La cárcel de Calama, que está ubicada en pleno centro de la capital de El Loa, presenta un hacinamiento del 213%, precisó el jefe nacional de la Defensoría Penal Pública (DPP), Carlos Mora. Con estas cifras es difícil aplicar políticas de reinserción, advirtió el abogado quien dijo que, en caso de no concretar ese trabajo, “no sacamos nada con llenarnos de cárceles, porque tarde o temprano (los internos) saldrán en libertad y si no tienen un oficio, si el Estado no les entrega herramientas, sabemos cuál es la consecuencia”.

El defensor nacional estuvo ayer en Antofagasta cumpliendo con las visitas periódicas para interiorizarse de cómo funciona cada región y sostener reuniones con los funcionarios de la DPP y otras instituciones, como la Corte de Apelaciones, la Seremi de Justicia o el Centro Penitenciario Femenino. “Con toda esta información y nuestro sistema estadístico se toman decisiones a nivel central para ayudar a la gestión de las regiones que más lo necesitan”, explicó.

El abogado magíster en Derecho penal, Aspectos Sustantivos y Procedimentales, manifestó que la situación de hacinamiento en las cárceles es una generalidad en el país que debería ser una preocupación para los gobiernos de turno y los legisladores. “Como institución no decimos que no haya que perseguir a las personas que cometen delitos. Simplemente señalamos que hay que tener siempre en perspectiva cómo apoyar a estas personas para que no vuelvan a reincidir”, subrayó.

En otros temas, Carlos Mora explicó que como institución han observado una nueva criminalidad, contexto en el que llama la atención la cifra de casos de homicidios y secuestros extorsivos. Al mismo tiempo, aclaró que el sumario que encargó en la DPP de Antofagasta, por la existencia de una corporación social que figuraba con la dirección de estas oficina para trabajar proyectos con internos de las cárceles, incluyó cinco meses de investigación que determinaron la ausencia de elementos para cursar alguna sanción administrativa, decretando el sobreseimiento definitivo.

• ¿Tras la pandemia lograron recuperar cierta normalidad en el sistema, sobre todo en los casos de juicios orales que en algún momento estuvieron muy retrasados?

Hubo un atochamiento que se ha superado lentamente. Algunas regiones como Antofagasta están más adelantadas que otras y eso lo conversamos con los ministros de la Corte de Apelaciones. Esto lo superamos con la gestión de las tres instituciones, como el plan de rezago, al cual se asignaron 31 fiscales, 31 defensores y 31 jueces a nivel nacional para hacerse cargo de las causas rezagadas. Es un problema que estamos mejorando, aunque en esta región no es tan acentuado dada las gestiones realizadas por la Defensoría que, con la fiscalía y la Corte de Apelaciones, han logrado estar en una excelente situación comparado con otras zonas, sobre todo con la Región Metropolitana donde ha sido complejo.

• ¿Hubo algún momento crítico?

Efectivamente, sobre todo con el traslado de imputados desde los centros penitenciarios a tribunales. También hubo momentos críticos cuando funcionábamos con el teletrabajo, desde situaciones en las que no había conexión, temas técnicos como presentar una prueba hasta la factibilidad o no de realizar los juicios. También tuvimos diferencias de opinión, la DPP siempre fue contraria al trabajo telemático posterior a la pandemia, mientras que otras instituciones como el Poder Judicial y la fiscalía estaban de acuerdo en seguir de manera remota. Todo esto tensionó un poco el sistema, pero actualmente estamos de a poco volviendo a la normalidad.

• Desde la Defensoría cómo ven la situación de las cárceles en el país. En Antofagasta hay un penal concesionado que ofrece buenas garantías para los internos, sin embargo, en Calama la cárcel tiene una antigüedad de unos 50 años, está en el centro de la ciudad y el hacinamiento es un problema sin solución debido a las características del recinto. Como dato, se estima que la nueva cárcel de Calama estaría dentro de unos diez años.

La cárcel de Calama está diseñada para 296 personas y tenemos 630, es un 213% hacinamiento. Con esos números es bastante compleja la reinserción y esto que pasa Calama es la generalidad, en el país. Lo positivo es que ya se reconoce que hay un problema y tenemos que ver la forma de resolverlo. Lo que nos preocupa como DPP y lo hemos dicho una y otra vez, es el tema de la reinserción. Si no logramos reinsertar a estas personas, no sacamos nada con llenarnos de cárceles, porque tarde o temprano saldrán en libertad y si no tienen un oficio, si el Estado no les entrega herramientas, sabemos cuál es la consecuencia. Esta preocupación que tenemos debería ser una preocupación de Estado y no solamente de los gobiernos de turno, también en temas legislativos. Vemos un populismo penal fuertemente creciendo, ha habido muchas modificaciones a nuestro sistema de enjuiciamiento penal y vienen otras que traerán como consecuencia, sin duda alguna, una mayor cantidad de judicialización y una mayor cantidad de personas privadas de libertad.

Como institución no decimos que no haya que perseguir a las personas que cometen delitos, eso no es así. Simplemente señalamos que hay que tener siempre en perspectiva cómo apoyar a estas personas para que no vuelvan a reincidir. Nos preparamos para defender de la mejor forma posible a las personas, esa es nuestra nuestras misión y objetivo, pero sí podemos tener una opinión con respecto a que creemos que hay una deuda del Estado con la reinserción.

• ¿En qué momentos reconoce ese populismo legislativo?

(Cuando se afirma) que el sistema procesal penal es un fracaso y que hay que volver al sistema antiguo, algo que escuchamos hace poco tiempo de un parlamentario. O que hay que meter a todo el mundo preso y debemos tener cuidado con estos conceptos, porque las palabras crean realidades. Si pensamos que el sistema procesal penal no funciona, eso es falso, funciona, pero debemos cuidarlo, ser custodios y no abusar de él.

Las modificaciones legales, penales y procesales siempre han ido en desmedro de las personas imputadas o privadas de libertad. Ahí tenemos la modificación al estatuto de prisión preventiva, lo señalamos 2008, cuidado con esto porque puede traer consecuencias y estas, efectivamente, han sido un aumento de las personas privadas de libertad. El 2011 fue el año que tuvimos mayor ingresos de DPP, 370 mil ingresos, con 19 mil o 20 mil privados de libertad. En el 2023 tuvimos 280 mil ingresos, cien mil menos que el 2011, pero con 25 mil privados de libertad. La DPP ha bajado en sus ingresos, eso es efectivo, pero las prisiones preventivas han aumentado.

También que hay que reconocer que los tipos de delitos han ido cambiando, sin duda alguna, pero llama la atención que con menos ingresos tengamos tantos privados de libertad. Creo que ha habido un abuso de la prisión preventiva y eso no lo creemos solamente institución, sino que basta con abrir los diarios y encontraremos que otras instituciones señalan un abuso de la prisión preventiva como si éste fuese el remedio contra la criminalidad. No lo digo yo, sino algunos estudios de fundaciones importantes que señalan que la prisión preventiva no siempre es el camino para combatir la delincuencia. Tampoco como institución estamos diciendo que nadie esté en prisión preventiva, solo indicamos que es una medida que debe utilizarse de manera excepcionalísima y no puede ser generalizada.

• ¿Considera que las cárceles concesionadas son un modelo para seguir para levantar otros recintos en el país?

Es un hecho de la causa que los Centros de Estudio y Trabajo han dado excelentes resultados. Y no se replican más a nivel nacional porque a veces no están los recursos para aquello. Ahora, para que postule un interno al CET es muy complejo, los requisitos son difíciles. pero si tenemos un modelo de cárcel en el que existen posibilidades de trabajo, de capacitación o educación, eso es reinserción.

• ¿Coincide en las declaraciones que señalan que el país tiene una nueva criminalidad?

Estamos en un contexto complejo. Efectivamente, como Defensoría hemos visto que existe una criminalidad que no habíamos visto como institución. Llama la atención la cantidad de homicidios, sin duda, y también los delitos de secuestro extorsivos que tampoco conocíamos. Como institución señalamos que tenemos que estar preparados para todo esto, saber enfrentar aquello y estar a la altura. Cuando digo esto, me refiero a capacitarnos para realizar la mejor defensa posible dentro de nuestra posibilidades y del marco penal vigente. Alguna persona podría indicar que defendemos a todas las personas igualmente, aunque sean criminales, y sí, lo hacemos porque la ley así lo mandata y quienes ingresan a la DPP saben que es lo que realizamos. Se tiene razón cuando se señala que tenemos un contexto complejo actualmente, sobre todo en el norte del país y también la Región Metropolitana, pero intentaremos como institución estar a la altura del momentos que estamos viviendo.

• ¿Es necesaria una nueva reforma procesal penal? Hay una nueva criminalidad y delitos que con el paso del tiempo quedaron desproporcionados, algunos con penas muy altas y otros con sanciones bajas.

El Código Penal es del año 1874, tiene 150 años y sin duda tiene que modificar ciertos delitos. Hay ilícitos están con penalidades muy altas y otros que necesitan cambios. Sí debemos considerar que hay avances, como la ley de delitos económicos y distintos cambios penales, pero también creo que ha habido retrocesos, sobre todo en nuestro sistema procesal penal.

• ¿En qué sentido?

El código procesal penal ha tenido bastantes modificaciones. El sentido del código en general, que decía relación con una justicia rápida que resguardara el derecho de todas las personas y daba facultades al juez para resolver ciertas materias con amplitud de facultades, creo que se ha restringido. Un ejemplo claro es la prisión preventiva en la que actualmente el marco del juez para otorgarla está bastante determinado con causales concretas. Esto da posibilidades de que una persona ingrese a un recinto penitenciario mucho más alta que antes, lo que en definitiva trae como consecuencia los hacinamientos que tenemos en la prisión preventiva y también que en algunas localidades presentemos una mayor cantidad de presos imputados que condenados. Esto llama bastante la atención, porque el objetivo de la reforma procesal penal fue justamente modificar aquello que pasaba en los años 90 con el sistema inquisitivo, cuando había más personas procesadas privadas de libertad que condenados. Mañana podríamos tener un porcentaje muy alto de personas privadas de libertad no condenadas versus los condenados privados de libertad. Ha habido modificaciones complejas para el actuar del sistema acusatorio y creo que vendrán modificaciones más complejas y en ese sentido, las consecuencias pueden ser devastadoras para nuestro sistema procesal penal.

• Se desarrolló un sumario en la DPP de Antofagasta. ¿Hay resultados de esa investigación?

Frente a una denuncia interpuesta instruí un sumario, se designó un fiscal sumariante, quien investigó durante cinco meses y lo que concluyó fue que no había infracciones que dieran la posibilidad de una sanción administrativa. Ese sumario fue realizado por un defensor regional, un cargo alto y fue un proceso bastante agudo, con una cantidad no menor de diligencias para pesquisar todas las aristas sumariales. Realizado todo esto, el fiscal sumariante me propuso el sobreseimiento y accedí a aquello.

• Aunque no es un hecho ocurrido acá se relaciona porque fue defensora regional de Antofagasta. ¿Qué gatilló la destitución de Loreto Flores como Defensora Regional Metropolitana?

Está en sumario, todavía no está resuelto, hay recursos pendientes.

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