La comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional aprobó dos artículos transitorios de una norma vinculada al derecho de los pueblos y naciones preexistentes a la tierra, territorio, recursos y bienes nacionales.
Según consigna Biobio.cl, y de acuerdo al documento ingresado, el objetivo de estas propuestas es impulsar a mediano plazo el desarrollo legislativo y de políticas públicas que materialicen los derechos y garantías de los pueblos originarios.
Ambas iniciativas fueron visadas por 13 votos a favor, 4 en contra y una abstención, desatando evidentes muestras de felicidad en los constituyentes de escaños reservados.
El primer artículo indica que el gobierno deberá constituir una comisión especial, plurinacional y paritaria, que impulse las bases de una “política de saneamiento, catastro y restitución de las tierras, aguas, territorios indígenas históricos y espacios sagrados”. Lo anterior, dentro de los cinco primeros meses posteriores a la entrada en vigencia de la nueva Constitución.
Las tierras indígenas históricas catastradas, que estén en posesión del Fisco, serán transferidas a título gratuito a las comunidades indígenas respectivas dentro de un plazo máximo de dos años, una vez que presenten solicitud ante el organismo correspondiente designado por la Comisión a que hace referencia este artículo.
Concesiones mineras en territorio indígena
El segundo artículo aprobado -consigna el mismo medio digital- decreta la nulidad de todos aquellos permisos, autorizaciones o concesiones de exploración y explotación mineras, áridos, aguas, forestales y mega proyectos de generación eléctrica que recaigan sobre bienes naturales en territorio indígena.
Según el documento, esto será así cuando estos permisos “hayan sido otorgados o implementados sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas del territorio o la debida consulta, por tratarse de actos vulneratorios de los derechos a la integridad de las tierras y territorios indígenas”.
Finalmente, se evaluarán nuevas autorizaciones en un plazo no mayor a dos años, después de “los correspondientes procesos de consulta y consentimiento previo, libre e informado, de acuerdo a las normas en la materia y estándares internacionales aplicables”.
Cabe destacar que estas propuestas son votadas en general, por lo que todas las que sean aprobadas pasarán a un texto sistematizado. Luego, los constituyentes podrán presentar indicaciones para pasar a su discusión en particular.
Finalmente, lo que sea visado en este proceso pasará al Pleno, donde deberá ser ratificado para formar parte del borrador de la nueva Carta Magna.
