El diputado Jaime Araya (IND-PPD) sostuvo que el gobierno debe presentar un plan para controlar la frontera en el 2023 y que esa tarea debe asumirla el Ejército. “La democracia en el país ya no está amenazada por posiciones políticas de extrema derecha o izquierda, sino por el narcotráfico, el crimen organizado que extorsiona y el terrorismo, ésa es la realidad de Chile”, aseguró. El parlamentario manifestó que la aparición de nuevas formas delictivas es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y que “mientras se sigue pensando qué se realizará, no sabemos quiénes están ingresando de manera irregular al país”.

Araya indicó que hace varios meses y viendo lo ocurría con la delincuencia, distintos parlamentarios pedían que se gestara un acuerdo nacional por la seguridad, básicamente “una respuesta por parte del Ejecutivo con un paquete de medidas administrativas y urgencias legislativas a proyectos que estaban en trámite”. Pero estas solicitudes no eran tomadas en cuenta, dijo, hasta que el problema escaló y el Ministerio del Interior convocó a reuniones y se definió el lanzamiento del “Compromiso Transversal por la Seguridad”. En la instancia participan dos parlamentarios por partido, los gobernadores regionales y representantes de los alcaldes.

Esta tarea se concretó con cuatro grupos de trabajo: Prevención y Víctimas; Control e Institucionalidad, junto a Persecución y Sanción que integra Araya, con temas que afectan al Norte Grande como el crimen organizado, narcotráfico, delitos de alto impacto social como las extorsiones, secuestros y homicidios, además de la reincidencia y prisión preventiva, usurpaciones y la situación de las cárceles. Este grupo lo componen representantes del PS, Republicano, Evópoli, la DC, el PPD, la UDI y el FREVS.

En el contexto de este trabajo, detalló el diputado, los datos de la última encuesta Cadem son “terroríficos, no tienen otra calificación, porque entre otras cosas, salta en diez puntos (31%) quienes asocian el crecimiento de la migración irregular como la principal razón del aumento de la delincuencia. Y el 85% tiene miedo de ser víctima de un delito en los espacios del comercio ambulante, ambos factores que tenemos en Antofagasta”.

Sobre el trabajo de la comisión de Persecución y Sanción, señaló que propusieron que se desarrollara en dos niveles, pidiendo que el gobierno se comprometa a dar urgencia legislativa a determinadas materias. El primer nivel es legislativo con proyectos de ley. El segundo nivel es para la petición de medidas administrativas que sean de ejecución inmediata y que no requieran esperar una legislación. “Necesitamos que el gobierno presente un plan para impedir la inmigración irregular durante el verano del 2023. Debemos actuar con realidad y pragmatismo, no todos los extranjeros que vienen al país lo hacen para buscar una nueva oportunidad de vida. Algunos son miembros de verdaderas transnacionales del crimen y desde ese punto de vista lo responsable es que tengamos un plan que nos permita enfrentar este fenómeno”, emplazó el diputado.

Araya puntualizó que el gobierno es el que tiene las facultades administrativas para ejecutar este plan y esperan que asuma la responsabilidad y el liderazgo en este sentido. “En la región es la Delegación Presidencial la que tiene que presentar un plan que tenga indicadores claros que puedan medirse para saber que efectivamente se está combatiendo un fenómeno que ha generado problemas. Las extorsiones son reales en Antofagasta”, aseguró.

En el trabajo territorial de las últimas semanas el parlamentario aseguró que puede percibirse que la comunidad está comenzando a perder la paciencia con el gobierno y por ello se requiere actuar con responsabilidad, porque “no son temas livianos y las respuestas tienen que estar a la altura”.

El diputado lamentó que igual que en el resto de los países de la región, en Chile la democracia ya no está amenazada por posiciones políticas de extrema derecha o izquierda, sino por el narcotráfico, el crimen organizado que extorsiona y el terrorismo.

“El fiscal general de Colombia dijo que la región de Antofagasta está afectada y desde ese punto de vista la única solución es con militares en la frontera. Si las autoridades no están disponibles para esto entonces no actúan con el realismo que se necesita. No tenemos más posibilidades, Carabineros está absolutamente sobrepasado con las tareas contra la delincuencia en las ciudades como para pretender que hagan el trabajo en la frontera. La PDI en Antofagasta tiene un trabajo destacable porque, con una dotación mínima, atienden todo tipo de requerimientos del Ministerio Público”, aseguró.

Para el parlamentario la medida es necesaria, responsable y debe implementarse sin ningún tipo de complejo. También insistió que no hay espacio para discutir, porque mientras se sigue pensando qué es lo que se realizará, no sabemos quiénes están ingresando de manera irregular al país.

“En Chaculluta intentaron hacer un verdadero portonazo en la frontera, para entrar, autodenunciarse y seguir el proceso de regulación. Así de absurdo es lo que tenemos hoy. La reacción debe ser firme, que no sea llegar y hacer lo que quieran, que es lamentablemente lo que tenemos ahora con este descontrol”, criticó.

El representante de la región en el Congreso manifestó que la preocupación de los dirigentes sociales pasa precisamente por estos temas y que no hay una doble lectura, ya que todos coinciden en lo mismo, “la ciudadanía tiene el diagnóstico hecho y la pregunta es qué falta para tomar las medidas que corresponde”.

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