En todos los cambios de gabinete a nivel local siempre había un nombre que se daba como carta fija para dejar el gobierno: la seremi de Desarrollo Social, Berta Torrejón Gallo. El motivo era simple, una cartera muy importante para una figura con casi nula espalda política por provenir del Movimiento UNIR. De ahí que la búsqueda de apoyos de la debilitada autoridad comenzó golpeando las puertas de Convergencia Social, las cuales no fueron abiertas. Sin embargo, esto no podía detenerla, la búsqueda era una necesidad de sobrevivencia.

Fue hace poco más de un mes que la tan anhelada espalda política llegó, y no de cualquiera sino que de la figura -en ese entonces- más fuerte del oficialismo en la región de Antofagasta, la diputada Catalina Pérez (RD). Hecho que quedó enmarcado de la forma que el mundo parlamentario tiende a manifestar este tipo de acuerdos, con una foto en redes sociales. Pero ese apoyo habría tenido una razón de ser.

«Coincidentemente», si así pudiera calificarse, Torrejón decidió llevar a CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena dependiente del Ministerio de Desarrollo Social) a tres militantes de Revolución Democrática cercanos a la parlamentaria: Cindy Gómez, parte del equipo de trabajo de Pérez en el Congreso; Ariel Flores, y un tercer nombre que sería el más complejo de todos: Liliana González. 

El incendio que amenazaba a Giorgio Jackson

Una vez destapado el caso convenios entre el Minvu Antofagasta y Fundación Democracia Viva, el gobierno comenzó a mirar con lupa si este «incendio» político quedaría radicado solo en Vivienda o podía escalar a otros ministerios. Y para sorpresa del gobierno central, el riesgo de propagación era real y exponía al propio ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson. De ahí, que la situación se manejó con absoluta reserva.

No era ningún misterio que la oposición buscaba que la actual polémica escalara al fundador de Revolución Democrática. De ahí que lo detectado en la Seremi de Desarrollo Social de Antofagasta abría esa puerta. Esta debía ser cerrada de inmediato. Y así se hizo.

El peligro estaba en que dentro de las incorporaciones de militantes de RD que había realizado la Seremi Berta Torrejón Gallo estaba Liliana González, quien no solo fue candidata al consejo constituyente por parte de Revolución Democrática sino que también fue la Asesora Jurídica de Asentamientos Precarios en la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta. Sí, el mismo programa por donde pasaron los polémicos convenios con Democracia Viva (Ver foto al final de la nota).

Tras detectar esto, la decisión desde el ministerio fue una sola: sacar a los tres protegidos de Catalina Pérez de inmediato, sin contemplación y con el mayor sigilo posible, esto también aprovechando que algunos de esos contratos estaba todavía en etapa de tramitación en el gobierno, según consigna La Tercera. Tanto así, que las oficinas de CONADI en Antofagasta hoy lucen cerradas con un simple papel en su puerta con el mensaje: «Oficina de Conadi no atenderá hasta nuevo aviso».

Con el escenario actual que enfrenta la debilitada Catalina Pérez y este error que podría haber extendido el escándalo hasta el ministro Jackson, el futuro de Torrejón en el gobierno es, a lo menos, poco auspicioso. Ahora sí, dicen las fuentes ligadas al oficialismo, su caída sería inminente y sin ninguna red de contención.

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