Durante los últimos días hemos leído y escuchado diversas opiniones respecto del informe emitido por la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional. Una de las medidas propuestas por este programa de gobierno, es la elección del Intendente Regional, proyecto de ley que debe ser presentado al Congreso.
Iniciativa que por cierto comparto, pero habiendo ejercido el cargo de Intendente Regional, es importante establecer algunas consideraciones que me parecen muy relevante en el debate que se va desarrollar.
Es evidente que las regiones vienen solicitando que sus autoridades sean elegidas, con objeto de tener una mayor autonomía en la toma de decisiones y especialmente en la solución de los problemas que nos aquejan.
Si bien puede tomarse como un adelanto en el proceso de Regionalización, esto pasa necesariamente por entregarle reales facultades al nuevo Intendente electo, porque de no ser así estaríamos frente a “Un Rey Sin Trono”. Para analizar esto, nos detendremos en lo que dicen las encuestas y estudios de opinión donde se refleja que las mayores preocupaciones que tiene la ciudadanía son Salud, Educación y Seguridad Pública.
Al analizar cada uno de ellos, surge uno de mis primeros temores: en materia de salud, esta se encuentra dividida en atención primaria radicada en los Municipios y la de mayor complejidad en el Servicio de Salud, dependiente del Ministerio de Salud, específicamente la Subsecretaria de Redes Asistenciales, es decir, el Gobierno Regional no tiene ninguna injerencia directa en esta materia, más allá de priorizar algunos proyectos de equipamiento o infraestructura menor, a saber sólo el funcionamiento de los hospitales de la Región equivale aproximadamente al total del presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR.
En Educación sabemos de la intención de iniciar un proceso de desmunicipalización, pero no se ha señalado que ente lo va a reemplazar, hay voces que señalan que debe ser el estado – Ministerio de Educación – quien se haga cargo de esto, respecto de esta materia se abre una posibilidad para que finalmente sea el Gobierno Regional quien la gestione, pero ello implica muchísimos recursos tanto desde el punto de vista financiero como de personal, ¿Estará el Estado dispuesto a transferir esta cantidad de recursos?, no lo sé.
Respecto de la Seguridad Pública, esta depende directamente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en la actualidad el Intendente y el Gobernador inciden esta materia sólo por ser parte del Ministerio del Interior, es decir, representan al Ministerio en la Región. Si la nueva ley deja esa dependencia, el intendente electo pierde toda potestad sobre la materia, salvo que la ley le otorgue facultades sobre las policías, reduciéndoselas al Ministro del Interior, lo cual se ve muy lejano. La propia comisión establece que el nuevo delegado presidencial (Ex Gobernador) representarán al Ministerio del Interior y Seguridad Pública en la región.
Es decir en estas las tres materias fundamentales para la ciudadanía, el nuevo Intendente electo no tendría injerencia alguna. Hay otros temas por analizar ¿Qué pasa con las Seremias que representan a los Ministros respectivos, el Intendente electo podrá nombrarlos?, en materia de emergencia, etcétera.
Hay que estar muy atento a la tramitación de la ley, para no terminar eligiendo a un “Rey Sin Trono” y las regiones seguir a la larga dependiendo, en las materias relevantes de las decisiones que se toman en Santiago.
