Inmediatamente después que la Corte de Apelaciones de Antofagasta dejara a Daniel Andrade y Carlos Contreras con arresto domiciliario total y arraigo nacional, la defensa de la concejala de Antofagasta, Paz Fuica (suspendida de RD), recurrió ante el Juzgado de Garantía para que revisara la medida cautelar que cumple desde el 12 de enero. 

Para la defensa, la prisión preventiva de la edil imputada por tres delitos de fraude al fisco en la causa Democracia Viva era “desproporcionada”, en atención a lo resuelto por la Corte respecto a Contreras y Andrade, como adelantó el abogado Jorge Mayne a TL. 

Nota relacionada l “Desproporcionada y no necesaria”: Abogado de Paz Fuica cuestiona prisión preventiva de la concejala de Antofagasta

Luego de la audiencia que comenzó pasadas las 11:20 horas, en la que el defensor solicitaba arresto domiciliario nocturno, la Corte resolvió dejar a la edil con las cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional, “dada la gravedad de los hechos”. 

El magistrado Juan Pablo Torres señaló que la prisión preventiva no puede ser una “pena de carácter anticipado”, y debido a que es una investigación de largo aliento y que los principales involucrados están fuera de prisión, coincidió en que es una medida “desproporcionada”. 

“Entendemos que la prisión preventiva no puede erigirse como una pena de carácter anticipado, sino que tiene una finalidad diversa (…) Acá es relevante que las circunstancias deben guardar coherencia o proporcionalidad en cuanto a la medida cautelar, de modo que no puede ser superior respecto a los coimputados, que al menos podemos apreciar un grado de participación de mayor relevancia (…) No obstante entender que existen antecedentes suficientes y razonables sobre su participación en el hecho, se entiende que la medida cautelar de prisión preventiva en esta etapa, parece desproporcionada”, sostuvo.  

Nuevos antecedentes

Con Fuica conectada telemáticamente desde la cárcel de mujeres de Antofagasta, el defensor expuso nuevas conversaciones de WhatsApp entre la concejala y varios funcionarios de la Seremi de Vivienda, a su juicio omitidas “sesgadamente” por el Ministerio Público, a objeto de demostrar que “consultaba y transparentaba todo”. 

Asimismo, y tal como declaró la edil el pasado miércoles ante el Ministerio Público, Mayne señaló que uno de los convenios (sobre diagnósticos de campamentos) entre Democracia Viva y la Seremi Minvu se lo pudo adjudicar la Fundación Fibra o Creo Antofagasta, pero ambas organizaciones rechazaron la oferta por diferentes motivos. De allí que los traspasos a la fundación de Andrade fueran fraccionados, explicó el abogado, añadiendo que la idea fue de Contreras y que habría sido consultada a autoridades centrales. 

El defensor reiteró que la concejala no fue jefa de gabinete de Contreras, sino que trabajaba netamente en lo relacionado a campamentos, dada su experiencia previa en organizaciones como Techo Chile. Por lo mismo, negó que su representada eligiera las fundaciones que se adjudicaban los convenios con la Seremi o participara de la toma de decisiones, ejemplificando que no fue invitada a este tipo de reuniones, incluso en aquellas con Democracia Viva.  

De acuerdo a Mayne, Fuica no cuestionó que su sueldo fuese pagado por la Fundación Superación para la Pobreza, dado que este método se utilizaba tanto en el Serviu como en la Seremi Minvu. 

Luego fue el turno del Ministerio Público, a través del fiscal Cristian Aguilar, así como de los querellantes, quienes solicitaban mantener la prisión preventiva para Fuica. El persecutor descartó que hubiese entrega voluntaria del celular, como señaló el defensor, ya que contaba con órdenes de entrada, registro e incautación. Y apuntó a las conversaciones, específicamente a la que Andrade le señala que tiene un proyecto que “involucra lucas”, lo que da cuenta a título de Aguilar que “no se trataba de personas distantes ni lejanas, sino que había una relación de cercanía ya que existía una oferta de trabajo”. 

“Dentro de las conversaciones está la con Carlos Contreras, en la que se desprende el vínculo que mantenían de cercanía entre ambos (…) Cosa que conversan en un almuerzo, y se ponen de acuerdo, de qué forma llega a trabajar al Minvu, y en ese contexto aluden -en buenas cuentas- que fundación le paga los honorarios”, relató el fiscal. 

Igualmente, el abogado de la UDI, Pablo Toloza, mencionó que la declaración daba cuenta de que nunca trabajó para Fundación Superación para la Pobreza, algo que el defensor reconoció y tildó de “irregularidad”.  

- Publicidad -