cambio metodológico importante. Sin embargo, señaló que en la Región de Antofagasta la efectividad real de esta ley no se medirá en el papel, sino en las salas de clases.
“De nada serviría cambiar las reglas del juego y que mejore la forma de asignar el colegio a cada niño o joven, si seguimos teniendo un déficit crítico de infraestructura, en nuestra región faltan cupos para nuestros jóvenes. El cambio normativo tiene que ir de la mano, hoy mismo, con una aceleración real en la construcción de nuevos recintos -tanto públicos como particulares subvencionados- y la ampliación de sobrecupos normados. La tómbola frustraba a las familias, pero la falta de bancos y colegios para absorber nuestro flujo demográfico es el verdadero dolor que urge solucionar”, apuntó la legisladora.
“GRANDES ANUNCIOS Y TRAMPA EN EL TEXTO”
Una mirada crítica y de desconfianza lanzó el diputado Jaime Araya (IND-PPD), quien cuestionó el proyecto al compararlo con las últimas iniciativas del gobierno tramitadas en la Cámara.
“Este gobierno se caracteriza por usar muy buenos nombres y luego presentar proyectos que son desastrosos. Entendiendo que, en algunos casos, el actual sistema ha presentado problemas que requieren ajustes, a lo cual estoy disponible para conversar sobre ello, primero quiero ver el proyecto que ingresa el gobierno. Ya tenemos experiencia de que parten hablando de una cosa y terminan haciendo otra. El gobierno no es merecedor de ninguna confianza, está enfocado en destruir todos los avances sociales del país y, desde ese punto de vista, lo más prudente y responsable es esperar el proyecto antes de poder emitir una opinión”, cuestionó Araya.
Para el diputado, un ejemplo de sus críticas es la ley de incivilidades y registro de actos vandálicos, la que calificó como “un buen titular” para solucionar un problema real, pero que terminó siendo un proyecto que “no se entiende”.
El parlamentario sostuvo que independiente de si el texto ingresará por la Cámara o el Senado, el primer trámite constitucional implica necesariamente que la comisión técnica especializada, que en este caso debiera ser la de Educación, tendría que revisarlo.
“Cada parlamentario, no obstante, sin ser miembro de la comisión puede participar en el debate opinando o haciendo indicaciones, lo único que no pueden hacer es votar. Sin embargo, espero que el gobierno cautele un espacio de discusión razonable de temas que son de suyo complejo”, adelantó.
El gobierno, emplazó Araya, como “no tiene resultados en materia de seguridad, lo que era su gran promesa, se ha caracterizado por tratar de sacar proyectos de ley exprés. Trata de tomar la agenda con anuncios rimbombantes, así que no caeré en la trampa permanente de tratar de llevarnos discusiones imaginarias”.
Por último, el legislador indicó que lo importante es que ingresen el proyecto y la comisión técnica tenga el debate parlamentario que corresponda. “Insisto, el sistema actual tiene dificultades, nadie lo puede negar, requiere ajustes y perfeccionamiento, pero muchas veces el gobierno hace grandes anuncios y termina haciendo trampa en el texto que ingresa a discusión en el Congreso”, concluyó Araya.
