Los desalojos que ha realizado la Delegación Presidencial en Antofagasta, encabezada por Karen Behrens, no han pasado desapercibidos para la Defensoría de los Derechos de la Niñez, quienes le hicieron ver una eventual vulneración de los menores durante estos procedimientos.

Dicho malestar lo plantearon a través de un documento con fecha 9 de enero del 2024, firmado por Natalia Cuello, coordinadora (s) sede Arica y Parinacota de la Defensoría de la Niñez, el cual va dirigido directamente a Behrens, a quien le piden información sobre los desalojos y además entregan recomendaciones en relación a dicha temática.

«En lo pertinente, resultan observables los procesos de desalojos acontecidos en la región y ante la sucesión de estos eventos, es esencial tener en cuenta la situación de los niños, niñas y adolescentes, ya que resulta imperativo, considerar y mitigar cualquier posible repercusión negativa en este grupo vulnerable, tanto antes como durante y después de los desalojos. Frente a lo expuesto, sabido es que los niños, niñas y adolescentes (en adelante, NNA), son un grupo de la población que, por su estado de desarrollo, necesitan de una protección especial», indica el oficio.

Derechos específicos

La coordinadora de la Defensoría de la Niñez recuerda que los NNA gozan de los derechos que les corresponden a todas las personas, pero, además, tienen derechos específicos y especiales derivados de su condición, los que generan deberes específicos para la familia, la sociedad y el Estado.

Además, recalca que “esta protección especial, adaptada y reforzada, que reconoce el Derecho Internacional de los Derechos Humanos a los niños [niñas y adolescentes] se fundamenta en su condición de personas en crecimiento y se justifica en base a las diferencias, respecto de las personas adultas, en cuanto a las posibilidades y desafíos para el efectivo ejercicio, la plena vigencia y la defensa de sus derechos”; es decir, son una población considerada vulnerable frente al acceso a la justicia. A lo que agrega: «De ahí que se requieran medidas adicionales de protección por parte de los Estados, respecto a toda la infancia y adolescencia que se encuentre bajo su jurisdicción».

Preocupación por los desalojos en Antofagasta

La Defensoría de la Niñez plantea que ante la existencia de niños, niñas y adolescentes de diversas nacionales, es necesario tener presente, respecto a las personas migrantes, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “los Estados (…) no pueden discriminar o tolerar situaciones discriminatorias en perjuicio de los migrantes”.

También señala que «en armonía con lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño, señala, en su artículo 2°, que los Estados deben velar que no se discrimine a los niños por ningún motivo vinculado a ellos, a sus padres o tutores. Asimismo, deben velar para que todos los derechos de los niños y niñas regulados en dicho tratado se apliquen de igual manera para todo niño. Por otra parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y por el Relator Especial sobre el Derecho a la Vivienda, han elaborado estándares que deben cumplirse en relación con los procedimientos de desalojos en virtud, señalando elementos que los Estados, al proceder a acciones de desalojo deben tener en consideración».

Protocolo antes del desalojo

La Defensoría de la Niñez recalca a la delegada la exigencia de protocolos frente a los desalojos en relación a la presencia de NNA, entre esos enumera los siguientes:

• “Un aviso apropiado a todas las personas que podrían verse afectadas de que se está considerando el desalojo y que habrá audiencias públicas sobre los planes y las alternativas propuestos;
• difusión eficaz por las autoridades de la información correspondiente por adelantado, en particular los registros de la tierra y los planes amplios de reasentamiento propuestos, con medidas dirigidas especialmente a proteger a los grupos vulnerables;
• un plazo razonable para el examen público, la formulación de comentarios y/o objeciones sobre el plan propuesto;
• oportunidades y medidas para facilitar la prestación de asesoramiento jurídico, técnico y de otro tipo a las personas afectadas sobre sus derechos y opciones;
• y celebración de audiencias públicas que den la oportunidad a las personas afectadas y a sus defensores a impugnar la decisión de desalojo y/o presentar propuestas alternativas y formular sus exigencias y prioridades de desarrollo”

Durante el desalojo

El texto también plantea los pasos durante el desalojo:

• la presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes en el desalojo, especialmente cuando éste afecte a grupos de personas9;
• permitir el acceso de observadores neutrales, en particular observadores nacionales e internacionales;
• los Estados deben adoptar medidas para garantizar que las mujeres no sean objeto de violencia ni discriminación de género durante los desalojos, y especial protección a los derechos humanos de los niños;
• cualquier uso legal de la fuerza debe respetar los principios de la necesidad y la proporcionalidad, así como los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley;
• no efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o de noche, durante los festivales o las fiestas religiosas, antes de las elecciones o durante o justo antes de los exámenes en las escuelas;
• debe garantizarse que nadie sea objeto de ataques directos o indiscriminados u otros actos de violencia, especialmente dirigidos contra las mujeres y los niños, o privado arbitrariamente de sus bienes o posesiones a consecuencia de la demolición, el incendio intencionado y otras formas de destrucción deliberada, negligencia o cualquier forma de castigo colectivo, así como permitir a las personas conservar sus “posesiones y materiales de construcción”. Los bienes y las posesiones abandonados involuntariamente deben protegerse contra la destrucción y la apropiación, la ocupación o el uso arbitrarios e ilegales.
• Las autoridades y sus agentes nunca deben exigir u obligar a las personas desalojadas a que destruyan sus propias viviendas u otras construcciones. Sin embargo, la posibilidad de hacerlo debe ofrecerse a las personas afectadas, ya que podría facilitar la conservación de posesiones y de materiales de construcción.

Después del desalojo

Entendiendo que los niños, niñas y adolescentes, después de un desalojo quedan en una situación aún mayor de vulnerabilidad, la Defensoría de la Niñez también le indica a la delegada presidencial de Antofagasta los pasos cuando esto ocurre, respecto a los NNA:

• alimentos esenciales, agua potable y saneamiento;
• alojamiento básico y vivienda;
• vestimenta apropiada;
• servicios médicos esenciales;
• educación para los niños e instalaciones para el cuidado de los niños.

Indicando por último que los Estados también deberían asegurar que los miembros de la misma familia ampliada o comunidad no se separen a consecuencia de los desalojos. Igualmente, “todas las personas desalojadas que estén heridas y enfermas, así como las personas con discapacidad, deben recibir los cuidados y atención médica necesarios en la mayor medida que sea factible y con el menor retraso posible. (…) Es necesario prestar atención especial a las necesidades de salud de las mujeres y los niños. (…) Los lugares determinados de reinstalación deben responder a los criterios de una vivienda adecuada de acuerdo con el derecho internacional relativo a los derechos humanos.

El plazo para responder

El oficio concluyo pidiendo a Behrens efectuar las coordinaciones en torno a estos procesos, con la Subsecretaría de la Niñez correspondiente a la Región de Antofagasta o a la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, quienes debe asumir el rol de prevención y protección de los niños, niñas y adolescentes y sus familias. «Asimismo, solicitamos enviarnos copia de estas vinculaciones para efectos de brindar un adecuado seguimiento de conformidad a nuestra facultad contemplada en el Artículo 4 Letra e) de la Ley N° 20.067». 

Por último, estableció que la información requerida sea «remitida a la suscrita dentro del plazo de 5 días, contados desde la recepción del presente Oficio». 

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