No importa si es con el mismo nombre u otro, pero al menos debería ser un objetivo político de todos los actores del territorio impulsar nuevamente el Calama Plus, explica el delegado presidencial provincial de El Loa, Miguel Ballesteros. El personero de gobierno sostiene que el proyecto murió con la anterior administración municipal en Calama, pero ahora la configuración política de la zona permite retomar ese espacio.

Ballesteros recordó que el plan nació a partir de las movilizaciones que registró la capital de El Loa y era una articulación para una gobernanza territorial que permitiera en ese momento, dejar recursos en la ciudad, sin un marco regulatorio que así lo definiera.

“Aquello fue un instrumento de control social a propósito de las movilizaciones, para generar inversión (…) Sin embargo, eso se descontinuó, hoy no existe Calama Plus, no existe esa gobernanza donde estaba Codelco, las principales empresas, el municipio y tenemos el desafío de reponer esto. La producción varía de un año a otro, pero las externalidades quedan en el territorio”, expone el delegado.

En entrevista con en el programa El Resto es Música, espacio de Timeline.cl en Radio Sol, Ballesteros habló sobre el centralismo de la región, la visita presidencial, los problemas en seguridad pública e indicó quién asumirá las funciones de las delegaciones cuando el cargo desaparezca.

• ¿Es muy centralista la región?

Partamos porque el país es demasiado centralista y eso también se padece en las regiones. Es una realidad no solo en Antofagasta, conversamos con varios delegados provinciales y todos coincidimos en lo mismo. Además, vengo de trabajar en distintas instituciones, en la Municipalidad de Calama mucho tiempo y, por cierto, una de las luchas que se daba era la descentralización. El año 2008, 2009 comenzaron en Calama las movilizaciones exigiendo recursos del cobre no solo para la región y por eso lo que dijo el otro día la ministra Tohá sobre el proyecto de royalty es relevante, porque se han hecho indicaciones para que no solo las regiones mineras puedan retener recursos, sino también las comunas mineras que son las más afectadas.

• El presidente Boric dijo en su visita a la región que muchas veces los problemas de las comunas no pasan por recursos, sino por la ejecución de los proyectos. Vemos que desde hace años Antofagasta no gasta toda su presupuesto y que cuando lo alcanza es por vías como transferencia directa, que no son proyectos como tal para cumplir con la meta. ¿Comparte esa apreciación y cómo se puede corregir?

Efectivamente, muchas veces no hay un problema de recursos, en la región hay y no se han podido ejecutar. Esa es una de las grandes complejidades que tenemos de cara a la proyección del presupuesto regional 2023. También en cierta manera está vinculado a los recursos de los municipios para tener las capacidades instaladas y la institucionalidad para generar proyectos. Ahí como gobierno tenemos una tarea importante desde la Subdere, acompañar y orientar técnicamente estos procesos para hacer más eficiente el trabajo. Y agregaría algunos factores más, pero el principal es respecto de la metodología, todos estos procedimientos tienen que pasar por el nivel central, por el Ministerio de Desarrollo Social donde se entrega la RS, depende de las asignaciones presupuestarias, una burocracia asociada a esta maquinaria centralista que se traduce en metodologías complejas. Para los municipios eso atenta contra una gestión más eficiente, particularmente en los más pequeños, que tienen menos capacidades técnicas para levantar iniciativas.

• Hay proyectos en Santiago que, pese a que claramente son inviables, no implica que no sean necesarios, como lo que pasa con el Metro.  

Ahí tenemos una brecha vinculada al centralismo, porque estar más cerca del poder, de La Moneda, de los ministerios, permite una mayor posibilidad de incidir más y el presidente lo dijo cuando estuvo en Calama anunciando la Siat. El presidente sostuvo que el gobernador, el alcalde, la diputada Catalina Pérez y el senador Esteban Velásquez, donde lo veían le decían «Siat para Calama». Mediante esa persistencia es que finalmente se logró un acuerdo con Carabineros y se opta por esta decisión y comenzar el proceso. Pero aquello implicó que tuviéramos a todo el marco de autoridades locales presionando en el poder central. Quienes están en la Región Metropolitana o la Quinta Región, tienen esa posibilidad más cerca para incidir y articular. Como autoridades podemos llenar de oficios a los ministerios, que en algún momento los van a ver, pero es distinto estar ahí para lograr el objetivo que demanda la comunidad.

• ¿Cuál es su evaluación de lo que dejó la visita del presidente Boric en Calama?

Para nosotros fue una señal muy importante que el presidente iniciara y terminara su gira por la región en Calama. Y no solamente sacándose fotos y cortando cintas, sino que, escuchando a los territorios, a quienes están de acuerdo con nosotros y a quienes no. Lo dijo muy claro, ponemos los recursos y las acciones donde ponemos las palabras y vino con anuncios concreto que dan cuenta de las urgencias que tenemos en materia de seguridad, de la crisis migratoria, en las vulnerabilidades que tenemos en frontera, pero también haciéndose cargo de demandas históricas como el centro oncológico y la Siat. El balance es muy positivo y nos inyectó mucha energía, porque nos dejó varias tareas que asumimos con convicción y compromiso.

Seguridad

• El tema de seguridad no solo se tomó la agenda del país, en la región, Antofagasta y Calama enfrentan cuestiones que no se veían antes, incluso con asaltos armados a centros comerciales durante el día. ¿Cuáles son los síntomas que explican el aumento de la delincuencia o al menos de hechos delictivos más violentos y temerarios?

La seguridad es un problema multidimensional, no tiene que ver con un solo factor. Hay distintas cosas, pero lo que ha sucedido en Calama con el delito es que aumentó la violencia con la que se comete. Nosotros lo vivimos de manera más evidente porque es una comuna más pequeña con relación a Antofagasta, Iquique o Arica. Pero los síntomas son los mismos, aumentó el nivel de violencia y los homicidios en su mayoría están vinculados al crimen organizado. Cuando hablamos de qué es lo que ha cambiado, es que el crimen organizado gana terreno y esto no partió el 11 de marzo, incluso comenzó a tener sus primeros atisbos el 2017 y poco se ha hecho al respecto. Diría que se metió un poco bajo la alfombra, no sé si era por temor o desentenderse de un problema que, al menos en Chile, no había experiencia de cómo abordar. Por eso es relevante lo realizado desde la Subsecretaria del Interior con la creación de un plan nacional contra el crimen organizado, pero que además, eso tenga expresiones regionales. Antofagasta es la primera región que tiene lista este plan.

Uno de los problemas que he visualizado es la falta de recursos. Tenemos una frontera tan amplia, tan vulnerable, que no solo ingresa droga, también armas, con un poder que nuestras policías muchas veces no dan alcance. Además, el terreno en términos geográficos es complejo, en pleno desierto se necesitan vehículos con ciertas características y esos recursos no existían. De hecho, en los últimos cinco años en el presupuesto de la nación el aumento de inversión en seguridad pública fue de cero pesos y ahora, crece en un 4,4%.

Primero, hay que asumir que existe crimen organizado, eso es fundamental, segundo, hacerse cargo del problema y para eso tenemos este plan con expresión regional. Y tercero financiar esto, porque sin recursos nos quedamos solo en buenas voluntades y por ello es importante lo que anunció el presidente, que de los 38 mil millones de pesos de presupuesto 2023 para la lucha contra el crimen organizado, 643 millones de pesos quedarán en la región. Destaco estas cifras y siempre a continuación viene la pregunta de la gente, en qué se traduce esto. Y lo hace en cuestiones concretas, aportar al Ministerio Público profesionales para la persecución penal; también más recursos para las policías, como los vehículos para patrullar la frontera, el desierto. Y también para inteligencia policial, cosas tan sencillas como extractores de datos para los teléfonos celulares, herramientas para análisis balístico, capacidades que asumimos que las policía deberían tenerlas. Lo mismo para Aduanas, se financiará un camión escáner para El Loa para detectar vehículos con placa patente adulterada.

• Una brecha compleja es la dotación de personal de Carabineros. ¿Cómo se puede avanzar en esto?

Tenemos una brecha tan grande en materia vehicular de Carabineros que eso dificulta que lleguen a tiempo a los procedimientos y eso la gente me lo reclama siempre, que llaman al 133 y no llegan nunca o lo hacen con retraso. Se anunció por parte del presidente que tenemos que reponer 185 vehículos en la región y la meta es el 50% en el 2023 y alcanzar el 100% en el 2024. Mientras tanto maximizamos los recursos que son limitados de manera colaborativa y ahí los municipios juegan un rol importante con sus unidades de seguridad. A nivel nacional, Carabineros está implementando una nueva unidad que se llama OS14 que presta asistencia técnica a los municipios para trabajar en los patrullajes preventivos. La Municipalidad de Calama gestionó un convenio con Codelco que traspasó diez camionetas, pero como la estatal no puede suscribir convenios directamente con el municipio, se hizo a través de la corporación municipal. El alcalde ahora licitó cinco camionetas y tres motos y desde el fondo de seguridad pública, la Subsecretaría de Prevención del Delito traspasa otros 40 millones de pesos al municipio de Calama que decidió invertir en otras dos camionetas. A través de esta estrategia se podrán acortar brechas, porque el vigilante que va en una camioneta de seguridad ciudadana no tiene facultades legales con un delincuente, lo puede retener. A partir de esto se maximizan los recursos y la seguridad pública se aborda así, de manera integral, desde los gobiernos locales, regionales, las delegaciones presidenciales, las policías y el Ministerio Público. Todos tenemos roles distintos, pero no podemos actuar de manera aislada.

Gobernanza Pública-Privada

• Calama es la ciudad minera del mundo, sin embargo, su calidad de vida no es proporcional a lo que produce. ¿A qué se debe, está presente la articulación con el mundo privado?

Por mucho tiempo se dejó de hacer y eso es porque en el territorio siempre ha puesto la producción en el centro, lo más importante, que la compañía minera termine números azules y entregue excedentes a Hacienda. Pocas veces se ha puesto a la comunidad en el centro y eso tiene que ver con cambio de paradigma que estamos tratando de empujar. Cuando se discute cómo se implementa el plan de descontaminación para Calama y el presidente dice que las empresas públicas deben tener los más altos estándares y no solo apegarse a la norma, hablamos de empujar ese cambio de paradigma. Años atrás, a partir de las movilizaciones de Calama, se generó una articulación que se llamó Calama Plus, vino una consultora reconocida, con mucha inversión para generar una gobernanza territorial que permitiera dejar recursos en eso momento sin un marco regulatorio que lo definiera, sino más bien aquello fue un instrumento de control social a propósito de las movilizaciones, para generar inversión.

Sin embargo, eso se descontinuó, hoy no existe Calama Plus, no existe esa gobernanza donde estaba Codelco, las principales empresas, el municipio y hoy tenemos el desafío de reponer esto. La producción varía de un año a otro, pero las externalidades quedan en el territorio. Y en esa dirección apunta el proyecto de royalty minero, que ha empujado el senador Velásquez desde que era alcalde, precisamente cuando se originaron estas movilizaciones en Calama y que hoy, cuando estuvo la ministra Tohá en la región, le contaba a los alcaldes y los parlamentarios, que ese proyecto sufrirá algunas modificaciones para que en las comunas mineras quede parte de los recursos que se generen.

• ¿Cuál fue el pecado de origen de Calama Plus que lo llevó a fracasar?

Básicamente la falta conciencia de lo mucho que costó y no hubo conducción. Esto terminó por sucumbir en la administración municipal anterior y creo que no había mucha conciencia de la historia asociada a Calama Plus y cuánto costó tener un espacio con esas características, una gobernanza socio territorial. Se desactivó el conflicto social y perdió el interés. Y ahí está el rol de las autoridades locales, de más allá de que no exista ese conflicto, mantener y visibilizar la necesidad de la población.

Hoy se da un cuadro importante en términos políticos, con un gobierno que tiene esta mirada, un gobierno regional que coincide con ella y un gobierno comunal que también coincide. Por lo tanto, están las condiciones políticas para retomar este tipo de espacios.

• ¿Debe volver Calama Plus, aunque sea con otro nombre?

Al menos debería ser un objetivo político de todos los actores locales en este territorio. He escuchado al gobernador regional hablar de que se generen estos espacios, lo hemos conversado en el gabinete regional, con el alcalde y hay que avanzar en esa dirección.

• Eso requiere voluntades también. Siempre está la discusión de quién debe guiar esta conversación y hay coincidencia que tiene que ser desde lo público.

Absolutamente y es que lo público representa los intereses ciudadanos o continuaremos en la lógica histórica, que la producción está por delante. Los organismos públicos representan las necesidades, los sueños y los anhelos de la población, nuestro mandato es con ellos.

• Hablando de memoria, una de las nominaciones para dirigir Calama Plus fue lo que generó el quiebre y Codelco se paró de la mesa para irse, algo que tampoco debería ser tan fácil para una empresa como la estatal.

Veo voluntad en Codelco de avanzar en estas materias, hemos trabajado con ellos en cuestiones más vinculadas a lo urgente, como el financiamiento de iniciativas en seguridad pública. Ahora teníamos una urgencia para un lugar provisorio donde Carabineros esté mientras se reconstruye la Primera Comisaría, proyecto que no se ha ejecutado porque no hay donde alojarlo. Conversamos con Codelco, dispuso de un lugar y hay voluntad. Eso es lo urgente, en el fondo, en las conversaciones veo la voluntad de aportar y lo dijo Máximo Pacheco cuando estuvo en Calama, que uno de los ejes de la nueva gobernanza de Codelco tiene relación con aportar de manera sustancial en los territorios donde están. Y eso tiene que traducirse en voluntades que, preliminarmente, las percibo.

• Viene el cierre de la fundición Ventanas, aunque ese trabajo continuará en algún lugar. ¿Han recibido información si parte de eso llegará a Calama?

Lo que debiese pasar en las divisiones emplazadas en el territorio es estar implementando las medidas asociadas al plan de descontaminación aprobado por Contraloría. Los esfuerzos de Codelco tienen que estar en cumplir esto, que indica entre otras cosas, la disminución de emisiones a través de planes. Por otro lado, el traspaso de la red de monitoreo medioambiental para que sean organismo con objetividad los que realicen las mediciones y esa red tendrá que ser rediseñada y existe un compromiso, de parte del Ministerio de Medio Ambiente, para avanzar en reflejar en términos de datos, la realidad medio ambiental de la comuna.

Ministerio de Seguridad Pública

• El presidente manifestó que el cargo de la delegación se eliminará y están haciendo lo posible para que sea en este periodo, para relevar la importancia del gobernadores regionales. Sin embargo, algunos gobernadores de otras zonas apuntan a que en esta función vendría el tema de seguridad, algo que muchos ven un poco más de lejos. ¿Se puede fusionar todo en el cargo de gobernador regional?

Es complejo que los cargos de representación ciudadana y elección popular, como los municipios y gobiernos regionales puedan concentrar aquello. Nosotros tenemos una política nacional de seguridad pública, la que podría variar de territorio a territorio o de acuerdo con los criterios de cada región. Sí hay que traspasar más facultades y en lo que avanza decididamente el gobierno es en la configuración de un nuevo Ministerio de Seguridad Pública, lo que tendrá expresiones regionales a través de seremis para hacerse cargo de este fierro caliente que debe responder a las realidades particulares, pero también a una política nacional. Sí a más facultades para los gobiernos regionales y municipios, pero debería estar todo centrado en este ministerio.

• Entendiendo que es un tema complejo, ¿cuándo la ciudadanía debe comenzar a ver avances en materia de seguridad en Calama?

Es difícil decir una fecha, pero lo que sí es un hecho, es que el presupuesto de seguridad pública aumenta de forma considerable en el 2023 y eso será un gran punto de inflexión, porque todo lo que hablamos y que puede sonar bien teóricamente, se concretará porque está financiado. Cuando el presidente dice que en el 2023 se repondrá el 50% de la flota vehicular de Carabineros, para una mayor presencia en los barrios, eso notará a partir del próximo año con la asignación de recursos.

• ¿Una vez traspasados los recursos es rápida su ejecución?

Algunas cosas sí y otras demoran más. La implementación de una Siat, 327 millones de pesos en Calama, no será de un día para otro, porque habrá que definir el terreno, cómo se financiará el personal, gastos operativos, lo que es de más largo plazo. Lo demás es rápido, pero también lo dijo el presidente, necesitamos mejorar la respuesta hoy, lo que implica una mejor estrategia. Cuando hablamos de maximizar los recursos limitados que tenemos, las rondas impacto, son una forma de más presencia territorial. Esto de implementar escuadrones Centauro de Carabineros también deja buenos resultados. En frontera avanzamos en controles integrados entre Carabineros y las Fuerzas Armadas después de que terminó el Estado de excepción en la región. Esto da buenos resultados y hace pocas semanas en San Pedro de Atacama Carabineros desarrolló el mayor procedimiento por drogas en la provincia de El Loa, 500 mil dosis que salieron de circulación.

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