Hasta 15 años de cárcel efectiva arriesgan los primeros dos imputados que registra la investigación, que el Ministerio Público abrió de oficio, por los convenios suscritos entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta. El fiscal de la causa, Cristian Aguilar, explicó que la eventual sanción se fundamenta en el valor de lo defraudado y la reiteración de los hechos, ya que indaga la celebración de tres contratos por 426 millones de pesos entre la ONG y la repartición pública para desarrollar trabajos en campamentos de Antofagasta.

Daniel Andrade, representante legal de la fundación y Carlos Contreras, el exseremi de Vivienda, fueron detenidos por la PDI la mañana del miércoles en la Región Metropolitana. En un avión de la policía civil fueron trasladados hasta Antofagasta, llegando cerca de las cuatro de la madrugada al cuartel policial ubicado en el casco histórico de la ciudad. Ya en la mañana su viaje duró solo un par de cuadras hasta la sala dos del Tribunal de Garantía, donde los esperaba el fiscal regional Juan Castro Bekios y Cristian Aguilar. Este último afirmó que por “los tres delitos de fraude al fisco que ha formalizado la fiscalía, la pena se gradúa con base en el valor de lo defraudado, en este caso, más de 400 UTM por convenio. Ese delito tiene una pena que se extiende desde los cinco años y un día a los a los 15 años de privación y restricción de libertad. De modo que la pena que se arriesga es de cumplimiento efectivo en la cárcel”.

La audiencia con los defensores y los abogados querellantes (Consejo de Defensa del Estado, la UDI, Republicano y Revolución Democrática) comenzó a la hora programada. Al mediodía y en conocimiento de que se trataría de un procedimiento extenso, se asignó dicho bloque con una sala exclusiva para el desarrollo del control de detención y la formalización. Lo primero en discutirse fue la solicitud de los medios de comunicación para el ingreso y registro de la audiencia. Sin embargo, los defensores se opusieron a que el rostro de los imputados fuese difundido y a pesar de que ambos concedieron entrevistas previas hablando sobre la causa, el tribunal aceptó la petición y prohibió difundir fotografías o grabaciones con las caras de Contreras y Andrade durante la actuación en la sala.

Al zanjar la cuestión de la publicidad del procedimiento, la primera discusión fue la legalidad de la detención. El fiscal regional señaló que la acción que terminó con Contreras y Andrade detenidos fue por la causal que invocó el Ministerio Público y que apunta a la gravedad de las penas de los delitos investigados. Tras un largo debate, no hubo reparos por parte de la magistrada Sissi Bertoglio-Talap, quien declaró legal el procedimiento y dio paso a la formalización.

La comunicación de los cargos fue llevada por Aguilar y mientras el fiscal jefe de Antofagasta relataba los hechos en la zona derecha de la sala dos, en la parte izquierda estaban sentados Carlos Contreras y Daniel Andrade. El exseremi miraba y escuchaba con atención las palabras del persecutor, asentía con la cabeza cuando éste entregaba datos sobre el funcionamiento de su excartera, conducta que mantuvo durante las casi seis horas que duró la audiencia. Una postura distinta mostró el representante legal de Democracia Viva, quien tenía la vista fijada en el horizonte, donde chocaba con la pared del tribunal y los dos gendarmes que custodiaban la sala.

Antes de que comenzara la audiencia se daba casi por hecho que ésta tendría que extenderse otra jornada en atención a los 21 tomos que tiene la llamada arista Democracia Viva, luego de la separación de las investigaciones que concretó Aguilar. Y aquello se cumplió, los mismos defensores advirtieron en reiteradas oportunidades durante el procedimiento que la carpeta, que se mantuvo en reserva desde septiembre, había sido liberada un día antes de la formalización y que por ello era imposible revisar en ese tiempo las más de diez mil páginas.

A las 18 horas, una vez que el fiscal concluyó la formalización por tres delitos de fraude al fisco y solicitó la prisión preventiva para ambos al considerarlos un peligro para la seguridad de la sociedad y argumentar en detalle su petición, la audiencia terminó para reanudarse hoy a las 12 horas. Los imputados quedaron en custodia de Gendarmería.

“La formalización que hace el Ministerio Público es por tres delitos de fraude al fisco respecto de cada uno de los imputados, lo que se conoce como reiteración de delitos, evidentemente como presumibles autores. Para mañana (hoy) lo que queda pendiente son las alegaciones de las defensas en orden a la solicitud de medidas cautelares, así como también la resolución de dicha petición y la discusión del plazo de investigación que se abrió a contar de hoy”, precisó Juan Castro Bekios.

El fiscal regional sostuvo que la imputación y los antecedentes para fundamentar las cautelares están relacionadas con el concierto entre dos personas, Contreras y Andrade. En ese sentido expusieron los antecedentes de la vinculación con otras personas dentro de un mismo contexto, pero lo relacionado con los delitos formalizados y lo que por ahora el Ministerio Público tiene la obligación de acreditar para fundamentar la medida cautelar solicitada, está relacionada exclusivamente con la participación de ambos en ese acuerdo de voluntades con el objeto de defraudar al fisco.

En su relato, Aguilar mencionó en varias oportunidades a la concejala Paz Fuica, militante de Revolución Democrática, mismo partido al que pertenecían Contreras y Andrade antes de ser expulsados. Castro Bekios dijo que el secreto de la investigación continúa para terceros ajenos a la causa, de manera tal, que de las diligencias que vienen, respecto de Paz Fuica u otros, son parte de los antecedentes reservados y, por lo tanto, no puede referirse ni tampoco afirmar o descartar la declaración de una u otra persona en el contexto de esta investigación.

Cristian Aguilar también también habló sobre la posibilidad de que algunas pesquisas incluso involucren al Presidente, sobre todo por la arista que abrió por la obligación de los funcionarios públicos de denunciar cuando estén en conocimiento de un delito. “Como ustedes saben, la fiscalía hace unos días comunicó la separación de investigaciones con distintas aristas. La que usted señala (obligación de denunciar) es una de ellas, respecto de la cual la fiscalía se encuentra realizando diligencias. No puedo revelar el contenido porque ya se ha anticipado que la investigación se mantiene en carácter de secreta. La fiscalía no descarta ninguna diligencia de investigación con independencia de la investidura, carácter o calidad de las personas que resulten investigadas. Por lo tanto, nos encontramos haciendo las gestiones para esclarecer los delitos que corresponden a cada una de las aristas que separó la fiscalía”, concluyó Aguilar.

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