El último sondeo del Centro de Estudios Públicos consultó sobre los tres problemas a los que el gobierno debería dedicar el mayor esfuerzo en solucionar y, en el primer lugar, los encuestados colocaron a la delincuencia, los asaltos y robos. Desde el año pasado en el Congreso está en marcha una agenda de seguridad que requirió un nuevo impulso luego de los casos de secuestros y homicidios que afectaron principalmente a la zona central del país. Parlamentarios de Antofagasta explicaron que la agenda avanza y detallaron sus gestiones, sin embargo, desde la vereda de la oposición indicaron que no se actúa con la velocidad necesaria, responsabilizando al gobierno y al oficialismo por no sacar adelante proyectos como el que tipifica como delito el ingreso clandestino al país.

El diputado Sebastián Videla (IND-PL) destacó que la agenda de seguridad avanza y que este año han aprobado 31 proyectos de ley, entre los que se encuentran temas migratorios, delitos económicos y seguridad pública, entre otros. “No obstante, seguimos impulsando leyes, en mi caso, tengo proyectos que se encuentran en tramitación y falta que se suban a la tabla de trabajo legislativo. También me he sumado a proyectos con otros colegas, por nombrar algunos, impulsamos la obligación de los proveedores de vehículos motorizados de incorporar un sistema de seguridad; un proyecto de ley que tipifica el delito de sustracción de minerales; mejoras en la ley de maltrato animal; la ley antiloteo donde hay mafias que se dedican a vender terrenos, proyecto que está en el Senado”, detalló.

Desde la vereda de la oposición, el diputado José Miguel Castro (RN) expresó que la agenda de seguridad “no está lenta”, indicando que todo lo que ha pedido el gobierno se ha cumplido, a diferencia de otros periodos en los que no se respetaron las urgencias. En ese sentido, “lo único que nosotros exigimos y que el gobierno, al parecer, no está dispuesto ni tampoco el presidente de la Cámara ni la izquierda, es el proyecto de ley que busca sancionar como delito el ingreso clandestino al país”, enfatizó Castro.

Estado de excepción

En el contexto de seguridad y la idea del estado de excepción, el legislador sostuvo que dicha herramienta debería aplicarse, pero de manera acotada, porque no existen los recursos para ejecutarla en todo el territorio nacional. “Pero sí se pueden hacer medidas como la que he pedido al subsecretario Monsalve, el copamiento durante las noches en algunas capitales regionales. Ese tipo de cosas van generando un efecto disuasivo para todos los delincuentes, eso esperamos que implementen y para ello no necesitan ninguna ley”, emplazó.

También recordó que queda pendiente la expulsión de 12 mil carpetas que están sobre la mesa de la autoridad y que son medidas que no necesitan tramitación legislativa. “Este gobierno debe golpear más la mesa, hacer uso de sus facultades y no escudarse siempre en el Congreso, ya que hemos apoyado absolutamente todo lo que han pedido y ellos no nos han apoyado en leyes como declarar un delito el ingreso clandestino a nuestro país”, recalcó.

No hay enfoque

La diputada Yovana Ahumada (Avancemos Chile) declaró que la agenda de seguridad avanza más lento de que lo pensaron, aunque valoró la voluntad de algunos presidentes de comisiones para discutir proyectos, pero advirtió que, si no tienen la priorización por parte del Ejecutivo, después quedan detenidos en sala. “Como ejemplo tenemos el proyecto que declara el ingreso ilegal al país como delito y que no está siendo priorizado por el Ejecutivo, lleva un mes prácticamente dando vueltas, se ha puesto en tabla, pero en el sexto o séptimo lugar y generalmente se discuten las cuatro primeras iniciativas agendadas. No hay un enfoque, ese es uno de los principales problemas que veo”, cuestionó.

Junto a este proyecto, Ahumada dijo que hay otros para el aumento de penas y que se pueda detener a quienes tienen “prontuarios policiales”, pero sin sentencias. También añadió que personalmente presentó una moción para la organización de las policías en una unidad con inteligencia militar que fue enviada al Ejecutivo. Por ello, aseguró, existen propuestas que principalmente caen en las comisiones de Constitución, seguridad o gobierno interior.

“Solicité el presidente de la Cámara que, como cuando asesinaron a tres carabineros prácticamente uno a la semana y nos hicieron volver del trabajo distrital, pudiéramos coordinarnos con la presidencia del Senado más el apoyo del Ejecutivo para enfocarnos una o dos semanas en temas de seguridad. Eso nos ayudaría a optimizar los tiempos y la voluntad de votar a favor de los proyectos está en la mayoría de la Cámara de manera transversal, por supuesto, hay en un sector extremo que además es oficialista y que está en contra, porque estamos siendo mucho más duros con las sanciones y el tema migratorio. Pero dada la situación que estamos viviendo, hay que hacerlo, debemos privilegiar la seguridad de la mayoría de los chilenos”, manifestó.

Sobre el estado de excepción puntualizó que es una petición que viene desde el año pasado a través de un proyecto de resolución que presentó en junio y se aprobó en enero, sin embargo, ahora se aprobó otro. Son iniciativas de resolución porque escapan a las atribuciones parlamentarias, subrayó Ahumada.

“Lo que hacemos desde el Congreso es decirle al Presidente que creemos en esa herramienta y eso es transversal. El estado de excepción debió aplicarse el año pasado para evitar lo que estamos viviendo y hoy es urgente, se necesitan dar señales y soy de la idea de que el despliegue no sea acotado, porque en Antofagasta no tenemos sectores específicos. Antes decíamos que en tal lugar o tal hora podía pasar algo, pero ahora da lo mismo el sector, el horario, los asaltos con armas, los homicidios los vemos en cualquier parte. Se excusan en decir que no se puede, que todavía no es el momento, sin embargo, hay que recordar que cuando asume este gobierno teníamos un estado de excepción en el norte y ellos no quisieron renovarlo. Tampoco querían entregarlo en el sur y ahora lo único que tienen es un estado de excepción permanente en esa zona”, criticó.

La diputada mencionó que, si bien hay algunos diputados oficialistas que no están de acuerdo con las iniciativas que se están levantando, la voluntad y la mayoría de la Cámara está disponible para un voto a favor. La resistencia la observa, por ejemplo, en declarar el ingreso ilegal al país como delito, porque además se fusionó con una indicación que tiene que ver con el criterio Valencia.

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