Fue entre el 4 y 7 de enero que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se desplegó rumbo a Antofagasta con un equipo de ocho funcionarios, encabezado por la directora Consuelo Contreras, a fin de constatar la situación en la zona producto de las constantes quemas en el exvertedero La Chimba.
Por lo mismo, el INDH elaboró un informe con recomendaciones para los organismos competentes, en función a los problemas vigentes detectados en el exbasural y a las vulneraciones a los derechos humanos provocadas por las quemas. En este sentido, por ejemplo, sugirió al municipio aplicar el plan de remediación y el cierre perimetral, en un plazo de un año.
«Los principales problemas del exvertedero se resumen en 1) vertimiento ilegal de basura, pese a encontrarse cerrado desde 2019, 2) quemas de basura que emiten gases tóxicos a la atmósfera, 3) presencia de vectores (principalmente ratas y moscas), sumando además 4) vertimiento ilegal de basura también en los terrenos aledaños al exvertedero, 5) personas habitando dentro del exvertedero, y 6) personas que trabajan informalmente recuperando chatarra como, por ejemplo, cables de cobre para la venta», reza el documento.
El informe expone que existen vulneraciones al derecho a la salud, debido a la «afectación a la salud física por la exposición constante a la emanación de gases tóxicos que provocan las quemas de basura, y a la presencia de vectores (…) Afectación a la salud mental, por la cercanía de sus viviendas con el exvertedero municipal (…) Ausencia de monitoreo constante de la salud de las personas y desconocimiento sobre los resultados de sus exámenes médicos (…) Falta de un sistema de medición y monitoreo de gases que emanan de las quemas del exvertedero».
Según el INDH, también existe vulneración al derecho a la vivienda adecuada, por la construcción de viviendas en terrenos aledaños; al acceso a un medio ambiente limpio, sano y sostenible; a la educación, debido a las suspensiones de clases por las quemas, y a la participación, por la ausencia de instancias de participación o diálogo con las personas afectadas.
Recomendaciones
En lo inmediato, el organismo recomendó a la Municipalidad de Antofagasta reforzar la fiscalización, realizar las denuncias al Ministerio Público, habilitar el corral municipal para el envío de camiones transportadores de escombros que hayan sido retirados de circulación y realizar periódicamente operativos de limpieza.
En la misma línea, insistió al municipio ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el proyecto de remediación y recuperación del exvertedero, además de ejecutar el cierre perimetral y presentar proyecto de un centro de tratamiento y disposición de residuos de la construcción y demolición. Esto, en un plazo de un año.
Al Ministerio de Bienes Nacionales (BBNN), sugirió reforzar fiscalizaciones, realizar limpiezas periódicas de los terrenos de su propiedad ubicados en el sector de La Chimba y presentar acciones legales por los bienes fiscales ocupados ilegalmente.
A su vez, a la Delegación Presidencial Regional (DPR) de Antofagasta recomendó coordinarse con BBNN para ejercer acciones legales sobre los bienes ocupados ilegalmente.
Al Gobierno Regional realizar periódicamente labores de limpieza en conjunto con la autoridad sanitaria y municipal, y prospectar el financiamiento anual para las obras de remediación del exvertedero.
Por otra parte, indicó que el Ministerio de Salud debería realizar estudios de salud pública a las personas que habitan en viviendas aledañas al exbasural. Esto, sumado a la ejecución de fiscalizaciones y procesos informativos para dar a conocer a la comunidad los riesgos reales a la salud.
Igualmente, entregó sugerencias al Ministerio de Vivienda y Urbanismo acerca de las obras en la macro urbanización en calle Héroes de la Concepción, a Carabineros para reforzar la fiscalización junto al municipio, a Senapred para informar a la comunidad el ciclo del riesgo de desastres, al Gobierno Regional para financiar las obras de remediación, a la Superintendencia de Medio Ambiente para cautelar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y al Ministerio de Medio Ambiente, a fin de instalar una estación de monitoreo de medición de SO2 y CO.
