En noviembre del año pasado, seis concejales de Antofagasta se contactaron con los abogados Eladio Cuadra, Rolando Lorca y Axel Villar. Las primeras conversaciones fueron a través de contactos telefónicos y luego hubo reuniones presenciales en las que los ediles entregaron una serie de antecedentes. Los integrantes del Concejo Municipal preguntaron si los profesionales estaban disponibles para llevar adelante una causa por notable abandono de deberes y contravención grave al principio de probidad administrativa en contra del alcalde Jonathan Velásquez.

Villar explicó que primero hablaron con los concejales para que les permitieran hacer un estudio de derecho con toda la información compuesta por investigaciones de Contraloría, informes de la Dirección de Control del municipio, de otras direcciones del edificio consistorial y de distintas seremis. El análisis técnico sobre la viabilidad de la causa estuvo a cargo de Eladio Cuadra, quien envió un documento de más de 60 páginas a Rolando Lorca. Este último fue quien presentó la querella que terminó condenando a una pena efectiva de cárcel a la exalcaldesa Karen Rojo y sostuvo que “el informe era una cuestión que asombraba, ver cómo un alcalde infringía la ley de manera escandalosa”.

Eladio Cuadra añadió que no quisieron realizar una demanda solo por presentarla. Así que con los documentos que recibieron en diciembre desarrollaron un trabajo de análisis de los informes de Contraloría, del proceso judicial del exvertedero, los oficios de la Seremi de Salud, los informes de Control, toda la documentación que está citada en la demanda. Con ese estudio que finalizó en febrero determinaron que era factible tomar los hechos para interponer una acción en el Tribunal Electoral Regional (TER), la cual se concretó la mañana de ayer.

Axel Villar detalló que, de los 15 puntos de la acusación, hay dos que son de especial cuidado. “El primero es la utilización de recursos públicos con fines personales, como fue el uso de abogados del municipio para recursos de protección presentados en contra del alcalde en la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Lo otro escandaloso es la modificación del acuerdo para la contratación de la empresa encargada de la recolección de residuos domiciliarios”, dijo.

Sobre ello se estableció que la compañía debía distribuir 200 depósitos de basura y, unilateralmente, Velásquez rebajó la cantidad a 100. Eso significa que “cada tacho cuesta el doble y sin autorización del Concejo Municipal, algo que establece la ley. Hay que recordar que la norma administrativa señala que uno de los objetivos de los concejales y el alcalde es velar por el bien común, que la comunidad sea la beneficiada y no particulares. Con este requisito entendemos que deberíamos esperar que sean 200 tachos y no 100, porque esta última cifra indica que será más caro para la municipalidad y el único beneficiado con eso será la empresa”.

Tratos directos

Eladio Cuadra expuso que otro punto grave es que la Contraloría realizó una auditoría sobre los contratos de recolección de residuos domiciliarios y barrido de calles que están con la misma empresa, Demarco. Esa investigación arrojó una serie de irregularidades, incumplimientos legales e infracciones, como la no fundamentación de los millonarios tratos directos, sin una licitación pública como indica la regla general.

“El alcalde, al menos a la fecha de la auditoría, hizo tres contrataciones, por tres periodos seguidos que acumularon muchos meses, a pesar de que la Dirección de Control interno advirtió que aquello no era legal. Además, hubo periodos en los que la empresa trabajó de hecho, sin contrato válidamente tramitado y firmado por decreto, por lo tanto, operaron sin boletas de garantía, no se podía cobrar multas y tampoco fiscalizar porque no existía contrato. Trabajaron en ilegalidad hasta la regularización que la Dirección de Control no aprobó. Tampoco se cobraron multas por los contratos de barrido y de aseo, en los que se detectaron diversos incumplimientos e incluso, las unidades fiscalizadoras de cada contrato fueron informadas, pero no se dedujo en un decreto de aplicación de multas, en parte porque no hubo contrato en su momento y luego cuando se aprobó por un decreto también ilegal, tampoco se cobraron las multas retroactivas, a pesar de que sí se hicieron pagos retroactivos”, relató Cuadra.

El no cobro de multas es un notable abandono de deberes por donde se le mire, afirmó Rolando Lorca, quien criticó que “al revisar los antecedentes pareciera que estamos frente a una comedia sobre lo absurdo, es como una obra de Molière”.

Lorca, quien actuó como querellante en la causa contra Karen Rojo, señaló que este caso no se parece a otro que tuviese anteriormente, declarando que es la primera vez que los tres abogados de esta causa llevan una demanda al TER. “Es una causa de connotación pública y todos en la vida como abogados, en algún momento, tenemos causas como estas. En términos personales, hago una distinción clara, en el caso de Karen Rojo aposté a ganador de inmediato porque tenía un informe de la Contraloría que indicaba la existencia de un delito. A pesar de las burlas y cuestionamientos tras presentar esa querella, cuando llegó al fiscal Cristian Aguilar sabía que tarde o temprano terminaría en una condena. Ahora, esta situación es distinta, aquí hay una montaña de antecedentes, pero como abogados serios y competentes, sabemos que no se gana un juicio hasta que la sentencia esté firme y ejecutoriada y favorezca nuestra intención última”, argumentó Lorca.

Cada hecho tiene sustento documental

Para Axel Villar, lo relevante de la acusación es que cada hecho relatado tiene un asidero de documentación que permite sustentar la demanda. En este sentido, enfatizó que no hay ningún elemento que tengan una percepción subjetiva o que esté basado únicamente en una opinión, sino que dotaron de un sustento técnico a la acusación para obtener un resultado positivo.

Lorca profundizó en esta afirmación y expresó que “en ninguno de los 15 cargos hay una especulación, todos están respaldados por documentos ya sea de la Contraloría, de distintas seremis o la Dirección de Control de la municipalidad. En cada pie de página se señala particularmente un documento. Acá tenemos funcionarios públicos, partiendo por la valentía de los concejales que cumplen el deber legal de fiscalización, la Dirección de Control, Turismo y Cultura, Administración y Finanzas, Secoplan. Todas estas áreas emitieron informes que detallan las irregularidades cometidas y que fundamentan la demanda”.

Parte de la acusación son los tratos directos, subrayó Eladio Cuadra, como ocurrió con el contrato de barrido y recolección. Pero en este punto se mencionan todas las contrataciones en general, porque la Dirección de Control emitió una auditoría respecto de todos los tratos directos desde el 2021, cuando asume Velásquez, hasta mediados del año pasado. En ese periodo se detectó un gran número de tratos directos que estuvieron sin visar porque carecían de fundamentación. Esto, porque “el municipio trata de hacer de la excepción la regla general, recurre al trato directo de manera abusiva, ya que fundamenta todas las situaciones que la ley permite calificar como urgencias, emergencias o imprevistos para acudir a la tramitación directa y omitir la licitación pública. Control lo dice, se fundamentaron situaciones que son abiertamente de negligencia por urgencias”, remarcó Cuadra.

Plazos

El abogado continuó y dijo que el TER es un tribunal colegiado que sesiona todos los lunes. La próxima semana se pronunciará sobre la admisibilidad de la demanda, resolución que debería publicarse el martes. Luego viene la etapa de notificación al alcalde y publicar un extracto de la demanda en un diario de circulación regional. Así, el alcalde tendrá un plazo de diez días para contestar para que el tribunal revise las posturas de ambas partes y determinar cuáles son los hechos a probar. Ahí comienza un plazo, en principio, de diez días para rendir la prueba, acompañar documentos y declaración de testigos. En ese periodo también pueden pedir oficios de temas que estarían pendientes, como sumarios de Contraloría o informes, como el plan de cierre del exvertedero. Con toda esa información acompañada viene la audiencia de alegatos, en una fecha que fija el tribunal y después de eso la causa queda lista para dictar sentencia.

“No podría asegurar que habrá sentencia definitiva en octubre. Si se desarrolla la elección y el alcalde es reelecto, todo sigue igual. Si el fallo sale en diciembre y es favorable a lo que planteamos, él dejará su cargo. Si pierde la elección y todavía no está el fallo, la causa continúa, porque el efecto de la sentencia, además de la remoción, tiene una inhabilidad de cargos públicos durante cinco años”, advirtió el profesional. Además, recordó que, de los 15 cargos, es suficiente que solo uno sea acogido por el TER como abandono de deberes para que el alcalde cese de sus funciones.

“Uno de los cargos acogidos para que cesara del cargo a Karen Rojo fue el hecho de los sumarios, acumulaba muchos que no habían terminado o estaban detenidos. Cuando asumió el alcalde el 2021 se iniciaron 39 sumarios y a la fecha todavía quedan 15 vigentes, cuando la ley establece que no deben durar más de seis meses. En el 2022 iniciaron 49 sumarios y 31 siguen en curso; el año pasado comenzaron 39 y están en curso 35. Tenemos 81 sumarios que continúan vigentes, se han superado todo los plazos, eso es algo que no resiste análisis”, finalizó Rolando Lorca.

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