Por sobre cualquier cosa, es una persona hermética. Pese a que ha estado al frente de varias causas de alta connotación pública en Antofagasta, el fiscal Cristian Aguilar Aranela rehúye el contacto con los medios. Los atiende, si es necesario, pero no es algo que se le dé con facilidad.

Al interior de la Fiscalía, se le reconoce como un investigador nato. Estudioso, paciente y metódico, capaz de detectar detalles que cualquier otro pasaría por alto, o leer un informe pericial de 50 páginas con sólo una ojeada, características, por cierto, indispensables para mantenerse al día en los cientos de investigaciones que lleva adelante, como fiscal especializado en delitos funcionarios y corrupción, pero también como fiscal jefe de Antofagasta.

Desde julio pasado, Cristian Aguilar ha estado en el ojo del Huracán, como fiscal preferente para el Caso Convenios, que estalló con una publicación de nuestro medio, donde se daba cuenta de tres convenios suscritos por el Minvu con fundación Democracia Viva.

Decenas de mensajes de WhatsApp de periodistas de todo el país solicitando, sin el menor éxito, una entrevista exclusiva, un off de record o una simple “aclaración”, dan cuenta del asedio mediático que ha sufrido este persecutor, quien en todo caso se mantiene fiel a su principio de no referirse a los hechos que sustentan su investigación.

Aguilar nunca ha dado una entrevista, de ahí que las declaraciones que se tienen de él -tanto antes, como ahora- siempre son solo en puntos de prensa y referidos estrictamente a lo legal, nunca un guiño o señal política de hacia dónde avanza la investigación. Por esto mismo, resulta imposible prever los alcances que tendrá el denominado Caso Convenios, mucho menos descartar, como sostienen algunos, posibles conexiones con La Moneda.

Formalizados

A mediados de diciembre, el fiscal Aguilar remeció al mundo político con su primera gran decisión investigativa: Formalizar por tres delitos de fraude al Fisco a Daniel Andrade y Carlos Contreras, y lograr para ellos la medida cautelar de prisión preventiva. Fue un golpe limpio, que nadie vio venir.

En sólo seis meses, Aguilar había logrado armar un caso sólido, con prueba pericial, documental y testimonial muy importante, expresada en 11 tomos y más de 13 mil fojas, solo en la arista Democracia Viva.

De hecho, las numerosas filtraciones que han afectado la carpeta investigativa y que -debe decirse- han molestado profundamente a este persecutor, de 53 años, sólo han servido para calibrar el trabajo realizado por el fiscal, junto a su equipo de apoyo.

Como si se tratara de una “tormenta perfecta”, además, la labor de Aguilar se ha visto fortalecida con la asunción como Fiscal Regional de otro persecutor de reconocidas capacidades, el exjefe de Sacfi, Juan Castro Bekios, quien no sólo lo confirmó en el caso, sino que hizo dupla con él durante la formalización de Andrade y Contreras, señal inequívoca de la relevancia que se le asigna a la investigación.

Cárcel para Karen Rojo y otros casos emblemáticos

Cristian Aguilar, hijo de exfuncionarios de la Caja de Empleados Públicos y Periodistas, y el tercero de cuatro hermanos, no es la primera vez que está frente a las cámaras.

Estuvo a cargo de una causa contra el exadministrador del Cementerio de Antofagasta, quien fue condenado por malversación de caudales públicos. Además, lideró varias causas del estallido social.

En crímenes de alta connotación pública, fue el fiscal detrás de la condena de los 3 autores del homicidio calificado del camionero Byron Cortés, quien fue lanzado desde un puente en la autopista de Antofagasta, y para lo cual logró este resultado pese a los pocos testimonios que habían de lo ocurrido.

Sin embargo, el también actual relator de la Academia de la Fiscalía Nacional, tuvo su gran desafío con el caso contra la exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo, sobre quien logró una condena de 5 años y 1 día de cárcel efectiva por el delito de fraude al fisco.

No fue un caso fácil ni rápido. Pese a la presión mediática del momento.

Fue el 15 de junio del 2018 que formalizó a Rojo, y recién el 3 de noviembre comenzó el juicio en su contra. Todo esto, debido a las prórrogas solicitadas por Aguilar para llegar ante el juez con una sólida carpeta en su contra.

De ahí, que es perfectamente posible que de seguir investigando las derivadas del caso Democracia Viva, los 6 meses que inicialmente dio el tribunal para la investigación, terminen extendiéndose por mucho tiempo más.

Dos años permite como máximo la ley, aunque es poco probable que se llegue a esos extremos, considerando los avances previos a la formalización.

Experto en delitos contra la probidad administrativa

Nacido en Santiago en 1971, Aguilar estudió Derecho en la Universidad Diego Portales; luego sacó un Magister en Derecho Procesal Penal de la U. Central, y hasta el 2019 fue profesor de Derecho Penal en la Universidad Católica del Norte.

Actualmente es profesor invitado del Magíster de Derecho Penal de la misma casa de estudios y ha publicado 8 libros en materias sobre delitos sexuales, delitos contra la probidad administrativa, delitos contra el patrimonio.

Toda su carrera al interior del Ministerio Público ha transcurrido en la Región de Antofagasta. Entre el 2001 y 2004 fue fiscal jefe de Taltal; de ahí asumió como fiscal adjunto de Antofagasta hasta el 2007; inmediatamente después asume como Fiscal Regional de Antofagasta hasta el 2015; luego como fiscal adjunto de Antofagasta (2016); hasta llegar a su cargo actual, que ocupa desde el 2016, como fiscal jefe de Antofagasta, con especialidad en delitos de corrupción y económicos.

Es por todo lo anterior, que Aguilar cuenta con el respaldo del Ministerio Público para llevar adelante la investigación sobre uno de los escándalos políticos más grandes de la historia reciente de nuestro país. Esa de alcances insospechados para los observadores del proceso, pero con un claro plan de acción del propio Aguilar: caiga quien caiga.

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