Exgobernadores provinciales de Antofagasta aseguraron que, en el contexto de seguridad que atraviesan las regiones del norte del país, el estado de emergencia sería una herramienta útil para enfrentar los hechos delictuales más graves, aunque advierten que la medida debe articularse con otras acciones, como un trabajo de coordinación que ya se está realizando para perseguir a grupos dedicados al crimen organizado.
La situación de seguridad en la macrozona norte es el elemento de mayor preocupación para los vecinos y en el caso de Antofagasta, el homicidio de un adolescente de 16 años conmocionó a la ciudad y gatilló que un grupo de parlamentarios de distintas regiones conformaron una bancada transversal para solicitar que el gobierno decrete estado de excepción en el Norte Grande.
Aunque la semana pasada la idea no tuvo el respaldo esperado por los diputados, el gobierno ayer envió una señal manifestando que no descarta utilizar ningún instrumento para combatir a grupos delictuales organizados.
Fabiola Rivero, exgobernadora provincial y académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Antofagasta, explicó que para analizar el impacto de esta herramienta necesariamente tiene que estar acompañada de otras acciones, “como las que ha manifestado la ministra del Interior, Izkia Siches, en Arica y Parinacota. Y también de las que ha comunicado el gobierno en Antofagasta, a través de la Delegación Presidencial, con relación a la fiscalía especializada de focos. La pura declaración del estado de excepción, per se, resta utilidad en la medida que no vaya acompañada de otras acciones que afortunadamente se visualizaron como necesarias y algunas de ellas ya comenzaron a ejecutarse”.
La académica detalló que ante la solicitud de los parlamentarios y por las necesidades que plantean, lo que correspondería sería ejecutar el estado de emergencia. La consecuencia de su aplicación es que la zona territorial donde se declara queda bajo la dependencia inmediata del jefe o jefa de la defensa nacional, un general de alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas designado por el presidente Boric. “Esta persona asume la dirección y supervigilancia del territorio con las atribuciones y deberes que la ley orgánica constitucional de estado de excepción señala. Con este estado de emergencia lo que se puede es limitar la libertad de desplazamiento y de reunión. Esto no significa que la delegada presidencial, Karen Behrens, deje de ser la representante del presidente y tampoco quiere decir que las policías en el ámbito de sus competencias dejen de tener sus facultades”, precisó.
Una decisión de este tipo, continuó, es atribución exclusiva del presidente de la República, como lo establece la actual Constitución. La abogada advierte que en caso de declararse iría en consonancia con lo que ha declarado la ministra Siches, quien en su última visita a la región de Arica y Parinacota, planteó una serie de acciones enmarcadas en dotar de mayor eficiencia la labor de resguardo del orden público de Carabineros y de mayor coordinación por parte de las Fuerzas Armadas, particularmente con el control de fronteras.
“Si analizamos las posibles consecuencias de un estado de excepción, no sirve en la medida que no vaya acompañado de acciones concretas y eficientes. En mi opinión, estas acciones que ya ha dado a conocer la ministra en el norte serían perfectamente compatibles con un eventual estado de emergencia. Además, como un segundo elemento menciono la visión de crimen organizado, que para quienes vivimos en el norte de Chile es muy importante. El trabajo que ha realizado el gobierno a través de la Delegación Presidencial en conjunto con la fiscalía especializada de focos ha dado cuenta a la ciudadanía de las labores que se realizan en esta materia”, destacó.
“Facilita a las policías»
El exconstituyente, exgobernador e intendente de Antofagasta, Pablo Toloza, también coincide en que el estado de emergencia será de utilidad en la medida que se apliquen otras acciones efectistas y efectivas.
“Es una herramienta que tiene disponible el gobierno y creo que es necesaria ocuparla. Hay grandes problemas en materia de seguridad, como el narcotráfico y nosotros somos una zona de paso importante. En ese sentido declarar el estado de emergencia es importante para ello”, dijo.
Para Toloza, el estado de emergencia es un primer paso y ayudaría a complementar el trabajo de seguridad, ya que se trata de un sistema que requiere coordinación para que funcione. “El hecho no es que Carabineros deje un lugar, sino que se concentra en otras partes, porque desde el momento que tienes regulado el tema de la frontera, es evidente que eso facilita que las policías puedan concentrarse en otras puntos”, valoró.
El abogado indicó que la macrozona norte tiene problemas como el ingreso del Tren de Aragua, que provoca dificultades reales en la ciudad de Arica, pero agregó que esta organización delictual también se ha trasladado con sus delitos, como la trata de personas, lo que se ha visto en Puerto Montt y “si está allá, es esperable que pasara por esta ciudad”.
“El primer gran error que se comete en seguridad es cuando se dice que es meramente una sensación. Cuando estuve como gobernador e intendente siempre asumí que la seguridad era un problema real que no había que ocultar. Por eso sostuve reuniones no solo con la comunidad en juntas de vecino, también con la prensa, con diálogos para reconocer la existencia de ese problema. Creo que es la gran crítica que se puede realizar a la Delegación Presidencial y al gobierno, es que piensan que se trata de un tema exclusivamente de sensación de seguridad, cuando tenemos un aumento de la delincuencia. Primero hay que reconocer el problema y luego desarrollar medidas efectivas y efectistas, entregando un respaldo a las fuerzas de orden para mejorar”, apuntó.
