Cuando el ministro de fe acude a incautar los recursos que todavía estaban en la cuenta bancaria de la Fundación TomArte descubrió que en ella no había dinero, “es más, la cuenta estaba cerrada”, detalló el fiscal Cristian Aguilar. Durante la audiencia en la que el persecutor formalizó la investigación por esta causa explicó que la ONG había sido seleccionada por el ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, para desarrollar cuatro convenios en campamentos, tres de ellos para ejecutar obras habitabilidad primaria y uno estaba relacionado con la organización de los asentamientos.

Pero una vez conocido el caso Democracia Viva hubo una revisión de todos los convenios con fundaciones en la región, proceso en el que la autoridad detectó irregularidades y dispuso el fin de los contratos por 456 millones de pesos con TomArte, solicitando que los recursos fuesen restituidos al fisco. En este caso el Ministerio Público tiene como imputados a Carlos Contreras, quien ayer quedó con la cautelar de prisión preventiva y Kelly Betancourt Acosta, representante de la fundación, quien no estuvo en ninguna de las dos jornadas de formalización.

Los hechos relatados por el fiscal expusieron que el análisis preliminar de cuentas de la fundación reveló una serie de irregularidades en el manejo de los fondos fiscales. Entre ellos, Aguilar precisó que los egresos totales ascienden a 106 millones 241 mil pesos, detectando transferencias electrónicas no rendidas posteriores al 31 de julio del 2023, fecha de la última rendición a Vivienda, por 15 millones 495 mil pesos, especialmente realizadas a Kelly Betancourt Acosta por un monto de 2 millones 710 mil pesos.

“Es relevante resaltar que se identifica un hecho inusual, en el que el representante de la fundación, por encargo o mediante Kelly Betancourt y apartándose de todas las disposiciones contenidas en los convenios, toma una vale vista por la suma de 330 millones 174 mil pesos a nombre de la fundación sin estar contemplado y en plena vigencia de los convenios, lo que representa una irregularidad y un riesgo potencial para el cobro de documentos”, manifestó el fiscal.

En resumen, Betancourt tomó todo el diferencial de los dineros que permanecían en la cuenta corriente de la fundación, 330 millones de pesos, para separarlos con fines desconocidos, acción que escapó totalmente a la naturaleza de los convenios, plantea el Ministerio Público.

Acción civil

Aguilar señaló que “los antecedentes son remitidos al Consejo de Defensa del Estado y lo primero que hace es presentar la prejudicial civil para retener los fondos que se mantienen en la cuenta respecto de la cual la fundación se había comprometido a mantener los fondos de los convenios. Resulta que autorizada por el Cuarto Juzgado Civil de Antofagasta la cautelar de naturaleza civil, se constituye el ministro de fe y no puede incautar ni retener nada, había cero pesos en la cuenta, es más, estaba cerrada. La imputada Betancourt, por sí o por terceros, ya había dispuesto de los fondos y había tomado el vale vista que mencionamos (el 6 de octubre del 2023) y la incautación se realiza el 25 de marzo de este año”.

Los recursos ya fueron incautados por personal de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI con autorización judicial. El Ministerio Público enfatizó que dichos dineros estaban para un destino no autorizado en el convenio y no fueron entregados ni puestos voluntariamente a disposición del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Seremi de Antofagasta o el Serviu. Como los dineros fueron incautados con autorización del tribunal, la fiscalía no advirtió ningún ánimo o interés en su restitución por parte de la ONG. “Sino, se encontrarían en la misma cuenta y para eso podemos añadir que el CDE, que cuenta con una gestión preparatoria de la vía civil, porque, en definitiva, cuando se emitieron los fondos y se solicita la restitución total de los dineros a la fundación cultural TomArte, no hay restitución. Como no se devuelve nada, surge la necesidad de exigir la devolución forzada a través de una acción civil”, recalcó Aguilar.

“Todo se gastó en honorarios”

El fiscal también apuntó que el análisis de las rendiciones reveló otras irregularidades en el manejo de los fondos fiscales. De los 104 millones de pesos que gastó la fundación, 92 millones los pagó en honorarios, de los cuales, hay una retención por 12 millones 153 mil pesos y honorarios líquidos por 80 millones 245 mil pesos, por el periodo comprendido entre el 6 de octubre del 2022 y el 31 de julio del 2023. La última rendición que presenta TomArte es al 31 de julio del 2023 y con posterioridad no hubo otras que ingresaran a la Seremi de Vivienda. En la línea de tiempo continúan los informes de la misma seremi que desencadenan en diciembre las resoluciones que ponen término a cada uno de los convenios y piden la restitución total de los 456 millones de pesos.

“El mismo informe destaca la actuación de la directora de la fundación, Kelly Betancourt Acosta, a quien se le reconoció un gasto de personal por 15 millones 248 mil pesos como honorarios brutos que no se encuentran respaldados con un contrato vigente. En cuanto a los gastos operacionales se observó una asignación de recursos por un total de 12 millones 381 mil pesos, lo que incluye pagos por arriendo de vehículos, arriendo de un departamento como oficina y la compra de pasajes aéreos Antofagasta-Santiago para Betancourt Acosta. Conforme a los antecedentes que mantiene la Seremi por las rendiciones y el análisis realizado, no se gastó ni un solo peso en lo que decía relación con las obras de habitabilidad primaria de los campamentos, que era la razón de la celebración de los contratos. No se hizo ningún obra, no se gastó ningún peso, todo se gastó en honorarios”, afirmó Cristian Aguilar.

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