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viernes, 2 diciembre, 2022

Extorsiones, asesinatos y descontrol migratorio: Y el gobierno no escucha

"En estos últimos seis meses, la migración irregular en un gran porcentaje ha estado asociada a graves ilícitos, el año 2022 tuvo un crecimiento exponencial con 38 mil personas ingresadas hasta agosto según datos de PDI, en su mayoría ciudadanos venezolanos", Sebastián Videla, Diputado por la región de Antofagasta

El próximo 1 de octubre se acaban las restricciones sanitarias en Chile y con ello, se da un paso final a la pandemia que vivimos por casi tres años a nivel mundial. En nuestro país, la enfermedad causó estragos, pero ceguera en algunos sectores políticos. En su tiempo los ediles de Arica e Iquique denunciaban una migración irregular descontrolada en el Gobierno de Piñera y jamás se le tomó atención, solo años después cuando un camionero fue asesinado por migrantes irregulares.

Hoy, la grave crisis humanitaria no se ha detenido y solo se ha invisibilizado, basta con ir a algunos parques o el borde costero para ver carpas con familias o acercarse a la falda del cerro y ver la infinidad de campamentos en Antofagasta, donde ni siquiera la autoridad competente sabe en concreto cuántas personas viven allí. Pero la pregunta es, ¿qué sigue esperando el actual Gobierno para tomar atajos a esto?

En estos últimos seis meses, la migración irregular en un gran porcentaje ha estado asociada a graves ilícitos, el año 2022 tuvo un crecimiento exponencial con 38 mil personas ingresadas hasta agosto según datos de PDI, en su mayoría ciudadanos venezolanos. Lo complejo de esto, es que no se sabe quién entra, y eso es lo que nos mantiene preocupados ahora.

Por nuestra parte, hemos solicitado establecer un Estado de Excepción Constitucional en la frontera y en las carreteras, porque el decreto 265 no sirve. ¿De qué le sirve al estado mantener militares en frontera y que no tengan algunas facultades?, finalmente todo queda en nada. Hemos desplegado diversas iniciativas parlamentarias como la Ley Coyote, contra el tráfico de personas, la Ley GPS ante el aumento de robos de vehículos traslados a Bolivia, la modificación del código penal para dar una agravante en el delito de amenazas a los integrantes de bandas de crimen organizado y la solicitud a la Ministra Tohá para iniciar un proceso de expulsiones administrativas a extranjeros que cometan delitos establecidos en la ley 20.000, lo que ha producido el colapso de las cárceles del norte.

Pero parecemos que seguimos sin ser escuchados, sin el apoyo del ejecutivo, nada podemos hacer para avanzar en seguridad en nuestros barrios, sin embargo el crimen organizado se sigue tomando el norte, siguen robando cobre, siguen robando a mineras, el tráfico de drogas sigue creciendo y nos sorprendemos de noticias a diario de asesinatos. Solo hace tres días, ciudadanos venezolanos amenazaron a una familia local con fotografías y llamadas de extorsión, cobrando 50 millones de pesos para dejarlos tranquilos, ósea en qué nueva realidad estamos viviendo.

El Ministerio del Interior debe intervenir el norte, pero parecemos disco rayado, simplemente no nos escuchan, cuando vinieron con la exministra Siches a ofrecer 2.500 millones, hasta la fecha no se ven, no existen, ni han aportado en nada, pareciera que se burlan en nuestras caras, pero lo más triste que se burlan de la gente inocente, de los ciudadanos y ciudadanas del norte que están día a día preocupados por la inseguridad.

El norte se va a paralizar nuevamente, se lo hemos advertido al Gobierno porque no quieren escuchar, y la necesidad número uno en Chile es la seguridad, obviamente que todo importa pero debemos ordenar la casa para mejorarla y ser un país referente como siempre lo ha sido.

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