Un duro informe emitió la Contraloría Regional de Antofagasta respecto del contrato de arriendo suscrito por la Municipalidad de Antofagasta para el inmueble ubicado en Manuel Antonio Matta N°2646-2648. La investigación concluyó que se desembolsaron $180 millones en rentas durante periodos en que el edificio no había sido recibido o no se acreditó su utilización efectiva para los fines que justificaron su contratación.
Se trata del Informe Final de Investigación Especial N°569, fechado este 29 de septiembre de 2026, que revisó el contrato y los pagos realizados entre marzo de 2025 y junio de 2026.
El documento concluye que las respuestas entregadas por la casa consistorial no permitieron subsanar ninguna de las observaciones planteadas previamente por el organismo fiscalizador, por lo que estas fueron mantenidas íntegramente.
$180 millones cuestionados
Uno de los principales hallazgos apunta directamente al pago del arriendo.
Contraloría estableció que entre marzo y junio de 2025 la Municipalidad desembolsó $72 millones, pese a que el inmueble todavía no había sido recibido materialmente y permanecía sujeto a reparaciones y trabajos de habilitación que correspondían a la arrendadora. La recepción recién se formalizó el 9 de julio de ese año.
A ello se suman otros $108 millones pagados entre julio y diciembre de 2025. En este caso, Contraloría determinó que no fue posible acreditar que durante esos meses el edificio estuviera siendo utilizado efectivamente para los fines institucionales que motivaron el contrato. La ocupación de las dependencias municipales se produjo gradualmente recién entre enero y marzo de 2026.
Por ambos conceptos, el organismo anunció que formulará un reparo por $180 millones ante el Juzgado de Cuentas.
Contrato por $18 millones mensuales
El contrato fue aprobado por el Concejo Municipal en febrero de 2025 y posteriormente suscrito entre la Municipalidad y Lorena Jiménez Rentas SpA. Se pactó por cuatro años, desde el 1 de marzo de 2025 hasta marzo de 2029, con una renta mensual de $18 millones, reajustable anualmente en un 5%.
Sin embargo, Contraloría detectó que el municipio contrató el inmueble sin contar previamente con antecedentes técnicos suficientes que justificaran su selección. El informe utilizado para sustentar la decisión fue elaborado el 13 de mayo de 2025, casi tres meses después de la firma del contrato.
Además, el destino proyectado para el edificio fue cambiando: primero se contempló trasladar distintas direcciones municipales, posteriormente instalar allí los Juzgados de Policía Local y más tarde utilizar transitoriamente las instalaciones para otras dependencias.
Contraloría cuestiona las condiciones del contrato
El organismo también detectó debilidades en la propia elaboración del acuerdo con la arrendadora.
Según el informe, el contrato no contempló plazos, hitos verificables ni mecanismos formales de recepción que permitieran controlar las reparaciones y habilitaciones que correspondían a la propietaria. Tampoco incorporó multas, compensaciones o una posibilidad de término anticipado por razones de interés público o cambios en las necesidades municipales.
Contraloría también cuestionó la falta de supervisión de la Dirección de Operaciones, señalando que no encontró antecedentes de inspecciones, informes, visitas o mecanismos formales de seguimiento para comprobar que la arrendadora cumpliera las obligaciones asumidas.
Obras por más de $683 millones
Otro capítulo de la investigación abordó la licitación “Habilitación Oficinas Edificio M.A. Matta”, adjudicada a COMAVI SpA por $683.341.299, destinada a remodelar y habilitar el inmueble.
El informe señala que la empresa adjudicataria obtuvo solo 50% del puntaje máximo en el criterio “Propuesta Técnica”, pese a que las bases establecían un mínimo de 80% para continuar en evaluación. Ante esta situación, el municipio informó a Contraloría el inicio de un procedimiento de invalidación de los actos administrativos asociados a la licitación y al contrato adjudicado.
Contraloría también advirtió que se proyectaba ejecutar obras por más de $683 millones en una propiedad privada sin que existiera un instrumento contractual que regulara los efectos patrimoniales de esa inversión, incluyendo mecanismos de restitución, compensación o resguardo de las mejoras realizadas con recursos públicos.
Eso sí, el organismo desestimó uno de los cuestionamientos planteados originalmente respecto de la pertinencia de las obras, al establecer que estas tenían una finalidad municipal y estaban destinadas a adecuar el edificio para el funcionamiento de los Juzgados de Policía Local.
Contraloría anuncia sumario
El informe también da cuenta de que la investigación se originó a partir de dos denuncias presentadas por la concejala Karina Guzmán, relacionadas con la formalización del contrato, el pago de rentas mientras el inmueble permanecía sin uso y la inversión proyectada para su habilitación.
Tras analizar los antecedentes y la respuesta municipal, Contraloría resolvió mantener las observaciones y anunció que iniciará un procedimiento sumarial en la Municipalidad de Antofagasta para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.
Además, entre las medidas ordenadas, el municipio deberá acreditar dentro de 60 días hábiles la elaboración, aprobación e implementación de un manual para la confección y revisión de contratos administrativos, de arrendamiento y comodato.
