Una detención en la ciudad de Antofagasta a un individuo -cuyo nombre no fue entregado por las autoridades por ser parte de la investigación- que almacenaba cable de cobre cortado y que no pudo acreditar su origen, fue el inicio de una búsqueda de inteligencia aduanera e investigativa en la que participaron las Fiscalías de Antofagasta, de San Antonio y la PDI, que concluyó en el puerto de San Antonio con la incautación de 12.601 kilos de cable de cobre robado, equivalentes a 150 kilómetros lineales, que estaban almacenados en 19 maxi sacos listos para partir vía marítima a Corea del Sur.
Así lo dio a conocer el Director Nacional de Aduanas, José Ignacio Palma, junto a los Subsecretarios de Prevención del Delito, María José Gómez, y de Telecomunicaciones, Francisco Moreno, junto a autoridades del Ministerio Público y la PDI, quienes concurrieron a San Antonio para verificar los detalles del caso.
El Director de Aduanas destacó el trabajo colaborativo de investigación conjunta con la PDI y el Ministerio Público. “La detención de un sujeto en Antofagasta y las ordenes de investigar determinaron que estudiáramos toda la documentación aduanera de esta persona. Así descubrimos que participaba en una sociedad que exportaba chatarra de cobre. Nuestra Unidad de Análisis de Riesgo logró marcar dos contenedores que se encontraban en San Antonio listos para embarcar rumbo a Corea del Sur. La revisión de la carga por parte de nuestros funcionarios, la PDI y peritos especializados determinó que efectivamente se trataba de cables de cobre robados.”
José Ignacio Palma añadió que es relevante el trabajo de las unidades coordinadoras, en este caso de la zona central, lideradas por el Ministerio del Interior, que ha permitido acceder a información valiosa para actuar y precaver que este tipo de ilícitos se puedan consumar.
El avalúo aduanero de las más de 12 toneladas de cobre es cercano a los 87 millones de pesos, sin perjuicio del valor comercial en el que puede transarse en el comercio informal.
Por su parte, el Subsecretario de Telecomunicaciones, Francisco Moreno, indicó que “el efecto que genera el corte y posterior robo de la infraestructura de los servicios de telecomunicaciones es sin lugar a duda un efecto muy negativo en las personas y familias, también es muy negativo desde el punto de vista de la seguridad, de la imposibilidad de ciertos sectores de poderse comunicar con los servicios de emergencia. Hoy tenemos en nuestro país alrededor de 5.3 eventos de cortes de cable de servicios de telecomunicaciones y es por eso que estamos empujando con especial decisión un proyecto de ley que se va a votar el próximo 1 de marzo en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, que impone penas mayores al delito de corte de cable de servicios de telecomunicaciones. Al mismo tiempo, nos estamos haciendo parte como SUBTEL en la distintas causas de las denuncias y en las querellas criminales presentadas, de modo que podamos hacer un adecuado seguimiento de quiénes son las bandas, las organizaciones de carácter criminal que nos están impidiendo contar con una buena conectividad».
Alfie Ulloa, presidente ejecutivo de ChileTelcos (Asociación Chilena de Telecomunicaciones) indicó que “el robo de cables y el vandalismo interrumpen los servicios de telecomunicaciones y de electricidad, dejan incomunicadas a miles de hogares y empresas, y obligan a suspender la atención en servicios públicos, de salud, bancos, entre otros (…) Generan un enorme impacto directo en la calidad de vida de las personas, y el funcionamiento de la economía y la sociedad”.
