El relleno sanitario «Chaqueta Blanca» es uno de los proyectos más esperados por los vecinos del vertedero municipal de Antofagasta pero que una serie de disputas entre el gobierno regional, el municipio y la empresa ha generado que todavía no pueda ver la luz.
Lo anterior, tras la solicitud de trabajos anexos al proyecto consistentes en un nuevo sistema de vigilancia, un cierre perimetral, obras de acceso a la ruta colindante, un plan de manejo biológico de especies y un nuevo proyecto hidráulico reforzado para el manejo de aguas lluvias, cuyo monto supera los 4 mil millones de pesos.
Multimillonario monto que la empresa ha señalado en entrevistas que no puede costear pues «no le correspondería hacerlo», por otra parte, la discusión también se circunscribió entre el gobierno regional y la municipalidad de Antofagasta donde no existía claridad de donde podrían salir estos montos y quien debía ser el encargado de pagarlos. Sin embargo, ese debate habría llegado a su fin.
Precisamente buscando poner un punto final al conflicto que el Senador Pedro Araya y la Diputada Marcela Hernando pidieron un pronunciamiento a Contraloría donde se estableciera quien debía poner ese monto para las obras anexas, y la respuesta llegó.
En un dictamen firmado por el contralor Jorge Bermúdez se estableció que es la empresa «Santa Marta» la que deberá cancelar dicho monto. El texto indica que «teniendo en cuenta el carácter a suma alzada del contrato de que se trata, en cuya virtud la estimación de los trabajos a ejecutar constituye un punto de exclusiva responsabilidad de la contratista, asumiendo ésta las diferencias que pudieran existir y con ello la contingencia de ganancia o pérdida, corresponde expresar que la ejecución de las labores requeridas en el marco de la evaluación ambiental del proyecto es de cargo de aquél».
Además, «en consecuencia, y frente a la consulta formulada por los recurrentes, debe concluirse que no resulta procedente que el municipio pague, como trabajos adicionales, las labores exigidas en la resolución de calificación ambiental del proyecto», culmina diciendo el Contralor General, Jorge Bermúdez.
