El diputado José Miguel Castro (RN) presentará un oficio para que se investigue el actuar de la Contraloría Regional en la toma de razón de un convenio entre el Gobierno Regional y la fundación Procultura, que involucra una transferencia de 629 millones de pesos para el programa «Recuperación de fachadas zona de conservación histórica”. El parlamentario cuestiona que la organización asumió una tarea que escapa del giro que declara en el Servicio de Impuestos Internos, donde la fundación detalla que sus actividades son la edición y comercialización de libros, el área de la educación y la promoción de acciones culturales.

Castro realizará la presentación a la Contraloría General de la República en conjunto con el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, y la diputada del mismo partido Marcia Raphael Mora. El parlamentario explicó que el 26 de octubre del año pasado, el gobernador Ricardo Díaz suscribió el convenio con Procultura para el traspaso de 629 millones 815 mil pesos, recursos otorgados para la recuperación de fachadas en zona de conservación histórica. Casi un mes después, la Contraloría Regional tomó razón de la resolución que aprobó el convenio.

Las dudas surgen por dos motivos, precisó Castro y el primero es que la fundación no tiene experticia en la materia. “Cuando revisé la situación tributaria de la Fundación Procultura en el Servicio de Impuestos Internos quedó de manifiesto que ésta declara cuatro actividades económicas, todas relacionadas con la edición y comercialización de libros u otros referidas con el área de la educación, así como de fundaciones y corporaciones promotoras de actividades, todas por cierto en el ámbito de la cultura”, afirmó.

El diputado sostuvo que el giro de la fundación en ningún caso está relacionado con la construcción, obras civiles menores, arreglos o pintura y “me parece grave que se entregara esta cantidad de dinero a una fundación que no tiene experiencia. Son edificios patrimoniales y todos sabemos lo difícil que es realizar cualquier adecuación”. Por ello, el legislador ahondó en que el programa es para la recuperación de fachadas para mejorar la percepción negativa del centro de Antofagasta, tarea para la cual la fundación capacitará un conjunto de personas para poner en valor dicha zona. “Lo anterior supone una complejidad adicional, cual es el tratamiento de inmuebles patrimoniales que requieren de conocimientos técnicos especializados. A ello se debe sumar el conocimiento técnico de las normas que regulan las autorizaciones que debe evacuar el Consejo de Monumentos Nacionales y otras autoridades sectoriales con competencia en la materia”, advirtió.

Para el diputado, lo más grave es que finalmente el convenio pasó la toma de razón de la Contraloría Regional, organismo que para él no habría revisado las aprehensiones que indica y por eso considera que el actuar del ente fiscalizador fue negligente. “Así que hay mucho que desenmarañar de esta madeja muy extraña, de Procultura, que no nos olvidemos que es la misma fundación donde trabajaba la madre de Giorgio Jackson y que también se ha visto envuelta en el tema de los dineros del Minvu”, dijo. También mencionó que en el correo electrónico en el que los funcionarios del Serviu denunciaron el convenio entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda, hubo una arista calificada de “alta complejidad”, se refiere al pago de un arriendo por parte de esa seremi a la Fundación Procultura. El monto total, 54,2 millones de pesos, se pagó por adelantado en una sola cuota. En el oficio, Castro expresó que, a propósito de lo anterior, los funcionarios señalaban que a pesar de solicitarse la documentación y los contratos de arrendamiento base al subarrendamiento, nunca fueron entregados a pesar de la insistencia de la Subdirección de Administración y Finanzas. “A juicio de los cuadros técnicos del Servicio, el arriendo no era justificable por su incompatibilidad con las obligaciones que emanaban del convenio. Los presupuestos para la Fundación Procultura no fueron aprobados por el Servicio de Vivienda y Urbanización por considerarlos ‘desproporcionados e injustificados’. En concreto, para el año 2022, fueron aprobados para Fundación Procultura cuatro transferencias por 500.000.000 de pesos, desglosadas de la siguiente manera: tres transferencias por 100 millones de pesos y una por 200 millones”, recoge el documento de los parlamentarios de RN.

“Lo que vamos a hacer mañana (hoy) es entregar un oficio a la Contraloría General para que se investigue el actuar de la Contraloría Regional. Me pregunto también, ¿no será por eso por lo que hemos visto el actuar del contralor general de paralizar toda entrega de plata? ¿No será porque en el fondo no han actuado de buena manera? Por lo menos, es para cuestionárselo”, aseguró.

Gobierno regional

Al consultar sobre el convenio al Gobierno Regional, la información proporcionada por Pablo Rojas, jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional, precisó que el contacto con Procultura viene desde la administración pasada y se da en el marco de un plan de recuperación de ciudades, post estallido social, que se está desarrollando en diferentes regiones. El perfil inicial presentado por Procultura es del primer trimestre de 2021. Sobre quiénes realizarán los trabajos, clarificó que la contratación de mano de obra local, previamente capacitada, es parte del perfil (propuesta inicial), puesto que el programa tiene como fin asociado la generación de empleos”.

Rojas expresó que el convenio se concreta a través de “una entidad subejecutora, en el marco de la glosa 5.5., actualmente 7.5. de la ley de presupuesto 2023. A nivel nacional sólo existen 7 subejecutores validados por SUBDERE, siendo Fundación Procultura una de las dos validadas a nivel regional. Desde 2009, ProCultura, ha desarrollado labores en las siguientes regiones: Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Libertador Bernardo O´Higgins, Biobío, Los Lagos, Aysén y Magallanes”.

El profesional del Gore además entregó el detalle de los proyectos que ha realizado en Antofagasta, en los que aparece el “Diagnóstico crítico estado de conservación exJuzgado de Mejillones”; Documental María Elena, oficinas María Elena y Pedro de Valdivia el proceso Industrial del salitre en el siglo XX; álbum de la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Agua Santa – Tarapacá – Chile 1896; libro Geotermia, la promesa del vapor; archivo fotográfico del Barrio Casa de Máquinas se celebró el día de los patrimonios en Mejillones y un experto en arquitectura participa en taller patrimonial organizado por Fundación ProCultura en Antofagasta.

A nivel nacional, la experiencia en inmuebles con declaratorias de Monumentos Nacionales, Zona Típica o Inmuebles de Conservación Histórica, está en la reconstrucción de la Escuela San Ignacio de Calera de Tango de la Compañía de Jesús (2010); la reconstrucción del Salón de Actos del Colegio San Ignacio Monumento Nacional S. XVIII (2010); reconstrucción del Palacio Iñiguez (2012); restauración de fachadas y puesta en Valor Cine de Cerro Sombrero, región de Magallanes (2019); reparación de la Capilla de la Isla Chuit, Islas Desertores, Chiloé; Restauración y puesta en valor Casa Provasoli de Cunaco (2013). También figuran un proyecto de Restauración de Viviendas patrimoniales en calle Abate de Molina, Santiago (2014); restauración y puesta en valor Teatro Cinema Porvenir (2016); restauración y puesta en valor fachadas calle principal de Tierra Amarilla, región Atacama (2017) y la habilitación del Paseo de la Artes de Tierra Amarilla, Región de Atacama (2019).

Timeline contactó a la Fundación Procultura para contrastar las dudas planteadas por el diputado y se comprometieron a responder en el menor plazo posible.

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