El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago se declaró incompetente para conocer las aristas Democracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo del Caso Convenios, agrupadas en una sola investigación, estableciendo que el tribunal competente para continuar el proceso es el Juzgado de Garantía de Antofagasta.
La decisión fue adoptada tras una audiencia convocada para resolver la competencia del tribunal para tramitar esta causa. En ella existe una acusación de la Fiscalía por 12 delitos de fraude al fisco y dos delitos de lavado de activos, la que había sido derivada a Santiago por la Corte de Apelaciones de Antofagasta en mayo de este año.
Para resolver el conflicto, la jueza Estefanía Asenjo aplicó las normas del Código Orgánico de Tribunales, que establecen que cuando existen múltiples hechos investigados de manera conjunta, la competencia corresponde al tribunal del lugar donde se inicia la ejecución del primer delito.
En ese contexto, la magistrada determinó que el primer acto que constituye el inicio de ejecución del delito de fraude al fisco ocurrió el 1 de julio de 2022, con la suscripción de un convenio entre la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta y la Fundación para la Superación de la Pobreza (Fusupo).
En su resolución, el tribunal estableció que este hecho ocurrió en la ciudad de Antofagasta, circunstancia que determina la competencia territorial del tribunal antofagastino para continuar con la causa.
Cabe recordar que en mayo pasado la Corte de Apelaciones de Antofagasta había declarado la incompetencia del Juzgado de Garantía de Antofagasta para conocer esta investigación, ordenando su traslado al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, decisión que fue cuestionada por el Ministerio Público.
Finalmente, acogiendo la postura de la Fiscalía Regional de Antofagasta, el Octavo Juzgado de Garantía resolvió devolver los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Antofagasta para que determine si insiste en derivar la causa a Santiago.
De ocurrir aquello, se generará una contienda de competencia que deberá ser resuelta por la Corte Suprema.
