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miércoles, 29 mayo, 2024
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Columna de opinión

Cárceles urbanas, ¿de quién es la pena?

"El traslado de los penales fuera del radio urbano reduciría significativamente el riesgo de incidentes para esos vecinos, les brindaría una mayor tranquilidad y permitiría iniciar proyectos de mejora de la calidad de vida para esos barrios": Senadora Paulina Núñez Urrutia

La reciente fuga de tres internas del Centro Penitenciario Femenino de Antofagasta y el frustrado atentado con explosivos en el penal de Calama, hace sólo unas semanas, no pueden quedar una vez más en la anécdota. Por eso, el 20 de junio pasado, junto a un grupo transversal de senadores, impulsé un proyecto de acuerdo para que el Ministerio de Justicia evalúe una fórmula definitiva que nos permita sacar las cárceles de las ciudades en todo el país.

Argumentos para tomar la decisión hay muchos, pero el principal es humanitario. ¿Por qué deben ser esos miles de familias que viven al lado de una cárcel las que paguen “la condena” del temor constante, del riesgo de su integridad física o derechamente de sus vidas ante un potencial motín, y de vivir en barrios deprimidos y estigmatizados? Si la Justicia es dar a cada quién lo suyo, este es un claro ejemplo de cómo un Estado fallido puede cargarle a personas inocentes una pena que no merecen.

Lo que nos corresponde, entonces, es que, derrotando el pesimismo de Charles Bukowski, quien temía que el único momento en que las personas piensan en la injusticia es cuando les sucede a ellos, es que hagamos algo al respecto. Es cierto que la lista de prioridades es tal, que suele abrumarnos, pero partamos por coincidir en que el traslado de los penales fuera del radio urbano reduciría significativamente el riesgo de incidentes para esos vecinos, les brindaría una mayor tranquilidad y permitiría iniciar proyectos de mejora de la calidad de vida para esos barrios.

Para los propios reclusos, que están privados de libertad, pero no de decidir sobre su futuro luego de cumplir sus penas, contar con penales con mayor espacio para actividades de reinserción, donde se puedan desarrollar talleres, donde puedan encontrar herramientas para romper el círculo delictual, y a un nivel básico, donde se respete su dignidad como personas, también es fundamental.

Para los gendarmes, que tienen como misión garantizar el cumplimiento eficaz de las penas privativas o restrictivas de libertad, y que hoy desarrollan su función con más de 49 mil reclusos, en cárceles con capacidad para 41 mil, contar con nuevos recintos, que permitan evitar las situaciones de hacinamiento, es fundamental para su trabajo y su propia seguridad. En la cárcel de Antofagasta, han denunciado que cuentan sólo con 20 funcionarios para custodiar a 1.400 internos.

En esa línea, es necesario distinguir entre los reclusos que buscan la rehabilitación social y aquellos que persisten en una actitud criminal. Hace unas semanas, el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, Mario Benítez, señaló en El Líbero que “hay más de 800 bandas de crimen organizado o bandas delictuales al interior de los centros penitenciarios” y que, pese a la intervención de las autoridades, muchas de ellas siguen operando. Evidentemente, el que las cárceles estén ubicadas en medio de las ciudades facilita la comunicación con el exterior y dificulta las medidas que buscan cortar los puentes con sus “socios” en las calles.

A la luz de estos hechos, es imperativo que reflexionemos sobre la ubicación de las cárceles en los centros urbanos. Evidentemente, esta propuesta no será respaldada por todo el mundo. Para quienes defienden el rol moralizante o pedagógico de las cárceles en las ciudades, como una forma de recordar que un eventual delito te puede llevar a esa prisión que está a la vista, déjenme decirles que las cifras no están de su lado. A la fecha, respecto a 2022, los robos con violencia han aumentado un 17%, con sorpresa un 27%, lo delitos de lesiones un 9% y los homicidios, 427 en la primera mitad del año, se mantienen en el peor nivel de nuestra historia.

En una declaración que espero haya sido sólo un lapsus, por la falta de empatía, el ministro de Justicia, Luis Cordero, se quejó de la negativa del alcalde de Calama a que la nueva cárcel de la comuna se ubique demasiado cerca de la ciudad. “Todos queremos más cárceles, pero nadie las quiere cerca”, dijo el ministro. Seguramente él tampoco y por eso lo invito a buscar fórmulas para que respetemos esa aspiración, sin distinciones ni diferencias. Estoy segura que se trata de un objetivo compartido.

 

 

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