El próximo 12 de febrero de 2024, en el Centro de Justicia de Santiago, comenzará a resolverse uno de los casos más polémicos de presunta estafa, robo de maquinarias y polémicas varias en la industria minera de la Región de Antofagasta.

Se trata de una historia iniciada hace casi 10 años, en septiembre de 2014 y protagonizada por la empresa Parasnath Commodities Pte. Ltd., sociedad constituida en Singapur, dedicada al negocio de exportación de bienes y Francisco “Frank” Lourenco, empresario australiano, líder del proyecto Caprica Iron Project, quien fue querellado criminalmente por el presunto delito de estafa, hechos por los que incluso ya pasó algunos meses en la cárcel.

Los demandantes acusan un perjuicio de seis millones de dólares y la Corte debe decidir el sobreseimiento definitivo del asunto, cuestión que los afectados, obviamente, rechazan.

Proyecto Caprica

La querella interpuesta contra Lourenco también involucra a Verónica Patricia Rojas Díaz, secretaria, esposa de Lourenco; Juan Carlos Saavedra Cruz, abogado y Elvira Parker, hermana de Lourenco, y de todos quienes resulten responsables del delito de estafa penal tipo penal.

La clave de esto es el proyecto Caprica, un supuesto mineral de hierro ubicado en la Región de Antofagasta, a 45 kilómetros de Mejillones, que Lourenco logró capitalizar, aunque nunca operar.

El negocio partió en abril de 2012 cuando Lourenco se asoció con el Banco BCI (institución que le ofreció el negocio) y que a través de un fondo de inversión privado, había comprometido el 50% del financiamiento.

Caprica fue ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) en junio de ese año y prometía una producción mensual de 600 mil toneladas de material de alta calidad. Lourenco esperaba procesar estas toneladas en una planta concentradora en seco. A pesar de la autorización obtenida en diciembre, el BCI abandonó el negocio poco después, ofreciendo vender su participación por un millón de dólares, que debieron ser pagadas al contado.

Sin embargo, en agosto de 2013, representantes chinos se interesaron en el proyecto. Entre ellos estaba Lucero Garza, gerenta de Adquisiciones para América en National Building Materials Shanghai Corp (CNBM), una empresa vinculada al gobierno chino. Tras negociaciones en septiembre, se firmó un acuerdo en octubre para enviar 60 mil toneladas mensuales de hierro con una ley del 63%. Parasnath Commodities Pte. Ltd. (PCPL), empresa india liderada por Vira Chand Bothra, se unió al negocio para manejar la logística.

Ambas compañías hicieron inversiones significativas: los chinos a través de CNBM y los indios con un adelanto de 5 millones de dólares, bajo el compromiso de enviar entregas periódicas de hierro hasta completar la cifra acordada. Sin embargo, en enero de 2014, los indios cumplieron con su parte sin recibir ningún cargamento. Lourenco solicitó un millón de dólares adicionales para la logística, que también se entregaron, totalizando una demanda de 6 millones de dólares.

El contrato se vino abajo el 7 de julio de 2013, cuando los indios lo cancelaron y decidieron demandar a Lourenco por estafa, mientras que él los acusaba de incumplir un adelanto de 3 millones de dólares. Los demandantes argumentan que Lourenco y otros implicados actuaron de manera coordinada y engañaron a ejecutivos extranjeros, ocultando obligaciones financieras no registradas contablemente.

“Con este monto exportarían hierro de alta calidad al corto plazo, cuestión que de antemano sabían que no era factible y que en definitiva no cumplieron. Por eso se acusa que los inversionistas extranjeros fueron perjudicados, considerando que se les engañó con documentación ideológicamente adulterada”, sostiene el escrito en el que se presentó el caso.

La historia se vio aún más complicada cuando en junio de 2017, el abogado Pedro Lyon Bascur, representante legal de la empresa china CNBM y de la india PCPL, otorgó poderes para presentar una denuncia criminal por robo en un lugar no habitado. El robo había afectado nada menos que a cinco torres de acero, una de 18 metros y otras cuatro de 10 metros de altura y acero, de más de 50 toneladas, empotradas en hormigón, parte de la planta de chancado y procesamiento de Caprica Iron Project.

El delito fue estimado en unos US$ 18 millones.

Simultáneamente, Lourenco, también presentó una querella criminal ante el mismo Tribunal de Garantía de Mejillones por el mismo delito. Esta querella fue luego ampliada, con el consentimiento del tribunal, para incluir a Pedro Lyon Bascur y Herman Oyanedel como presuntos autores del hecho.

Martín Hess, abogado de Parasnath Commodities Pte. Ltd., sostiene que como querellantes se oponen a esta nueva solicitud de sobreseimiento por parte de la defensa (pedido que el año pasado ya fue rechazada dos veces por el Juzgado de Garantía y hace un mes -diciembre de 2023- por parte de la Corte de Apelaciones).

“Los antecedentes son más que suficientes para poder establecer que el imputado Lourenco efectivamente realizó los hechos descritos en las querellas de las tres víctimas, en particular con respecto a nuestro cliente Parasnath Commodities (…) Tan efectivo es aquello que tanto el 4° Juzgado de Garantía de Santiago como la Corte de Apelaciones, en múltiples oportunidades revisaron los antecedentes y estuvieron de acuerdo con la efectividad de los hechos, por lo que no solamente se decretó la prisión preventiva del señor Lourenco, sino que además Lourenco se mantuvo por cerca de seis meses en prisión”, citó Hess.

Prescripción

Con respecto a la prescripción, los querellantes se oponen a la solicitud de sobreseimiento porque no ha sido posible determinar cuántos días Lourenco ha estado fuera del país. Esto es muy relevante porque los días en que ha estado fuera se cuentan como medio día de cara al plazo de prescripción.

Por ello, -según Hess- es necesario tener certeza sobre sus salidas y entradas al territorio nacional, y dado que Lourenco tiene cuatro pasaportes distintos -lo que fue incluso uno de los motivos por los cuales se detuvo en su oportunidad y se decretó su prisión preventiva-, no se ha podido determinar los días y las ocasiones en que ha salido, ni tampoco el documento de identificación que ha usado.

Han llegado distintos informes de la Policía de Investigaciones con la información de sus salidas, pero han sido incompletos e imprecisos, por lo que los querellantes acusan que no sirven para acreditar o para establecer claramente cuantos días estuvo fuera del país.

“A pesar de todo lo anterior, el equipo legal de la defensa de Lourenco insiste y reitera su solicitud de sobreseimiento definitivo. Equipo legal que desde el 24 de junio del año 2016 integró el abogado Antonio Rojas Araya quien asumió formalmente el patrocinio de la defensa de Lourenco y desde entonces participó activamente en el caso, estuvo presente en diversas audiencias de relevancia, incluso cuando se alegó el sobreseimiento definitivo, y estuvo presente también en múltiples alegatos en la Corte de Apelaciones. Posteriormente Rojas asumió también la defensa de los coimputados Verónica Rojas (cónyuge de Francisco Lourenco) y Juan Carlos Saavedra. En tal calidad, además de su participación en audiencias y ante el Ministerio Público, el abogado Antonio Rojas Araya sostuvo distintas reuniones con los abogados querellantes, buscando intermediar acuerdos que nunca satisficieron el perjuicio sufrido por las víctimas, sino que más bien estaban encaminados a proponer nuevos negocios y proyectos para saldar las inmensas deudas. Estos acercamientos nunca fueron aceptados por las partes, ya que siempre involucraban una nueva inversión de parte de las empresas defraudadas y además tenían como base un proyecto minero inviable desde sus inicios”, dijo Hess.

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