Lo he aprendido en la calle, conviviendo por años con los vecinos de la región de Antofagasta, pero también en muchos otros rincones del país, con familias que sufren en carne propia la violencia o la delincuencia: Cuando se trata de cuestiones fundamentales para la seguridad y bienestar de las personas, los cambios de opinión de una autoridad o de un gobierno son siempre bienvenidos, siempre valorados, sin importar el color político, si es que van en favor de la ciudadanía.
Por eso, el anuncio de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, respecto a la decisión del Ejecutivo de introducir prontamente cambios a la ley 21.325 de Migración y Extranjería, con el objetivo de facilitar la expulsión judicial de extranjeros que cometan delitos con condenas inferiores a cinco años y un día que estén relacionados con la ley de drogas, es una buena noticia. Lo mismo ocurre con los dichos de su par de Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, que unos días antes también reconoció la necesidad de facilitar los procesos de expulsiones administrativas de aquellos extranjeros que hayan ingresado de manera ilegal o cometido delitos en nuestro territorio. Según Siches, La Moneda presentará un proyecto de ley para facilitar las notificaciones de los procesos de expulsión, que hoy son un tremendo dolor de cabeza para el sistema.
En efecto, de prosperar, tanto el anuncio de Siches, como el de la ministra Ríos se harían cargo del grueso error que marcó la tramitación de la normativa sobre Migraciones y Extranjería en el Congreso, cuando los parlamentarios de la entonces oposición, agrupada en el Frente Amplio y el PC, que hoy están en el Gobierno, se opusieron a que se incluyeran esta y otras herramientas en la ley, sacándole así varios dientes a una normativa que debería proteger eficientemente a las familias chilenas del delito, venga de donde venga.
En el caso de la ministra Ríos, de quien valoro también su capacidad de diálogo y escucha en el Congreso, creo que su propuesta no estará completa si no incorpora también otros delitos menores no asociados necesariamente a la Ley de Drogas. Tal como han dicho expertos, como la directora del área de Justicia y Reinserción de Fundación Paz Ciudadana, Ana María Morales, es fundamental que el Gobierno se abra a la expulsión amplia de quienes cometen delitos simples en el país, dejando mayor espacio a los jueces para que sean estos los que ponderen su procedencia a partir del peso de los argumentos o pruebas que presenten las partes.
Además, la medida debe contemplar también un trabajo integrado con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que permita alcanzar acuerdos con otros países de la región para que las personas que sea expulsadas de Chile tengan cárcel efectiva en sus países de origen, pues es la única forma de impedir que prontamente vuelvan a ingresar a nuestras fronteras para continuar con sus acciones delictuales.
Es cierto que muchos de los principales representantes del gobierno no han tenido una postura firme frente a la delincuencia y la violencia en el pasado, y que muchas veces incluso fueron radicales opositores a cualquier medida que fuera en favor de aplicar mano firme contra el delito. Sin embargo, la urgencia y profundidad del problema hace necesario que ninguna referencia a actuaciones pasadas empañe la posibilidad de alcanzar acuerdos y avances efectivos para la protección de las personas. En buena medida, para eso nunca es tarde.
