Según datos de la Cámara Chilena de la Construcción, este déficit se viene arrastrando desde el año 2006 a la fecha el cual quedó plasmado en el «Estudio de Vivienda Social» que tiene por finalidad entregar una radiografía respecto a los programas habitacionales, las ejecuciones presupuestarias y la realidad de los terrenos para el desarrollo de proyectos.
Según declaraciones del presidente de la CChc Antofagasta, Jaime Tolosa:
[blockquote style=»1″]Este informe será entregado a las autoridades regionales recién asumidas, con la finalidad de contribuir a la creación de instancias de diálogo y debate para avanzar con mayor rapidez y lograr ejecutar proyectos durante el 2014. [/blockquote]
DATOS DUROS
El 2013 se otorgaron 2.642 subsidios (en los distintos programas disponibles para la región), de los cuales se ejecutaron 1.867, cifra más baja desde el 2007 a la fecha.
En cuanto a las viviendas sociales, del 2006 a la fecha se han entregado 4.853 unidades, de las cuales 1.530 son de Antofagasta y ninguna fue entregada el año 2013.
En la región son 21.104 las nuevas viviendas que se necesitan, de las cuales, 12.376 son para saldar el número de allegados y 9.260 para dar solución a los grupos de hacinados.
PROPUESTA
La CChC propone como medida para liberar suelo y tener mayor stock utilizar la fórmula del canje de terrenos a las inmobiliarias a cambio de urbanización o la venta con condiciones, además de aplicar la Ley de Financiamiento Urbano Compartido (FUC).
Sobre los subsidios, es necesario aplicar programas diferenciados tomando en cuenta la distorsión económica que genera la minería en la zona y evaluar el mercado secundario de viviendas (viviendas usadas bien localizadas) como incentivo para el subsidio al arriendo.
Finalmente, se advierte la necesidad de planificar adecuadamente entre organismos públicos y privados, para disminuir por ejemplo los excesivos tiempos de traspaso de terrenos desde Bienes Nacionales hacia Serviu, la revisión de los proyectos por parte de las unidades técnicas y las demoras en los estados de pagos, antecedentes que desincentivan a las empresas constructoras a materializar proyectos de vivienda social y dedicarse a trabajar para este segmento.
