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martes, 16 julio, 2024
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16 involucrados en el caso

Denunciante de viáticos sin justificación en Sierra Gorda pide que el municipio y el CDE exijan reintegro de los recursos

Manuel Ramírez sostuvo que solo seis de los 16 involucrados han cancelado los montos establecidos por el Juzgado de Cuentas de la Contraloría y confirmados por la Corte Suprema en septiembre del año pasado. Desde la municipalidad afirmaron casi la totalidad de los indicados en la sentencia repuso los dineros y que cualquier medida adicional corresponde a otras instancias.

En septiembre del año pasado la Corte Suprema confirmó lo resuelto por el Juzgado de Cuentas de la Contraloría Regional, organismo fiscalizador que objetó una serie de viáticos cobrados por autoridades y exautoridades de la comuna de Sierra Gorda, argumentando que no existía justificación para el pago de gastos ocurridos con ocasión de capacitaciones, traslados y reembolsos. El denunciante de este caso, Manuel Ramírez, manifestó que actualmente solo seis de los 16 involucrados, entre los que figuran funcionarios del edificio consistorial, han reintegrado los montos que en total acumulan 1.645 UTM y, por ello, exige que el municipio y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) realicen acciones para que los dineros públicos sean restituidos. Desde el edificio consistorial aseguraron que la gran mayoría de ellos ya zanjó la deuda.

El primer informe fue despachado por la Contraloría en 2016 y los resultados de la auditoría se enfocaron en los cometidos del año anterior del alcalde de la época, José Guerrero y los concejales de ese periodo, en el que figuraba como edil la actual jefa comunal, Deborah Paredes.

El documento concluyó que el alcalde y los concejales no presentaron informes que permitieran justificar los cometidos aprobados, su relación directa con los fines del municipio y los gastos que solventados. El organismo de control ordenó reintegrar 1.645 UTM por viáticos, reembolso de pasajes y otros gastos. Además, se cuestionó la naturaleza de las capacitaciones en el extranjero, ya que distaban de una relación directa con el quehacer de las funciones e incluso los informes de justificación de las actividades aludían a datos sobre la historia, el clima y la geografía de las ciudades visitadas, información que en algunos casos correspondía a extractos de Wikipedia.

La resolución inicial de la Contraloría fue apelada, sin embargo, la Corte Suprema rechazó los recursos de queja y confirmó los montos establecidos por el Juzgado de Cuentas.

Manuel Ramírez declaró que “estas personas fueron notificadas para que devolvieran los recursos y los plazos ya pasaron, eran 15 días hábiles después del fallo de la Corte Suprema”. También dijo que se ha generado cierta confusión, porque se dice que pueden reintegrar los montos en cuotas, aunque la Ley Orgánica de Municipalidades es clara y “lo dijo así el Juzgado de Cuentas de Contraloría: lo funcionarios municipales sí pueden descontar en cuotas esta deuda, pero no los concejales, porque no son funcionarios y deben reintegrar los dineros de manera completa y algunos deben hasta 14 millones de pesos”.

El denunciante explicó que según la información que maneja, son seis personas las que ya cumplieron con lo ordenado por el máximo tribunal, entre ellos la actual alcaldesa Deborah Paredes, la exconcejal Jenny Lagunas y unos funcionarios municipales. El resto, aseguró, todavía no cumple el fallo. “Si comparamos el caso de Karen Rojo con lo que pasa en Sierra Gorda es muy parecido, porque Rojo fue acusada de fraude al fisco y la apropiación indebida de recursos públicos es una derivada de fraude al fisco. Estamos esperando que esto se resuelva lo más pronto posible y paralelamente una denuncia en la fiscalía por el daño al patrimonio público, que son aristas diferentes y, estas personas tienen que responder por ese daño. La apropiación indebida de recursos públicos tiene una pena de 541 días a cinco años y un día y lo que buscamos es que cumpla la pena y no puedan ejercer cargos públicos ni tampoco presentarse a las próximas elecciones”, señaló.

El año pasado Ramírez ingresó una denuncia en el Ministerio Público por todos estos hechos, los que podrían constituir algún delito y los antecedentes fueron derivados al fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar. Tras ello se generó una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, que tomó declaración a 13 de los involucrados en pesquisas que siguen en curso.

También agregó que presentó una solicitud en la Contraloría para enviar toda la documentación al Juzgado de Cuentas para que el Consejo de Defensa del Estado ejecute el cobro judicial. Y si algunas de las personas en la causa no tienen dinero para cancelar, que esto se realice vía embargo de sus bienes.

“Espero que la municipalidad y el Consejo de Defensa del Estado interpongan las querellas correspondientes, porque su deber es velar por el patrimonio fiscal. Y que los concejales nuevos tengan la valentía de solicitar una investigación en la Contraloría por todas las anomalías que existen en la comuna, ya que la única persona denunciante soy yo. Lo que buscamos son penas para que no puedan ejercer cargos públicos durante el tiempo de la condena y que hablen con la verdad a la gente, porque muchos están diciendo que ya pagaron”, expresó.

Ramírez insiste en que la situación es grave y que el Concejo Municipal no ha hecho nada para velar por el patrimonio económico de la municipalidad, emplazando que lo que corresponde es que se querelle para obligar a cancelar la deuda. “Lamentablemente con los concejales y los exediles involucrados hay cierto amiguismo y por eso no se está cumpliendo. Los concejales nuevos tampoco están usando sus facultades de fiscalizar para velar por los intereses de la comuna ni han presentado acciones en la Contraloría, están inmóviles”, criticó.

Ante esta situación agregó que está reuniendo todos los antecedentes del caso para presentar una acusación por notable abandono de deberes de la alcaldesa y de los concejales que no realizan su labor fiscalizadora. “Lamentablemente, la municipalidad está trabajando con la misma gente que estaba con Karen Rojo y quienes fracasaron rotundamente en el municipio de Mejillones”, dijo el denunciante.

Al consultar sobre esta situación a la Municipalidad de Sierra Gorda, el alcalde subrogante, Mauricio Peldoza explicó que, según lo detallado por el Juzgado de Cuentas, casi la totalidad de las personas involucradas reintegró los dineros indicados por el organismo fiscalizador. Y también precisó que cualquier medida adicional corresponde a la Contraloría o al Concejo de Defensa del Estado.

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