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viernes, 19 julio, 2024
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Entrevista

“Fue un grave error del Estado desminar la frontera norte del país”: Diputado Araya y crisis de seguridad pública

El parlamentario sostuvo que es un debate válido discutir la forma en que deben resguardarse las fronteras para impedir que el crimen organizado continúe ingresando a Chile. Frente a los hechos de violencia ocurridos en el centro de la ciudad, el diputado indicó que existen puntos de venta de drogas en la vía pública, locales comerciales que funcionan hasta la madrugada sin mayor intervención de las autoridades. “Si un extranjero que no tiene documentación anda en una moto sin patente e infringiendo las normas del tránsito, esa moto tiene que ser destruida”, propuso.

La capacidad del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales que se instalaron en el país está sobrepasada, manifestó el diputado Jaime Araya (IND-PPD), integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara. La actuación del crimen organizado representa una amenaza para la democracia y ante el aumento de los hechos de violencia, para Araya es válido sostener un debate que establezca de qué manera puede defenderse el territorio nacional. Aunque todavía estamos lejos de aquello, al parlamentario advierte que Chile sigue el mismo camino de Ecuador que terminó con una grave crisis de seguridad interna y con una verdadera guerra contra pandillas.

El diputado apuntó a los últimos episodios violentos ocurridos Antofagasta, los que sucedieron en pleno centro de la comuna y durante la madrugada, situaciones que, como vecino del sector, asegura que van en incremento. Araya sostuvo que el casco histórico de la ciudad concentra lugares de venta de droga en la vía pública, locales comerciales abiertos hasta altas horas de la noche y los servicios de delivery que circulan sin control.

“Si un extranjero que no tiene documentación anda en una moto sin patente e infringiendo las normas del tránsito, esa moto tiene que ser destruida. No podemos seguir con la ridiculez de que tenemos que respetar la larga y extensa normativa que corresponde a una época que no tiene ningún realismo para enfrentar la grave crisis de seguridad que atravesamos”, declaró.

Además, indicó que una de las responsabilidades de quienes tienen un compromiso con la democracia es decir claramente que el crimen organizado es una amenaza para el país. “Incluso deberíamos evaluar la posibilidad de denunciar ese tratado internacional (desminado de fronteras), porque estamos absolutamente sobrepasados, el Estado no tiene capacidad y es un debate válido ver cómo somos capaces de defendernos de estas bandas”, emplazó.

  • ¿Cuál es su mirada respecto de los hechos de violencia registrados en pleno centro de la ciudad?

Soy vecino, residente del centro de la ciudad y es espantoso cómo se ha deteriorado la seguridad en el barrio. Es brutal cómo ha impactado la cantidad de extranjeros irregulares, particularmente venezolanos, quienes se han tomado sectores del centro que son noticias por hechos violentos. Hay que llamar la atención sobre lo que está pasando con la presencia cada vez más creciente de motos de delivery y un punto de reunión que tienen en Avenida Argentina con Bolívar, algo que está absolutamente fuera de control. Los puntos de venta de drogas se han instalado en calle 14 de Febrero con Sucre, con Avenida Argentina; en Serrano con Bolívar, calle Matta, entre Bolívar y Sucre. Lo que pasa con las peluquerías, las casas de cita y un sinnúmero de delitos que se cometen a vista y paciencia de la autoridad día y noche. Y, no obstante han ocurrido a lo menos tres o cuatro intervenciones importantes tanto de Carabineros como de la PDI en materia de drogas, siguen funcionando con normalidad.

  • ¿Cuán importante es la actuación de las autoridades para que esté presente el Estado y la gente no sienta que está entregada a su suerte?

El sistema tiene una grave debilidad y tiene que ver con que no hay una permanente rendición de cuentas de los resultados de lo que se hace. No hay un seguimiento ni se hace parte a la ciudadanía de las eventuales condenas y las consecuencias jurídicas de dichos hecho. Por eso muchas veces la gente se pregunta por qué ingresa una y otra vez Carabineros a hacer operativos en los mismo domicilios. Creo que ese tema está al debe y requiere una mirada mucho más integral, sistémica de todas las instituciones del Estado, particularmente de la autoridad gubernamental, de las policías y, por cierto, la participación activa del Ministerio del Público.

  • Desde su experiencia como concejal, ¿el municipio puede hacer algo como institución respecto a aquellos locales que funcionan a altas horas? Tal vez las facultades están, pero hay seis fiscalizadores que no irán a las cinco de la mañana al centro, Carabineros tampoco tiene mucha dotación para apoyar esas tareas.

Hay que poner las cosas en su justa dimensión. Primero, no se le puede pedir al municipio mucho en esta materia, porque estamos hablando de bandas de crimen organizado, gente que quizás porta armas de fuego, que no dudarán en disparar a matar. No se trata de un incumplimiento de la ley de alcoholes, hoy eso es una mera incivilidad, marginal, la prevención situacional pasó a ser secundaria, porque si miramos los patrones de las bandas de crimen organizado, lo que interesa es sembrar temor en la población y para ello buscan protagonizar hechos de relativa espectacularidad y desafiar permanentemente las fuerzas policiales y la presencia del Estado. Al mirar crudamente, lo que tenemos hoy es que habrá una disputa muy fuerte en contra de las autoridades por parte de bandas de crimen organizado y la pregunta es si el Estado está preparado para resistir eso. Muchas veces se dice con cierta ingenuidad o se llama la autoridad actuar con la máxima firmeza, pero ¿qué significa eso? Porque si alguien cree que significa destinar un mayor número de dotación policial por un par de días para calmar la situación, la verdad es que no tiene mucho efecto. Lo vimos cuando murió el trabajador en el sector Bonilla, se destinó una mayor presencia de policías por alrededor de una semana y con el tiempo los vecinos fueron a reclamar que la situación volvió a ser la misma. El actuar con mayor firmeza necesita un cierto protocolo que diga cosas básicas, tiempo de intervención, número de policías, presentación de querellas, seguimiento de la investigación, si habrá expulsiones, activar todas las medidas de control. Por ejemplo, tenemos el control preventivo migratorio que se utiliza muy poco. Es importante que se establezca en distintos puntos de Antofagasta espacios de control permanente para extranjeros irregulares y quienes no cumplen la normativa, debieran ser inmediatamente puestos a disposición de la PDI y nosotros generar una un protocolo de funcionamiento que implique que estén en un lugar en el que no puedan circular libremente por territorio nacional. Llega a ser absurdo y para la risa la forma en la que estamos reaccionando frente a una situación grave y que, si bien es cierto, estamos muy lejos de lo que ocurrió en Ecuador, vamos camino a transformarnos en eso.

Cualquiera que tenga un mínimo sentido de responsabilidad democrática tiene que levantar las alertas y proponer medidas para controlar esta grave crisis que está determinada desde hace tiempo por extranjeros, particularmente provenientes de Venezuela y algunos de Colombia. Además, hay claridad en la presencia de cárteles mexicanos, ecuatorianos y brasileños operando en territorio nacional. Cuando advertíamos este tipo de situaciones, mucha gente se burlaba de lo que señalábamos, incluso nos decían que nos habíamos transformado en fascistas por hacer este tipo de denuncia, pero lamentablemente el tiempo nos dio la razón y nos sentimos con la responsabilidad de hacer presente que se requieren medidas que hagan respetar el Estado de derecho.

La percepción que tengo es esto que veo todos los días cada vez que salgo de mi casa, los delivery de moto, particularmente venezolanos que circulan sin patentes, no respetan la luz roja, hacen carreras levantando rueda en pleno centro de la ciudad y a cualquier hora, es que no hay respeto por el Estado de derecho y lo hacen a vista y paciencia de la autoridad. Tenemos que avanzar medidas claras, por ejemplo, buscar la fórmula legal que permita la destrucción de ese tipo de motocicletas. Si un extranjero que no tiene documentación anda en una moto sin patente e infringiendo las normas del tránsito, esa moto tiene que ser destruida. No podemos seguir con la ridiculez de que tenemos que respetar la larga y extensa normativa que corresponde a una época que no tiene ningún realismo para enfrentar la grave crisis de seguridad que atravesamos. Si no comenzamos con la destrucción de estas motos, es poco probable que nos crean reaccionaremos con firmeza. En las fiscalizaciones ellos mismos saben que, a pesar de incumplir toda la normativa, de todas formas, se llevan sus motos. En eso tenemos que ser capaces de establecer protocolos mucho más audaces. No podemos enredarnos en esto de que debemos cumplir todo tipo de normativas para hacer cumplir la ley, mientras que quienes infringen las normas se ríen de eso. Es el mundo al revés y eso genera una sensación de hastío en la ciudadanía.

  • ¿Y qué análisis del conflicto que genera el ingreso irregular de personas al país por la frontera?

Creo que fue un grave error del Estado desminar la frontera norte del país. Es evidente que la falta de barreras físicas de ese calibre permitió que hoy tuviéramos a distintos carteles internacionales ingresando libremente por una frontera extensa, agrupaciones delictuales que están matando una o dos personas al día sin ningún patrón más que establecer control territorial o infundir temor en la población. Esa medida fue un error en su oportunidad y si no buscamos una fórmula que permita garantizar el control de las fronteras, junto a la negativa de aplicar la normativa del Estado, nos encaminados directo a vivir una situación como la de Ecuador. Chile no se merece esto y me preocupa muchísimo, porque una de las responsabilidades de quienes tenemos un compromiso con la democracia es decir claramente que el crimen organizado es una amenaza para el país. Además, las señales de alerta cada vez son más groseras, eventualmente este millón de dólares que apareció en Bolivia y que es propiedad de Sebastián Marset, el traficante que mandó a matar al fiscal que lo perseguía en Paraguay, hablamos de ese tipo de personas que tendría operaciones en Chile, mientras que nosotros seguimos pensando en no afectar los derechos de nadie. Me parece que debemos avanzar hacia una conversación sobre qué cosas podemos hacer en materia de barreras física, ya que hemos visto el alto nivel de apoyo que presenta la construcción de zanjas para impedir el robo de vehículos que se intercambian por droga. Todo tipo de medidas físicas tienen que implementarse y, al mismo tiempo, ser capaces de contar con protocolos de acción que establezcan lugares para que sean conducidos los extranjeros que entran de manera irregular al país. No puede ser que ingresen, se sometan al procedimiento de expulsión y circulen por el territorio. Llegó el momento de abrirse una discusión compleja, que tienen que ver con construir lugares para que ellos estén destinados mientras se resuelve su expulsión. Lo otro que nos parece más relevante es empezar a buscar una fórmula distinta de expulsión, porque la vía aérea prácticamente está sobrepasada con las exigencias para cumplirlas. Debemos buscar que los extranjeros expulsados lleguen a Colombia y que de ahí sean conducidos en bus a Venezuela, de manera puedan utilizarse vuelos charter, algo a lo que el gobierno de Nicolás Maduro permanentemente se ha negado. O derechamente explorar la vía marítima para hacer expulsiones masivas y no seguir con esta cosa ridículas de que echamos diez migrantes en un avión como si eso sirviera de algo.

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