A mediados de octubre, Johana Rivera Tijerina, excandidata al Consejo Constitucional y jefa de gabinete del seremi de las Culturas, Claudio Lagos, entregó a la Delegación Presidencial Regional (DPR) una carpeta con supuestas infracciones administrativas cometidas al interior de la repartición. Cuatro días después, la delegada Karen Behrens remitió el caso al ministerio a fin de que instruyera los procedimientos administrativos para esclarecer los hechos.

Una de las irregularidades que dio cuenta la funcionaria ocurrió el 10 de agosto de 2022, cuando Lagos autorizó la contratación directa de la productora audiovisual de Nestor Morales, con quien mantendría una relación de amistad.

Siempre de acuerdo a los documentos, la contratación que asciende a los $9 millones y que abarcaba las fechas del 12 de agosto al 10 de diciembre de 2022 fue para “servicios personales especializados consistentes en asesoría y levantamiento de plan de acción y pilares estratégicos con enfoque migrante”. Quien asumió la responsabilidad de verificar la idoneidad del proveedor fue el coordinador regional de Ciudadanía Cultural.

Del mismo modo, el 27 de diciembre de ese mismo año, la autoridad aprobó la transferencia de $11.800.000 a la empresa de Morales, en esa oportunidad para llevar a cabo el proceso denominado “Creación de Propuestas y Modelamiento de Enfoques y Lineamientos Quinquenales en Culturas, Artes y Patrimonio en la Región de Antofagasta”.

Rivera, para dar a conocer los eventuales vínculos, hace referencia a una publicación en Instagram de Morales junto a su pareja, con fecha 1 de octubre de 2021, en la cual el seremi comenta “felicitaciones amigos”. Así, según consigna el texto remitido al ministerio, existiría “una relación de “amistad” anterior a la fecha de las contracciones supra referidas”.

Acta de seguimiento de convenios

Igualmente, en el reporte, menciona que Lagos autorizó la contratación directa por $6 millones de la proveedora de iniciales M.D.O.S, a fin de que prestara asesoría en sistematización, acompañamiento y análisis de la información producida en el marco del programa Red Cultura.

Sobre este caso, explica: “Que en la resolución de marras, se deja constancia que es el seremi quien califica los servicios que se requieren contratar como personales especializados y quien asumió la responsabilidad de verificar la idoneidad de la proveedora en los servicio a contratar fue el coordinador regional de Ciudadanía Cultural y uno de los medios de verificación que la contratación exigía era “contar con medios de verificación e información sistematizada” como lo son “acta de reunión, acta de seguimiento de convenios, catastro de actores culturales, fotografías, etc”.

“Que, conforme a lo expuesto podría eventualmente estar presente alguna infracción de carácter administrativo, como una inobservancia al artículo 12° de la Ley N° 19.880 “deber de Abstención” y/o alguna falta el principio de probidad administrativa que gobierna el actuar de todo funcionario público. Pues bien, en el contexto que comento y en base al principio de coordinación establecido en el artículo 5 de la Ley N°18.575 artículo 61° letra g), k) y/o l), y demás normas pertinentes, remito los antecedentes descritos y otros allanados por la funcionaria Rivera, a fin de que usted como autoridad de la cartera ministerial de la que dependen los involucrados, tenga a bien ordenar los procedimientos administrativos que estime de rigor para el esclarecimientos de los hechos si los estima pertinente”, cierra el oficio enviado por Behrens.

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