El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, manifestó que la migración se tiene que administrar, requiere un proceso de regulación para saber claramente quién ingresa y que, “esas cosas nunca las hizo este gobierno”. El exconsejero analizó la gestión de las autoridades designadas durante la crisis que la semana pasada desató el homicidio de un camionero en la Ruta 1, quien fue lanzado desde un paso nivel por tres extranjeros. Díaz sostuvo que él, ni los alcaldes ni el fiscal regional fueron convocados a las mesas de trabajo que encabezó primero la Delegación Presidencial y luego el ministro del Interior (Rodrigo Delgado), instancia en la que sí participaron “personas ligadas al Partido Republicano”.

“Soy una persona de pensamiento progresista y pedí estado excepción porque era el efecto que necesitábamos. Había que comunicar a nivel internacional que queremos una migración regulada, que ya no se permitirá el tránsito por cualquier parte del país y para eso era necesario el estado de excepción, para que se diera una señal clara”, explicó Díaz. Sin embargo, sostuvo que a pesar del mal manejo del gobierno no hay que dejarse llevar por ideas extremas o sobre ideologizadas. En un contexto así se requieren soluciones que sean correctas porque “no todos los migrantes son delincuentes. Algunos vinieron a delinquir y hay que ser claro en eso, a quienes hacen daño los tenemos que identificar y sacarlos, pero también hay muchos que vienen a aportar y tienen que regularizarse”.

• ¿Qué gestiones realizó el Gobierno Regional durante la crisis por el paro de los camioneros en Antofagasta?

Primero nos importó tener comunicación con los conductores de los camiones que iniciaron el paro. Compartimos su mirada de que la región necesita mayores elementos de seguridad, más presencia de las policías en todas nuestras ciudades y la necesidad de ordenar el proceso migratorio, que no tiene gobernanza desde el nivel central ni una política para diferenciar a quienes vienen a delinquir de aquellos que vienen a aportar. Gracias a ese diálogo es que cuando el gobierno llega a acuerdo con los empresarios y continúan las movilizaciones por parte de los conductores, logramos con ellos gestionar el tema del abastecimiento de combustible y alimentos.

Después nos tocó dialogar, ya que no solo hubo cierre de caminos por parte de camioneros, en Tocopilla vecinos y organizaciones sociales cerraron el acceso norte porque veían que se negociaba con empresarios y no se hablaba de la seguridad en las caletas ni Tocopilla. Conversamos y generamos algunos compromisos de inversiones asociadas a seguridad, con un plan municipal, para despejar todas las carreteras.

Y hoy (ayer) tuvimos una reunión con los gremios independientes de conductores, junto a Carabineros y el encargado de Migración en la región, para establecer una mesa de trabajo con plazos para realizar seguimiento de las promesas del gobierno central.

• Con lo sucedido la semana pasada en Antofagasta, ¿cómo observa el rol del gobierno a nivel local y de la Delegación Presidencial que tiene competencias en los temas de seguridad pública?

He visto una actitud poco dialogante, tanto de la Delegación Presidencial como del Ministerio del Interior. Los conductores de los camiones fueron a conversar con el delegado (Daniel Agusto) y una vez que termina la reunión, salen más airados y cierran más caminos. Después llega el ministro del Interior y no convoca a las autoridades electas, negocia con los empresarios del transporte, deja de lado los temas de la región. Y luego termina hablando de medidas que solo estaban pensadas para las carreteras, sin pensar en la preocupación que hay en los barrios y espacios públicos.

Creo que tuvieron un manejo muy malo, no fueron capaces de articular soluciones y una vez que el ministro firma el acuerdo se va sin constatar si las carreteras se despejaban.

Del delegado presidencial y el ministro del Interior hay una muy mala evaluación, no así de la delegada de Tocopilla (Daniela Vecchiola), con quien estuve negociando con los vecinos, hubo una articulación y pudimos lograr soluciones, además de contar con todo el apoyo de la alcaldesa (Ljubica Kutovic). Cuando las autoridades de nivel central dialogan ya sea con los alcaldes o con quien habla, los problemas se destraban de mejor manera.

Migración

• Las dificultades en migración en Antofagasta ya se advertían desde el 2020, cuando en la ciudad tuvieron que establecerse albergues y transporte para los extranjeros que se dirigían a la zona central del país. Luego fue la crisis de los terminales de buses el 2021 y lo último ocurrió con las carreteras y los camioneros. ¿Cómo evalúa la administración del fenómeno migratorio del gobierno saliente?

El delegado mañosamente ha dicho que cambio mi discurso y no es así. Creo que la migración es un derecho, que no todos los migrantes son delincuentes y que cuando hay un país en crisis, es posible ofrecer ayuda. Pero también creo que para eso ocurra, la migración se tiene que administrar, requiere un proceso de regulación para saber claramente quién ingresa. Y esas cosas nunca las hizo este gobierno, por eso es que he hablado de un desgobierno, porque en el tema migratorio fueron incapaces de regular el proceso. Nos dijeron que estaban cerradas las fronteras y la verdad es que cerraron las oficinas, se fueron y pasaban y pasaban los migrantes y eso generó que algunas bandas criminales aprovecharan el desorden para instalarse en el país.

En esto se necesita una perspectiva que apunte a la solución y la nueva ley de migración quizás puede ser un primer aliciente, pero se debió esperar la muerte de una persona para que publicaran el reglamento. Se tienen que asegurar los recursos para que la ley funcione, porque requiere funcionarios, oficinas y tecnología para hacer un catastro de los migrantes que ingresan y esto debe ser 24/7, un proceso continuo porque no podemos pensar que los migrantes llegan en horario de oficina.

Con el encargado de migración a nivel regional creemos que hay que hacer un catastro de los migrantes que están en Antofagasta y ver cómo regularizar a quienes ya llegaron, porque la ley habla de la reconducción, pero eso es cuando encuentran al migrante entrando al país. Sin embargo, qué hacemos con los 45 mil migrantes que estuvieron cuando pusimos las residencias sanitarias y el transporte seguro, dónde están, qué están haciendo. Nosotros teníamos un plan de contingencia, resguardábamos el transporte seguro, teníamos donde tomar PCR sin aglomerar los terminales y todo eso el actual delegado lo desarmó en diciembre. No quisieron continuar ni generar proyectos de apoyo al transporte seguro y por eso pasó lo que pasó. Hubo errores, hay responsabilidades, pero con el próximo gobierno debemos trabajar en cómo damos a esto una conducción permanente.

• ¿De qué manera podría concretarse ese catastro?

Primero debemos dejar de criminalizar la migración y el error que tuvo Piñera es que solo la trató con expulsiones y eso lleva a que todos los irregulares no quieran presentarse. Quizás algunos casos tendrán que regularizarse para que comiencen a trabajar, a imponer para que ellos mismos paguen su salud y resuelvan problemas como el de vivienda. En otros casos, cuando detectemos que tienen antecedentes o están cometiendo delitos, tendremos que concretar expulsiones o mecanismos para asegurarnos que exista un orden en la región. Y en algunas situaciones también tendremos que establecer formas para que tal vez, la reconducción se amplíe y no solo suceda con quienes están ingresando, también con quienes están. Pero todo esto requiere un proceso que va a demorar y que necesita mesas de trabajo articuladas con la ciudadanía. El proceso migratorio hay que conducirlo, tiene que regularse y no podemos desentendernos de él.

• Según su trabajo en terreno, ¿cuáles son los aspectos más complejos en este tema o, a estas alturas la situación está sobrepasada por todas partes?

Soy una persona de pensamiento progresista y pedí estado excepción porque era el efecto que necesitábamos. Había que comunicar a nivel internacional que queremos una migración regulada, que ya no se permitirá el tránsito por cualquier parte del país y para eso era necesario el estado de excepción, para que se diera una señal clara de que comenzaremos a regular nuestra región. Una vez que ocurre esto y comienza a regularizarse todo, debemos volver al Estado de derecho, ya que hablaría muy mal de nosotros si tuviéramos que estar siempre en excepción para solucionar el fenómeno migratorio. Y lo que se tiene que hacer es catastrar, identificar y establecer, quizás en algunos casos medidas de regularización, y en otros generar las expulsiones necesarias para paulatinamente darle gobernabilidad al proceso. Todos sabemos que esto no terminará, pero si está controlado, tendremos certeza de que ingresan personas que vienen a aportar y no a delinquir.

• ¿Cree que la falta de gestión del gobierno sobre el flujo migratorio desencadenó un hecho que lleva a germinar un sentimiento antinmigración?

Sí y vi personas que se metieron en las mesas negociadoras y no tenían por qué estar. No estuvieron ni los alcaldes, ni los gobernadores ni el fiscal regional, pero sí personas ligadas al Partido Republicano. Entonces ahí es cuando uno se pregunta cuál era la intención, qué es lo que se quería plantear, ya que en algún momento se habló de leyes cortas para suprimir todas las garantías del debido proceso en los temas de expulsiones. El desorden da pie para que muchas veces grupos extremos o que tienen ideas sobre ideologizadas, comiencen a generar mayor odiosidad y eso no resuelve nada. El discurso antiinmigrante tampoco resuelve mucho y no podemos meter a todos en el mismo saco, ya que, si hiciéramos lo que ellos dicen y expulsamos a todos los migrantes, el Hospital Regional quedaría con 40 médicos menos y todos sabemos que perder especialistas nos haría mucho daño. Hay que plantear soluciones que sean correctas porque no todos los migrantes son delincuentes. Algunos vinieron a delinquir y hay que ser claro en eso, a quienes hacen daño los tenemos que identificar y sacarlos, pero también hay muchos que vienen a aportar y tienen que regularizarse.

• ¿Qué gestiones espera del gobierno que parte en marzo?  

Han generado una mesa de trabajo con los tres gobiernos regionales (Arica, Tarapacá y Antofagasta) para ver cómo realizar estos sistemas de catastros, regular mejor el proceso y dar una gobernabilidad que asegure tranquilidad a nuestras regiones. Y esto va a requerir financiamiento del nivel central para mayor personal y tecnología. Vemos una disposición muy distinta en las autoridades que vienen, ya que al menos están dispuestos a escuchar a los gobernadores regionales, lo que no puedo decir del ministro del Interior.

- Publicidad -