Están a favor de endurecer las sanciones para menores involucrados en delitos violentos, pero junto con ello piden hacerse cargo de los problemas de fondo, como mejorar el sistema de reinserción y brindar más apoyo a las familias. Así fijaron sus posturas los diputados de Antofagasta luego de la votación de la Cámara que aprobó un proyecto de resolución. En él, los legisladores piden que el Ejecutivo solicite urgencia a la iniciativa “que rebaja la edad de responsabilidad penal adolescente a 13 años, y aplica el régimen penitenciario común a jóvenes entre 16 y 17 años que sean reincidentes o participen en delitos de mayor connotación social”.
La discusión que reabrió el debate sobre la ley de responsabilidad penal adolescente surgió horas después del homicidio de un niño de 12 años durante una encerrona a un vehículo familiar, crimen en el que participaron menores de edad en la comuna de San Bernardo (Región Metropolitana).
El diputado Fabián Ossandón (PDG) votó a favor del proyecto de resolución y declaró que lo que angustia hoy a las familias chilenas es real y no lo va a relativizar. “Cuando un adolescente comete un homicidio, un secuestro o una violación, tiene que existir una consecuencia seria y efectiva. No puede haber borrón y cuenta nueva al cumplir 18 años. Por eso respaldo que se fortalezcan las sanciones para los delitos más graves y para los reincidentes, que es justamente lo que hoy se discute en el Senado”, expresó Ossandón.
Sin embargo, el legislador explicó que también hay que ser honestos con la gente. En este sentido, dijo que endurecer penas, por sí solo, no resuelve el problema de fondo.
“Llevamos casi veinte años con un modelo de reinserción que fracasó, primero con el SENAME, y con un Estado ausente en muchos territorios donde el crimen organizado recluta a niños y adolescentes. Si solo aumentamos las penas y no atacamos esa raíz, seguiremos llegando tarde, con más víctimas y más jóvenes perdidos. Mi posición es clara. Firmeza con quienes cometen delitos atroces, pero también reinserción efectiva, presencia del Estado, apoyo a las familias y persecución implacable a las bandas que utilizan menores como mano de obra delictual. Lo uno sin lo otro es un parche, y la gente está cansada de los parches”, apuntó el parlamentario.
SANCIONAR, PREVENIR Y PROTEGER
Lo primero es entender que aquí no estamos hablando de delitos menores, sino de hechos gravísimos que incluso terminan costando vidas, como ocurrió en San Bernardo, manifestó el diputado Carlo Arqueros (Republicano), quien votó a favor del proyecto de resolución. En esos casos, al congresista le parece legítimo abrir la discusión sobre si el sistema de responsabilidad penal adolescente está dando una respuesta proporcional a la gravedad de los delitos y al nivel de violencia con que hoy operan muchas bandas que utilizan a menores de edad.
Pero también indicó que tampoco basta con decir que serán juzgados como adultos y creer que con eso se resuelve el problema. Si queremos abordar esta realidad en serio, continuó, necesitamos una reforma más profunda al sistema: revisar las sanciones para delitos gravísimos, fortalecer la persecución de las organizaciones que instrumentalizan a menores, mejorar el control de la reincidencia y, al mismo tiempo, asegurar programas de intervención temprana que realmente funcionen para evitar que niños y adolescentes terminen siendo captados por el crimen.
“Aquí no puede haber ni impunidad ni ingenuidad. El Estado debe tener herramientas para sancionar con firmeza, pero también la capacidad de actuar antes, con prevención, protección e intervención efectiva”, propuso el republicano.
ESTUDIOS SERIOS Y NO IMPRESIONES
Una postura más crítica explicitó la diputada Radical Marcela Hernando, la que se reflejó en su abstención en la votación. La exministra de Estado señaló que cualquier iniciativa de seguridad de este gobierno debe revisarse con lupa, porque ha visto varios proyectos de ley de parlamentarios a los que el Ejecutivo les ha puesto urgencia sin revisarlos bien, lo que ha traído problemas en las respectivas comisiones que los están tramitando.
Hernando ejemplificó que acaba de conocerse el fallo del Tribunal Constitucional sobre el Proyecto de Escuelas Protegidas en el que se rechazaron varias disposiciones, algunas de las cuales se asemejan a lo que “veremos en este proyecto de ley que fue presentado hace ocho años. Bajar la edad para asignar las penas a los adolescentes no frena a jóvenes que hoy son mucho más temerarios; eso es maquillar el problema. El espiral delictivo se frena con responsabilidad familiar y con un Estado eficiente”.
En esta materia, agregó la diputada, el gobierno debe comprometer recursos reales en el nuevo Servicio de Reinserción Juvenil y medir con estudios serios -no con impresiones- el impacto de la variable migratoria en los territorios, para entender si adolescentes de países con violencia histórica de narcotráfico están importando esas conductas.
“Además, creo que juzgar a menores como adultos es ponerse a un paso de despenalizar el trabajo infantil. Entiendo la satisfacción que le producen al gobierno estas medidas de impacto comunicacional más que de efectividad real; tenemos que actuar con seriedad, con visión de Estado y pensando en el país que queremos construir”, emplazó Hernando.
