A casi seis meses de la publicación de los contratos entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, esta mañana el Ministerio Público formalizará cargos contra el representante legal de la ONG y el exjefe de dicha repartición pública, Daniel Andrade y Carlos Contreras, respectivamente. Ambos fueron detenidos ayer en la Región Metropolitana y comparecerán ante el Tribunal de Garantía en la ciudad, ya que fueron investigados de manera desformalizada por el fiscal Cristian Aguilar por eventuales delitos de fraude al fisco, cohecho, tráfico de influencia, negociación incompatible y malversación de caudales públicos.

Lo que comenzó en Antofagasta luego se trasladó a más regiones al detectarse una serie de irregularidades entre fundaciones que reciben fondos públicos, lo que ahora se conoce como el Caso Convenios. Aquí la cronología de Democracia Viva y los convenios que revelaron las zonas grises de las ONG que trabajan para el Estado.

16 de junio: ESTALLA EL CASO

Durante la tarde de esa jornada, este medio publicó una denuncia elevada por la asociación de funcionarios del Serviu a la Subsecretaría de Vivienda, acción que transcurrido más de un mes no tenía ninguna respuesta. Entre las preocupaciones que manifestaron estaba el hecho de que la fundación Democracia Viva en dos meses suscribió convenios por 426 millones de pesos con la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Los montos fueron traspasados en una cuota para realizar trabajos de infraestructura en campamentos, a pesar de que la ONG no contaba con experiencia en esas tareas. Sin embargo, lo más delicado de la denuncia fue la trama de vínculos políticos y personales. El representante legal de la fundación que firmó los contratos era Daniel Andrade, militante de Revolución Democrática (RD), quien en ese momento además trabajaba como asesor de Defensa y era pareja de la diputada Catalina Pérez, también RD. La contraparte en el convenio fue el seremi de Vivienda Carlos Contreras, militante de RD y quien antes de asumir como seremi había trabajado en la jefatura de gabinete de la parlamentaria.

17 de junio: CONTRERAS DEJA EL CARGO

Al día siguiente de la publicación de TL, Carlos Contreras utilizó sus redes sociales para mostrar el correo enviado al ministro de Vivienda Carlos Montes en el que puso su cargo a disposición. “Lamento mucho no haber dimensionado la maliciosa malinterpretación y manipulación que se haría de un convenio con una org (sic) sin fines de lucro, con que no tengo conflicto de interés alguno. Presenté mi renuncia para que esto no se siga utilizando políticamente contra el Gobierno”, escribió en la red social X. En la misma plataforma manifestó que su actuar fue excesivamente técnico y que tiene conflicto de interés alguno en el caso.

18 de junio: INVESTIGACIÓN EN VIVIENDA

Todavía sin comprender la magnitud de los hechos, el Ministerio de Vivienda entregó un comunicado de prensa en el informaron que Montes aceptaba la renuncia de Contreras “debido a las interpretaciones que la opinión pública pudiera hacer de dicho convenio como un posible conflicto de interés”. El documento también indicó el inicio de una investigación para “despejar dudas y establecer responsabilidades en la región”.

Por su parte, la directiva nacional de Revolución Democrática percibió lo compleja situación que se aproximaba y envió un mensaje a sus militantes en el que explicaron que era de “especial preocupación esclarecer los hechos en resguardo de nuestros principios políticos como partido. Por esta razón, ya hemos presentado una solicitud de cautelar ante nuestro Tribunal Supremo, para que se ordene a los afiliados involucrados entregar voluntariamente todos los antecedentes pertinentes en pos de la transparencia y la probidad que nos caracteriza como partido”.

19 de junio: DECLARACIÓN DE PÉREZ, SUSPENSIÓN Y FISCALÍA

Desde la capital del país, parlamentarios de la UDI solicitaron una investigación a la fiscalía al considerar que para ellos existía una evidente la relación e injerencia entre Contreras, Andrade y Pérez. “Demasiadas alertas y luces rojas que se van prendiendo. Y tenemos como primer punto en la bancada de mañana, analizarlo e investigarlo a fondo para ver qué oficios se van a enviar y qué información vamos a solicitar”, declaró Jorge Alessandri.

Ese mismo día, la diputada de RD por Antofagasta realizó una conferencia de prensa en la que descartó cualquier injerencia en los convenios y apuntó a un aprovechamiento político. “Las responsabilidades tienen que asumirlas quienes corresponden, los firmantes del acuerdo. Son hombres, adultos, exfuncionarios de la administración del Estado (…) Aquí hubo un error de criterio político grave y los responsables políticos que son los firmantes, don Carlos Contreras y Daniel Andrade tendrán que responder políticamente como corresponde”, señaló la parlamentaria.

Debido a los cuestionamientos que se acumulaban, Pérez tuvo que suspender su participación en la mesa de la Cámara para evitar una moción de censura que era impulsada por la UDI. En paralelo, el presidente nacional de RD, Juan Ignacio Latorre comunicó que el tribunal supremo del partido iniciaba una causa para investigar lo ocurrido y como primera medida se adoptó la suspensión de la militancia de Contreras y Andrade.

Con todos los datos difundidos en medios comunicación, el Ministerio Público anunció la apertura de una investigación de oficio. Como encargado de las pesquisas fue designado Cristian Aguilar, fiscal jefe de Antofagasta quien llevó las causas que condenaron por fraude al fallecido exalcalde Daniel Adaro y a la exjefa comunal Karen Rojo.

21 de junio: MINISTRO MONTES: RESTITUIR LOS RECURSOS

El titular de Vivienda instruyó que un equipo investigador del ministerio llegara hasta Antofagasta para indagar en profundidad la situación de los convenios con fundaciones, en paralelo al sumario que ya estaba en curso. Montes sostuvo que, de los recursos asignados a Democracia Viva, “aquella parte que no han gastado y que está en proceso de revisión nos parece que lo sensato y razonable es que los pongan a disposición. Si no lo hacen, nosotros iniciaremos un proceso de término para la restitución de los recursos”.

22 de junio: QUERELLA DE LA UDI

Tras la idea de la moción de censura contra la diputada Pérez, quien renunció antes de que la UDI pudiera concretarla, el gremialismo presentó una querella en contra de quienes resulten responsables por los convenios entre la ONG dirigida por Andrade y la Seremi de Vivienda de Antofagasta. La UDI pretendía que se pesquisaran delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, los cuales finalmente serán parte de la formalización que se desarrollará hoy a las 12 horas en el Tribunal de Garantía de Antofagasta.

Sobre el caso también se refirió el Presidente Gabriel Boric, quien aseguró que “si en el pasado, desde nuestro sector político fuimos muy duros en condenar todo tipo de acto reñido con la fe pública y en donde hubiese delitos o presunciones de delitos, hoy cuando quienes están involucrados son cercanos al gobierno debemos tener el mismo estándar e incluso ser más firmes. Este tipo de situaciones no las vamos a permitir”.

23 de junio: MILITANCIA SUSPENDIA

Revolución Democrática tuvo un consejo político en el que concluyeron solicitar la suspensión de la diputada Catalina Pérez, junto con la idea presentar una querella contra quienes resulten responsables por los hechos que ya eran investigados por el Ministerio Público. Esa misma jornada, por solicitud del fiscal Aguilar se allanaron las oficinas de la Seremi de Vivienda de Antofagasta y simultáneamente se desarrolló la misma diligencia en dependencias ministeriales.

24 de junio: RENUNCIA DE SUBSECRETARIA

El Presidente Boric solicitó la renuncia de Tatiana Rojas, militante de RD quien ejercía como subsecretaria de Vivienda. El correo de los funcionarios que destapó lo que ocurría en Antofagasta había sido enviado a la subsecretaria, quien no tomó ninguna medida correctiva por los hechos advertidos con Democracia Viva.

25 de junio: FUNDACIONES EN OFICINAS PÚBLICAS

Una de las irregularidades que encontró el equipo investigador que envió el ministerio a Antofagasta fue la detección de funcionarios contratados por esta fundaciones y que prestaban servicios en la Seremi de Vivienda. “Hecho que condenamos y por el que buscaremos sanciones tanto del tipo administrativas, como penales (…) Del levantamiento, podemos deducir que existían personas de la fundación que colaboraban en las instancias regionales del Minvu, situación que esperamos pueda esclarecer la justicia”, precisó el ministerio en un comunicado.

27 de junio: ALLANAMIENTO EN DOMICILIO DE PÉREZ

Entre las diligencias encargadas por el fiscal Aguilar estuvo el allanamiento del domicilio de la diputada Catalina Pérez. La parlamentaria vive en la Región Metropolitana y en esa fecha compartía vivienda con su pareja, Daniel Andrade, a quien buscaba la Brigada de Delitos Económicos de la PDI. El objetivo era incautar documentación.

29 de junio: “JAMÁS CONVERSAMOS ESTOS TEMAS”

En una entrevista con T13, el exseremi Carlos Contreras aseguró que “jamás conversamos de estos temas con Catalina Pérez”, insistiendo que no hubo conversación del seremi de Vivienda con ningún parlamentario de la región, respecto de los quehaceres, de los convenios, de lo que se hace o lo que no se hace en el territorio para lograr beneficios para terceros.

30 de junio: EXPULSIÓN DE ANDRADE Y CONTRERAS

La investigación que había iniciado el tribunal supremo de RD tuvo resultados y resolvió por unanimidad expulsar del partido a Daniel Andrade y Carlos Contreras. Un día antes, el representante de Democracia Viva comunico su desafiliación del conglomerado para que quedara sin efecto una eventual expulsión.

1 de julio: DIPUTADA ROMPE EL SILENCIO

A semanas de que estallara el caso y de sus declaraciones iniciales, Catalina Pérez habló sobre lo sucedido y manifestó que guardó silencio para escuchar, reflexionar y calibrar la situación. “Jamás he faltado a la probidad y nunca he ocupado mi cargo para favorecer a nadie. No he infringido norma alguna ni he tenido conductas que traicionen los principios que han guiado mi actuar personal y político desde que empecé a militar a los 12 años”, dijo. También se refirió a su primera declaración sobre este tema, cuando señaló que esto era un problema de dos hombres adultos, agregando que “es indudable que esto también tiene una dimensión de interés público. Me equivoqué”.

4 de julio: REGULACIÓN ENTRE ONG Y EL ESTADO

Como parte de la agenda de probidad, el Presidente Gabriel Boric confirmó la creación de una Comisión Ministerial para regular la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado, a través de un grupo técnico transversal. La misión es identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en estas colaboraciones y proponer mecanismos de fortalecimiento que aseguren una mayor eficacia y transparencia en la vinculación de las partes para facilitar el conocimiento sobre el uso de los fondos entregados.

6 de julio: PÉREZ SUSPENDIDA

El Tribunal Supremo de Revolución Democrática suspendió la militancia de la diputada Pérez, al declarar admisible la petición del Consejo Político Nacional del partido, imponiendo la medida cautelar correspondiente a la suspensión de militancia mientras dure el procedimiento. La decisión, que finalmente fue acotada al plazo de un año, llegó después de una serie de cuestionamientos que la parlamentaria tuvo en su propio conglomerado político.

17 de julio: “HECHOS QUE REVISTEN CARÁCTER DE DELITO”

El fiscal nacional, Ángel Valencia explicó que tras una reunión con los fiscales regionales que llevan adelante las indagatorias por el Caso Convenios, pudo constatar que en cada uno de los casos con investigaciones de oficio existen hechos que revisten caracteres de delitos. “No es un asalto a una bencinera, tampoco un asalto a un banco. En casos por fraude al fisco o malversaciones, una vez se inicia la investigación no se formulan cargos de inmediato contra los presuntos autores. Generalmente una investigación como ésta dura más de un año, habrá que ver qué ocurre respecto de cada caso. Lo único que pido es paciencia a la comunidad, que entienda que para que esto prospere se necesita tiempo”, afirmó el fiscal nacional.

26 de julio: CONVENIOS SIN BOLETA DE GARANTÍA

Luego que el ministerio intentara la recuperación de los recursos, Democracia Viva interpuso un recurso de reposición para que la acción se ejecutara y fue en ese marco en el que se constató que Vivienda no exigió boletas de garantía a la fundación. El Estado solicitó la reposición de 391 millones de pesos, el 92% de los recursos entregados a fines de 2022 a Democracia Viva. La ausencia de boletas de garantía era un hecho común con fundaciones y el principal problema es que, sin esta herramienta, la posibilidad de recuperar recursos estatales es aun más difícil.

28 de julio: “EL SÍMBOLO DE LAS IRREGULARIDADES”

El ministro de Justicia, Luis Cordero, indicó que lo sucedido con Democracia Viva es el “símbolo de las irregularidades”, por lo que arriesgan responsabilidad penal. La justicia civil ordenó retener los fondos de la cuenta bancaria de la fundación a solicitud del Consejo de Defensa del Estado. “El no haber accedido a hacer una devolución administrativa de modo voluntario obligó al Estado a ejercer las acciones (…) Hoy tienen que responder ante tribunales y de no hacerlo arriesgan no solo responsabilidad civil, sino que también responsabilidad penal. O sea, con los fondos públicos no se juega”, subrayó Cordero.

31 de julio: “RECUPERAR LOS RECURSOS TARDARÁ AÑOS”

El abogado querellante de la UDI, Pablo Toloza, explicó que, ante la ausencia de boletas de garantía, la única posibilidad de recuperar los recursos de manera íntegra es a través de procedimientos judiciales que podrían tardar años. Esto, luego que la fundación señalara que, desde sus cálculos, los montos a devolver son menores a los requeridos por Vivienda. Ya sea una acción civil dentro del marco de la causa penal o simplemente, y lo que creo es más lógico, es que el Consejo de Defensa del Estado tenga que demandar. Se tratará de un juicio civil de lato conocimiento, probablemente tardará años en fallar”, expresó Toloza.

3 de agosto: ABOGADA RD Y ROL DE PÉREZ

Libertad Triviño abogada de Revolución Democrática en el Caso Convenios, en una entrevista con La Segunda dijo que “el partido considera que Catalina Pérez vulneró la probidad”. Triviño sostuvo que Catalina Pérez, el 6 de junio, no mencionó al presidente de RD acerca de irregularidades. “Le dice que existen unos convenios, que hay algo de ruido, pero que no se preocupe porque aquí no hay nada”. La directiva se reunió ese mismo día con Andrade, Contreras y la jefa de gabinete de la diputada, encuentro en el que se levantaron algunas sospechas. “Lo que más llamó la atención a la directiva es que sus explicaciones eran confusas, estaban enredados, por decirlo de alguna manera”, puntualizó la abogada.

Sin embargo, aclaró que no existe ningún antecedente que vincule a Pérez con un hecho delictual y que la sanción del partido fue por considerar que vulneró la probidad. Esto, porque Pérez no es cualquier militante, se trata de una diputada, abogada de quien esperaban una actitud más colaboradora y proactiva.

8 de agosto: “EL SEREMI ME CONTACTA”

El fundador y representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, habló sobre el caso en una entrevista con el matinal de CHV, donde junto con manifestar su completa disposición a ser investigado, aclaró que “el seremi (Carlos Contreras) me contacta a mí”, explicándole que “todo estaba en regla y que así lo hacían las otras fundaciones”. Además, Andrade afirmó que le había comentado a Contreras que no contaban con la experiencia necesaria para las tareas por las que estaba siendo convocado en Antofagasta.

7 de agosto: COMISIÓN INVESTIGADORA

A un mes de la solicitud de creación en la Cámara se notificaron los nombres de quienes integraban la Comisión Investigadora por recursos asignados al Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio Vivienda. En el grupo hubo dos representantes de Antofagasta en el Congreso, la diputada Yovana Ahumada (Avancemos Chile) y José Miguel Castro (RN). Este último, fue confirmado como presidente de la comisión.

Ese mismo día, la Comisión de Ética de la Cámara por votación unánime sancionó a la diputada Catalina Pérez. “A partir de los medios de prueba allegados, que se produjeron los hechos denunciados y que, por sus características, entidad y gravedad, deben ser objeto de una medida disciplinaria de las más gravosas que el reglamento considera, más una pena anexa de multa (poco más de un millón de pesos)”, recogió el fallo.

8 de agosto: CORREO COMPLICA A CONCEJALA

La concejala Paz Fuica (RD), parte del círculo de hierro de la diputada Pérez (RD), apareció vinculada en los documentos oficiales de los convenios suscritos entre fundaciones fundación y el Minvu en Antofagasta en la época que liderado por Carlos Contreras (RD). Fuica figuraba en documentos como parte del gabinete del seremi Contreras; sin embargo, al revisar la página de transparencia de Vivienda, no registra contratación. El motivo es que sus remuneraciones eran pagadas por la Fundación Para la Superación de la Pobreza. En los tres convenios firmados entre Democracia Viva y Vivienda, enviados por mail a distintas reparticiones públicas, el nombre de Paz Fuica aparece en todos ellos como remitente. Está registrada como “Gabinete SEREMI” con el correo institucional [email protected].

Esta situación era parte de las irregularidades que el equipo investigador del ministerio encontró durante sus indagaciones en Antofagasta días después de que estallará el caso en junio.

11 de agosto: JACKSON RENUNCIA Y RD FUERA DEL CASO

Ante una inminente acusación constitucional y luego de semanas de presiones políticas, el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson renunció a su cargo. “Particularmente doy un paso al costado al constatar también que mi presencia en el gabinete ha sido ocupada por la oposición política como una excusa para no avanzar en los acuerdos que hoy Chile demanda”, dijo ante la prensa el líder de RD.

Mientras eso ocurría en La Moneda, el Tribunal de Garantía de Antofagasta deja fuera del Caso Convenios como querellante a Revolución Democrática. La exclusión se determinó por un elemento de forma y no de fondo, ya que el partido no cuenta con domicilio en la Provincia de Antofagasta para actuar como querellante.

14 de agosto: DEMOCRACIA VIVA PIDE CORREGIR MONTOS

Vencido el plazo para restituir los montos, Democracia Viva solo reintegró el 75% de los fondos entregados por la Seremi de Vivienda de Antofagasta. “Respecto del vencimiento del plazo de devolución de los fondos no utilizados en los convenios celebrados con Ministerio de Vivienda, ya se encuentra en manos del Estado el 75% de los fondos”, comunicó la fundación. El ministro había precisado que se debían restituir $391 millones, $97 millones más que los dineros hallados en la cuenta bancaria de la ONG ($294 millones). Democracia Viva señaló que solicitaron al “tribunal que acepte la devolución al Fisco de los 295 millones que están en sus manos”, asegurando que gastaron en los objetivos del convenio y por ello solicitan una corrección de las liquidaciones del ministerio para que se apeguen a las consideraciones legales y técnicas correctas.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo que los dineros fueron depositados en la cuenta del tribunal, advirtiendo que “si Democracia Viva no quiere reintegrar los fondos faltantes, que son los que ellos están objetando, las acciones civiles y penales del Ejecutivo serán muy claras”.

28 de agosto: INFORMACIÓN EN RESERVA

Durante su presentación en la Comisión Investigadora de la Cámara, el ministro Carlos Montes solicitó algunos minutos para exponer información secreta. “Quiero solicitar que al final de mi exposición puedan haber algunos minutos de sesión secreta porque tengo información que no puedo entregar públicamente”, señaló el titular del Vivienda. Esa parte de la audiencia se extendió por unos 40 minutos y la finalidad fue proteger datos sensibles en esta etapa de las investigaciones.

1 de septiembre: CONTRALORÍA CONFIRMA CORRUPCIÓN

La Contraloría publicó un respecto al Caso Convenios en el que -entre otras cosas- confirmó la existencia de hechos de corrupción en los convenios suscritos por el Minvu de Antofagasta y la fundación Democracia Viva. La investigación identificó 12 personas contratadas por ONG (entre ellas Democracia Viva y ProCultura) quienes desempeñaban funciones directivas y operativas en la Seremi de Vivienda de Antofagasta, sin ser funcionarios públicos, utilizando escritorios, teléfonos, computadores, correos institucionales y teniendo claves de acceso a diversas plataformas contables y de control para revisar la rendición de gastos. El documento advierte la asignación discrecional de recursos, incumplimiento del deber de abstención, fraccionamiento de fondos para eludir la toma de razón por parte del órgano fiscalizador, debilidades en la definición de proyectos que debían desarrollar las fundaciones, ausencia de planes de trabajo y debilidad en la rendición de cuentas. Toda la información fue remitida al Ministerio Público.

5 de septiembre: “SE VULNERÓ EL DEBER DE ABSTENCIÓN”

El contralor general Jorge Bermúdez también expuso en la Comisión Investigadora de la Cámara y declaró que, según los resultados de la auditoria, es un hecho consolidado que en el caso Democracia Viva el deber de abstención fue vulnerador. Además, detalló que en estos convenios no hubo una relación entre lo contratado y el objeto de la fundación. “No había una coherencia entre una cosa y otra, de hecho, si uno mira la fundación Democracia Viva está fundamentar o extender la democracia, participación ciudadana, ese tipo de cosas, más que realizar obras que en realidad son públicas. Solo en noviembre del año pasado, la fundación obtuvo la ampliación de giro por el Servicio de Impuestos Internos para realizar obras”, afirmó el contralor.

8 de septiembre: DESCARTO COMETER DELITOS

Luego de que el Consejo de Defensa del Estado presentara una querella en contra de Carlos Contreras, el exseremi descartó “tajantemente haber cometido alguno de los delitos que se me imputan en la actualidad. No fui llamado a declarar durante la investigación de la Contraloría y esto derivó en la interpretación sesgada de algunos documentos y correos”. Incluso, sostuvo que la querella omite que la responsabilidad en la gestión no era de una sola persona, ya que existen otras entidades involucradas en la validación técnica antes de la firma de los convenios.

28 de septiembre: “PÉREZ SABÍA DESDE EL AÑO PASADO”

El secretario ejecutivo de Revolución Democrática (RD), Edson Dettoni, manifestó ante la fiscalía que la diputada Catalina Pérez sabía de los convenios entre su expareja Daniel Andrade y su exasesor Carlos Contreras. Según publicó La Tercera, Dettoni no creyó la versión de que Pérez no sabía lo sucedido antes de que estallara el caso y que el 21 de junio confirmó sus dudas. “Ese día me enteré que Catalina sabía de los convenios, por lo menos, entre marzo y mayo de 2023, puesto que Ivalu Millar, quien es parte del gabinete del diputado Jaime Sáez y pareja de Tomás Flores que había sido parte de Democracia Viva, le había alertado a Romina Neumann sobre la existencia de estos convenios”, afirmó.

Y agregó que el 27 de junio de 2023 se enteró de que Catalina Pérez sabía de la existencia de los convenios con Democracia Viva desde el año pasado, ya que el militante Pablo Espinoza le contó que otra militante, Paz Fuica, concejala de Antofagasta, había puesto una alerta respecto a que se veían feo estos convenios, lo que supone que el tema lo manejan en la región por el partido. Esto implica que, dijo Dettoni: “Naturalmente lo sabía Catalina, lo que significa que Catalina nos mintió sobre esto nuevamente. Conversé al día siguiente con Llanquiray Díaz, militante del partido y además exasesora legislativa de Catalina, quien no lo desmintió una vez que le consulté del tema”.

7 de noviembre: CRISPI dijo que «EL PRESIDENTE SE ENTERÓ POR LA PRENSA»

El jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi (RD), asistió a la Comisión Investigadora de la Cámara y expuso que nueve días antes de que los convenios entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta fueran publicados por Timeline, a través de un rumor se enteró de la existencia de los contratos que habían sido firmados entre dos militantes de su mismo partido. Pero el exdiputado recalcó que, recién el 16 de junio, cuando este Medio publicó lo que ocurría en la secretaría regional de Vivienda, el Presidente Gabriel Boric tuvo conocimiento de lo que sucedía en la cartera que trabaja con asentamientos precarios. El dato dejó en evidencia que la subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas (RD) no ejecutó ninguna medida frente a las denuncias, porque el 7 de junio Crispi traspasó la información a Rojas, quien el 2 de mayo ya había sido advertida por una asociación de funcionarios sobre lo que pasaba con ésta y otras situaciones en dicha repartición pública. De esta forma, el 16 de junio cuando el Mandatario se informa del problema, la subsecretaria no había tomado ninguna medida correctiva al respecto.

30 de noviembre: CONTRERAS DESMIENTE A CRISPI

La explicación de Miguel Crispi de que había recibido un “rumor” sobre lo que ocurría en Antofagasta fue completamente desmentida por el exseremi Carlos Contreras, quien aseguró que La Moneda supo de los convenios con la cuestionada fundación antes de que este medio destapara el caso.

“El día 7 de junio del presente año, Presidencia recibió un informe que confirma un convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Fundación Democracia Viva; en él se menciona que no existían irregularidades en lo legal y reglamentario (…)Digo esto, para evidenciar que siempre se actuó con transparencia y seriedad; el informe contaba con información recopilada y analizada durante semanas, por lo que el tema nunca se ha tratado de un ‘rumor’, como dijo en su minuto el Jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi”, aclaró Contreras.

Gracias a ese informe se señala que los funcionarios a nivel regional y nacional de asentamientos precarios, jurídica y administración, siempre dieron por adecuados los procedimientos, con presupuestos, gestionados y aprobados por las autoridades y jefaturas pertinentes. “Fue en este escenario donde a los seremis se nos exigió cumplir y ejecutar el presupuesto asignado anteriormente”, complementó el exseremi.

4 de diciembre: NUEVA RENUNCIA EN VIVIENDA

Debido al impacto que generó la declaración de Carlos Contreras, el ministro de Vivienda solicitó la renuncia del jefe del Departamento de Asentamientos Precarios, Ricardo Trincado. Este último, mediante un documento oficial señaló que “no se observan incumplimientos graves” y destacaba la “actitud proactiva del seremi en corregir las deficiencias” cuando Contreras informó sobre los convenios a principios de junio.

12 de diciembre: SE LEVANTE EL SECRETO DE LA INVESTIGACIÓN

El 6 de septiembre el fiscal Cristian Aguilar decretó el secreto de la investigación para asegurar el éxito de diligencias. La medida había sido cuestionada por abogados del Partido Republicano quienes actúan como querellante, sin embargo, la reserva del caso fue levantada este martes. Pablo Toloza, abogado querellante de la UDI, advirtió con este paso la formalización de cargos era inminente, además, que el fiscal había separado las investigaciones e incluyó otra figura, la de que los funcionarios públicos que están en conocimiento de un delito deben denunciarlo.

13 de diciembre: ANDRADE Y CONTRERAS DETENIDOS

El representante legal de Democracia Viva Daniel Andrade fue detenido por la Policía de Investigaciones y objeto de la misma actuación fue Carlos Contreras. Ambos fueron aprehendidos en la Región Metropolitana en el marco de la investigación por delitos de fraude al fisco, cohecho, tráfico de influencia, negociación incompatible y malversación de caudales públicos.

14 de diciembre: FORMALIZACIONES

El Ministerio Público informó que la formalización de Contreras y Andrade se realizará esta mañana en el Tribunal de Garantía de Antofagasta, hasta donde fueron trasladados ambos detenidos desde la Región Metropolitana. Este paso marcará el inicio formal de las pesquisas que pueden extenderse legalmente hasta por dos años y que son dirigidas por el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, quien posee experiencia en casos de corrupción. El persecutor logró las condenas de Daniel Adaro el 2008 y de Karen Rojo en el 2020.