En medio del aumento de amenazas a establecimientos educacionales en la región, tras el ataque registrado en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, abordó los criterios legales que determinan la persecución penal de estos hechos, junto con las eventuales sanciones asociadas.
El persecutor explicó que el Ministerio Público tiene la obligación de actuar ante cualquier hecho que pueda constituir delito, incluso sin denuncia formal, por lo que actualmente se investigan todas las amenazas registradas en la zona.
En ese contexto, precisó que no todos estos casos necesariamente configuran delito, ya que deben cumplir ciertas condiciones establecidas en la ley, particularmente en cuanto a su veracidad y seriedad.
“Si esto queda en una simple amenaza, es decir, el anuncio de que se va a hacer algo respecto de alguien o algún establecimiento, podría ser, en la medida que se cumplan los requisitos penales —veracidad y seriedad—, tratado como un delito de amenaza y va a tener las consecuencias penales que corresponda. Si no se logra establecer esos requisitos (…) no se va a poder continuar con la persecución penal”, explicó Castro Bekios.
Pese a ello, recalcó que todas las denuncias son abordadas en una primera etapa investigativa. “Inicialmente, estamos investigando todos los hechos”, añadió.
En cuanto a las sanciones, explicó que, de cumplirse estos criterios, las consecuencias penales pueden ser significativas. “En general, las amenazas tienen penas de simple delito; es decir, normalmente va a tener una pena de 541 días (…) pero hay otras que pueden sobrepasar esa pena”, indicó.
El fiscal regional también informó que ya existen avances en algunos casos en la región, con personas formalizadas —como en un hecho vinculado a la Universidad de Antofagasta— que actualmente se encuentran con medidas cautelares, además de otro caso que involucra a un menor en Calama.
Asimismo, advirtió sobre los efectos que puede generar la difusión de detalles en este tipo de casos, especialmente en jóvenes. “Muchos de estos mensajes y detalles hacen que otros adolescentes y menores tomen la decisión de materializarlo”, sostuvo.
Finalmente, indicó que el Ministerio Público trabaja de manera coordinada con las policías, desarrollando diligencias que varían según el tipo de amenaza y el medio por el cual se realiza.
