El presidente de la Asociación de Gendarmes de Chile (AGECh) provincial El Loa Calama, César Ramírez, aseguró que mirar el pabellón 7 del penal de Calama «es como ver una cárcel de Filipinas». La razón es el aumento en el ingresos de imputados extranjeros que colapsó ese módulo que cuenta con una capacidad máxima de 80 internos, pero que ahora trabaja con 113. El problema lo explicaron a la Dirección Regional de Gendarmería, aunque la autoridad no puede hacer mucho en esta situación, ya que deben dar cumplimiento a las órdenes de los tribunales de Garantía. Y en el contexto del endurecimiento de leyes que atraviesa el país y que podría generar un incremento de los imputados en el sistema penal, la única solución para el gremio es acelerar los procesos para la construcción de la nueva cárcel de Calama.

Ramírez detalló que la unidad de El Loa tiene una capacidad que ronda los 300 internos, sin embargo, actualmente cuenta con 475. Esta cárcel, dijo, siempre cumplió de buena manera e incluso se enviaban a ella a quienes estaban involucrados en riñas o hechos problemáticos en la región, pero ahora ya no está en condiciones de albergar más población, señalando, además, que nunca ha sido una cárcel de alta seguridad.

“Tenemos un problema con el aumento de la población penal en los últimos dos meses, subiendo al triple la cantidad de ingresos. Lo más delicado es el alza de los imputados de nacionalidad boliviana, porque antes llegaban uno o dos internos, pero ahora son de cinco a siete. Por ejemplo, este fin de semana tuvimos 12 ingresos. En un mes registrábamos 15, pero ahora son 50, es más del triple”, declaró.

Ramírez sostuvo que, en la región, el Tribunal de Garantía que genera más ingresos es el de Antofagasta, luego el de Calama y en estos últimos meses experimentaron un incremento considerable en el pabellón 7, el de extranjeros, que ahora está con sobrepoblación. “En ese pabellón teníamos de 50 a 80 internos que era su capacidad máxima, ahora son 113”, advirtió.

El dirigente expresó que quienes ya recibieron sentencia pueden postular a otras unidades o hacer conducta, pero en este caso los imputados dependen de los tribunales de justicia y no pueden moverlos sin autorización, ya que deben esperar el proceso de formulación de cargos y el juicio, lo que puede tardar hasta dos años.

“Es un tema que se está saliendo de las manos, porque los tribunales emiten las órdenes de ingreso y no puede hacerse nada, solo recibir a los internos. Es urgente que se acelere el trabajo para la construcción de la nueva cárcel de Calama, porque este penal es de 1960 y ya no da abasto. Antes teníamos más capacidad, pero algunos pabellones fueron reacondicionados, había uno colectivo que se transformó en un taller laboral”, recordó.

Dificultades en reinserción

El gendarme afirmó que, en términos de seguridad, los funcionarios están cumpliendo y dando contención a la realidad que viven, pero indicó que el tema pasa por los espacios de la unidad que ya no dan para proporcionar de buena manera una reinserción.

“Una de las dificultades de la sobrepoblación es para el personal civil, asistentes sociales, psicólogos, que realizan los planes de intervención para la reinserción de los condenados. Tenemos muchos internos en lista de espera porque el área técnica no es suficiente. Siempre se habla de la puerta giratoria, que las personas tienen que quedar presas, pero ¿quién se hace cargo de quienes están privados de libertad? Ellos tienen derechos, uno de ellos es la reinserción y el personal a cargo está sobrecargado”, expuso Ramírez.

Y en este contexto, el dirigente puntualizó que antes existía una ley que expulsaba a los internos de nacionalidad boliviana que estaban condenados a cinco años y un día de cárcel. Sin embargo, esa ley que favorecía el funcionamiento de las cárceles ya no rige. Si llegaban siete bolivianos condenados por droga, el delito más común en esa nacionalidad, postulaban y se iban expulsados. “Ahora solo estamos acumulando internos y es complejo. La cárcel de Antofagasta no tiene este problema porque al ser concesionada, no puede exceder el límite de población penal porque el Estado tiene que pagar multas, pero en un penal tradicional como Calama no se pagan multas, así que puede superar su capacidad. Ha llegado gente trasladada desde Arica, de Iquique, Taltal. Lo más complicado en Calama es el pabellón 7, es como ver una cárcel de Filipinas”, lamentó.

El dirigente precisó que este lunes, los tres gremios más representativos de Calama se reunieron con el director regional subrogante de Gendarmería y manifestaron su preocupación por el alto índice de población penal. Pero reconoció que la dirección regional está de manos atadas porque el mismo problema presenta Tocopilla y la única solución visible es la nueva cárcel y por eso es urgente que se acelere el proceso.

“Lo que está pasando no es algo que podamos solucionar como Gendarmería, es una situación que se está dando y los tribunales de Garantía tampoco pueden decir que como hay demasiados internos, no enviarán más ingresos, estamos todos atados de manos. Vimos que se adjudicó el diseño de la unidad (de Calama), pero falta mucho para la construcción. En la cárcel de Arica la construcción demoró más de diez años porque hubo problemas técnicos y el temor es que algo similar pase en Calama”, manifestó César Ramírez.

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