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sábado, 20 julio, 2024
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Política

“El partido considera que Catalina Pérez vulneró la probidad”: abogada querellante de RD en Caso Convenios

Libertad Triviño informó que solicitaron al fiscal la incautación de las cuentas corrientes de la parlamentaria por Antofagasta, al igual que las del exseremi Carlos Conteras y el representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade. “Esto a todas luces fue éticamente reprochable”, manifestó.

“El partido considera que Catalina Pérez vulneró la probidad”. Así aseguró la abogada Libertad Triviño (38) -quien asumió como querellante de Revolución Democrática en el Caso Convenios-, en conversación con La Segunda, donde se refirió al rol que ha tenido la parlamentaria por Antofagasta en los cuestionados convenios que suscribió su exasesor y exseremi Carlos Contreras y su entonces pareja, Daniel Andrade.

Consultada si se pueden citar a declarar militantes en la querella de RD, la profesional aseguró que “sí, se solicitó la declaración de varias personas del partido en calidad de testigo, de imputado y víctima. Aquí hay tres personas a las que la fiscalía les entregó la calidad de imputados y nosotros tenemos el registro de personas que han salido mencionadas en prensa, que pueden ser víctimas, testigos de delitos y sería bueno que les tomaran declaraciones”.

Además, sobre la calidad con la que quieren que se interrogue a Pérez, dijo que “esa decisión le corresponde al fiscal, yo creo que ella está en calidad de imputada. En cuanto a las diligencias, le solicitamos al fiscal la incautación de las cuentas corrientes de la señora Catalina Pérez, del señor (Carlos) Contreras y del señor (Daniel) Andrade; pedimos que se informen las sociedades que participan y las sociedades de sus relacionados. También que se oficie al Minvu para que dé cuenta en qué estado están las obras que debían realizar y que se incauten todas las comunicaciones telefónicas, computadoras”.

Asimismo, señaló que “se han tergiversado los hechos” respecto a cómo se enteró el senador Juan Ignacio Latorre (RD) de los convenios entre la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta y la fundación Democracia Viva. Así, apuntó a que Catalina Pérez, el pasado 6 de junio, no le dijo al timonel de la colectividad acerca de irregularidades. “Le dice que existen unos convenios, que hay algo de ruido, pero que no se preocupe porque aquí no hay nada”, sostuvo.

De acuerdo a la abogada, la directiva se reunió ese mismo día por la tarde con Contreras y Andrade, además de la jefa de gabinete de la diputada Pérez. En la cita, dijo, se levantaron algunas sospechas. “Lo que más llamó la atención a la directiva es que sus explicaciones eran confusas, estaban enredados, por decirlo de alguna manera”, enfatizó.

También señaló que “a todas luces, fue éticamente reprochable” que el beneficio fuera firmado por el exasesor de la parlamentaria por Antofagasta y su entonces pareja.

Respecto a las razones por las que el partido no ha sido tan “tajante” con Pérez, Libertad Triviño respondió: “No hay ningún antecedente que vincule a la señora Catalina Pérez con un hecho delictual. Ella sí fue sancionada porque, efectivamente, el partido considera que vulneró la probidad. ¿Y por qué? Porque ella no es cualquier militante de RD, ella es diputada, pero además fue la bandera de lucha de la probidad de RD y además es abogada. Uno esperaría que ella hubiera tenido una actitud mucho más colaboradora, mucho más proactiva”.

En este contexto, comentó que la diputada nunca ha negado ni reconocido si estuvo al tanto de lo sucedido. “Si no tenía el detalle de los convenios debió haber puesto atención, debió haber visto que había, al menos, una incompatibilidad ética”, cuestionó la abogada.

Agregando que “lo que de Antofagasta es una situación desfachatada, más cuando Catalina Pérez era la persona que estaba hablando de subir los estándares de probidad, entonces por eso la situación es más reprochable a ella. También una consideración que toma el tribunal es cuando sanciona a la señora Pérez. Es decir, ‘mira, piensa todo el daño que le hace Catalina Pérez al partido’. La directiva pidió una suspensión de dos años; el tribunal determinó uno”.

Por último, aseveró que la directiva no ha tenido contacto con la diputada Pérez, así como tampoco con Contreras y Andrade.

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