El crimen organizado ya no representa únicamente una amenaza vinculada al tráfico de drogas, el contrabando o la violencia. Su evolución hacia estructuras más sofisticadas, con capacidad de articulación internacional y búsqueda de control sobre actividades económicas e instituciones, plantea nuevos desafíos para el Estado, particularmente a nivel local (Región de Antofagasta).
Esta fue una de las principales advertencias formuladas por el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, durante su participación en el seminario “Crimen Organizado y Contrabando”, organizado por la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), instancia en la que abordó los riesgos que enfrenta la institucionalidad frente a la expansión y transformación de las organizaciones criminales.
En su exposición, el Fiscal Regional planteó que las organizaciones criminales deben ser entendidas como redes modulares y transnacionales, que funcionan con división de tareas, logística, financiamiento y conexiones territoriales, donde las estructuras visibles a nivel local pueden formar parte de redes de alcance internacional.
“La banda es local; la red que la abastece es internacional”, fue una de las premisas planteadas en la presentación, que buscaba graficar cómo el fenómeno criminal ha dejado de responder exclusivamente a una lógica territorial y ha adquirido una dimensión mucho más compleja.
Municipios
Uno de los principales focos de la exposición estuvo puesto en los riesgos de corrupción y captura institucional, particularmente en el ámbito municipal.
El Fiscal Regional advirtió que, para las organizaciones criminales, el soborno puede ser una herramienta tan relevante como la violencia, porque permite alterar las reglas, facilitar operaciones ilícitas y acceder a espacios de decisión institucional.
“En este contexto, las municipalidades adquieren especial relevancia, dado que constituyen uno de los primeros puntos de contacto entre el Estado y la ciudadanía y administran recursos, permisos, patentes, concesiones y servicios que pueden resultar de interés para organizaciones criminales”, manifestó el persecutor.
La exposición identifica precisamente al municipio como “blanco”, pero al mismo tiempo, como “primera barrera de defensa” frente al crimen organizado, señalando entre los principales vectores de riesgo las compras públicas, concesiones estratégicas, además de actividades vinculadas a economías ilícitas fronterizas, como la minería ilegal, el contrabando y el lavado de activos a nivel local.
Frente a este escenario, el Castro Bekios planteó la necesidad de fortalecer las capacidades municipales para detectar tempranamente operaciones irregulares y establecer mecanismos de coordinación con los organismos encargados de la fiscalización y persecución penal.
Asimismo, propuso incorporar inteligencia de datos a los procesos de fiscalización, pesquisar eventuales fraccionamientos de compras y sobreprecios, establecer mecanismos para monitoreo de concesiones, obras y servicios, además de promover el uso del canal de denuncias de la Contraloría establecido por la Ley 21.592.
La ponencia también abordó los distintos niveles que puede alcanzar la captura del Estado, desde formas de corrupción administrativa de menor intensidad, asociadas a favores o prácticas que terminan normalizando la ilegalidad, hasta escenarios de mayor gravedad en los que agentes legales son objeto de sobornos para alterar las reglas en beneficio económico de las organizaciones criminales.
“En un nivel superior, la captura puede involucrar intimidación y coacción, con objetivos que trascienden lo estrictamente penal y buscan afectar el ámbito político y social, llegando incluso a comprometer instituciones encargadas de la persecución y administración de justicia. No hemos llegado afortunadamente a esos niveles de infiltración como ha ocurrido en otros países”, dijo.
Corredor
El Fiscal Regional también abordó el escenario que podría generarse con la consolidación del Corredor Bioceánico Capricornio, advirtiendo que la infraestructura física avanza más rápidamente que la arquitectura de seguridad necesaria para enfrentar los riesgos asociados a una mayor circulación de bienes y personas.
En este contexto, identificó como amenazas relevantes el tráfico terrestre por el corredor interior, el tráfico marítimo y portuario y la actuación de organizaciones criminales transnacionales, con nodos críticos como los pasos Jama y Sico y los puertos de Antofagasta y Mejillones.
“Frente a esta evolución, la estrategia de persecución debe superar la lógica de simplemente interceptar cargamentos y detener personas. Debemos avanzar ‘del muro al rastreo’, pasando de la contención fronteriza al análisis de las redes, la inteligencia financiera, la persecución patrimonial y la trazabilidad de los flujos lícitos e ilícitos”, manifestó.
Yendo más al fondo, Castro Bekios enfatizó que el desafío no consiste únicamente en impedir que el crimen organizado ingrese al territorio, sino en evitar que pueda aprovechar las estructuras económicas, institucionales y logísticas existentes para consolidarse en él.
“Tenemos que garantizar la seguridad de la cadena logística minero portuaria, que es fundamental para el desarrollo del país, para eso necesitamos los recursos”, planteó con firmeza el fiscal, añadiendo que “Antofagasta debería ser la prioridad” en los esfuerzos por controlar el crimen organizado.
